La Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, está desarrollando una operación para intervenir numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de cincuenta personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA.

Según ha informado el Ministerio del Interior, se trata de condenados tanto por atentados terroristas como por acciones de kale borroka, que tienen pendientes deudas contraídas con el Estado por el pago de responsabilidades civiles, y que ascenderían a más de ocho millones de euros.

En el marco de esta operación, denominada Zerga (impuesto en euskera), han sido embargadas más de 45 cuentas bancarias y se han identificado catorce propiedades inmobiliarias pertenecientes a los condenados.