El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar la trama Púnica, ha citado a declarar como investigada el próximo 18 de octubre a la ex jefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorde en relación a las supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería, cocinas y comedoras de la Asamblea de Madrid a Grupo Cantoblanco entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación.

El juez ha citado a Sonsoles por su presunta participación en esta adjudicación a la sociedad del ex presidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández, también investigado, después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo en el que destacaba que la comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.

Según la UCO, este Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas “arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina” en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces presidente de los empresarios madrileños a Fundescam –fundación del PP de Madrid–, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.

Declaraciones contradictorias

La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración en las dependencias de la Guardia Civil a Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino –que formaba parte del comité de expertos–, y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los investigadores estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de “significativas y evidentes contradicciones” que permiten concluir la existencia de “una pluralidad de acciones” por parte del Comité de Expertos.

La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.

De esta circunstancia concluye la UCO, “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores”.