Cristina Cifuentes no tiene intención de renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid, lo que le permitirá mantener el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en caso de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica viera indicios de su responsabilidad en la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Un portavoz del Parlamento autonómico ha confirmado que Cifuentes ha registrado en torno a las 16.10 horas el escrito con el que formaliza su renuncia como presidenta de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupa desde que en junio de 2015 relevó a Ignacio González. La dirigente del PP deja clara su voluntad de mantener el acta de diputado, al anunciar que se acoge al régimen de dedicación exclusiva.

Su continuidad como parlamentaria le permitirá mantener la prerrogativa del aforamiento después de que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional haya descartado archivar por ahora la investigación por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió hace un año su imputación por la presunta comisión de delitos de prevaricación y cohecho.

La ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid pide a la Asamblea de Madrid acogerse el régimen de dedicación exclusiva

La amenaza de que el caso Púnica acabe salpicando a Cristina Cifuentes se centra en su papel en la concesión del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, ya que formó parte de la mesa de contratación y del comité de expertos que valoró las ofertas en la licitación. A pesar de esa vinculación, Cifuentes siempre se ha mostrado segura en que no acabará imputada en el caso. «No tengo ningún temor porque yo sé que aquello se hizo conforme a la legalidad en todo momento», ha asegurado en más de una ocasión.

No obstante, la investigación permanece activa. El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García-Castellón, ha desestimado este mismo mes la solicitud de sobreseimiento formulada por la ex jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder, investigada en la causa. En un auto con fecha del 8 de abril , García-Castellón le responde que no existe evidencia de su falta de responsabilidad en la adjudicación de los servicios de la cafetería al grupo Cantoblanco del empresario y ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Incompatibilidad

Además le reprocha que no apreciara, bien por ignorancia o bien con cierta intencionalidad, la incompatibilidad de Cifuentes en calidad de miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos para la adjudicación. El magistrado refleja la «incompatibilidad» de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 ya que formó parte de la mesa de contratación y del comité de expertos que valoró las ofertas en la licitación.

El juez califica de “precipitada y prematura” la petición del archivo de esta parte de la trama Púnica y considera que debe esperarse a que termine la instrucción (que se encuentra a mitad del proceso) para adoptar una “resolución concluyente” sobre estos hechos “de gran complejidad y calado”.

En el caso de que el magistrado apreciara indicios de delito por parte de Cifuentes durante la investigación de la trama Púnica, el juez tendría que redactar una exposición razonada con esos indicios y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que fuera ese alto tribunal autonómico quien la investigara y eventualmente la enjuiciara.