Hay dos tipos de docentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en estos momentos el centro académico más controvertido del sistema educativo español: la minoría que denuncia la corrupción universitaria, que puede contarse con los dedos de las dos manos; y los que remiten cualquier pregunta al Vicerrector de Comunicación, Carles Marín, en aras de la disciplina y de lavar los trapos sucios en casa. Estos últimos son legión. No por nada, una de las expedientadas es la supuesta fuente que destapó que Cristina Cifuentes obtuvo un máster oficial sin presentar el Trabajo de Fin de Máster (TFM) y sin defenderlo ante un tribunal, como adelantó El Independiente.

Un silencio deliberado que recorre todos los estamentos del equipo de Gobierno del rector Javier Ramos, y que llega a categorías como la Defensora Universitaria de la URJC. La Defensora Universitaria, Elena Battaner Moro (profesora de Filología Hispánica) tiene el cometido defender y garantizar los derechos y libertades de los miembros de toda la Comunidad Universitaria», un término amplio que abarca a «estudiantes, personal de administración y servicios y Personal Docente e Investigador». La Oficina de la Defensora «podrá supervisar la actividad de los órganos, colegiados y unipersonales, de la Universidad».

La Defensora, Elena Battaner, se escuda en la confidencialidad para no informar

Esta oficina, nombrada a dedo por el rector, no ha adoptado ninguna decisión a pesar del escándalo. Este medio ha preguntado durante dos días al gabinete de prensa de la universidad y a la propia defensora si el escándalo del máster oficial impartido por el Instituto de Derecho Público no ha suscitado ninguna actuación desde el órgano universitario que teóricamente vela por los derechos de alumnos y profesores. Especialmente por el trato discriminatorio que implica el caso, puesto que el instituto benefició a dirigentes del PP y falsificó actas, según han venido publicando eldiario.es y El Confidencial.

«Las actuaciones que se llevan a cabo en la Oficina son confidenciales, tal y como establece nuestro Reglamento», responden en la oficina, desde donde se asegura que no se puede aportar «ninguna información a este respecto». Pero el reglamento se refiere en todo momento al contenido de dichas actuaciones y no a si la Defensora Elena Battaner ha tomado cartas en el asunto.

Tampoco sorprende: a Battaner la nombra directamente el rector»

El Artículo 14 del reglamento  dice que cualquier «reclamación o  queja» vía «testimonio personal» tendrá «un carácter estrictamente confidencial»; y el Artículo 21 por su parte afirma que en la Memoria Anual que esta oficina presenta al final de cada ejercicio «no constará ningún tipo de dato personal o confidencial que permita la identificación de los interesados». Ninguno de los dos puntos responde a la pregunta formulada: esto es, si existe algún tipo de reacción desde la oficina de Battaner.

«Es impresionante», responde un docente crítico con la actual situación. «Nadie contesta a nada ni da la cara ni asume responsabilidades. Claro que, si tenemos en cuenta que al Defensor lo nombra directamente el rector Javier Ramos, tampoco sorprende», añade el profesor. La URJC cerró su propia investigación, que duró dos semanas, y ha remitido el asunto a la Fiscalía. Los únicos expedientes abiertos, además del de la ex gerente a la que acusan de filtrar datos, han ido contra la funcionaria que supuestamente manipuló las actas para transformar el No Presentado de Cifuentes en un aprobado (Amalia Calonge) y contra el director del polémico instituto, Enrique Álvarez Conde.

La Oficina defiende los derechos «de los miembros de toda la Comunidad Universitaria»

Por lo demás, reina la omertá en un sistema muy endogámico. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado ya al máster y podría dimitir: si no lo hace sufrirá una moción de censura de parte de toda la oposición. Mientras todo esto sucede, la URJC sigue lavando la ropa sucia dentro de la casa.