La publicación del decreto de nombramiento del nuevo gobierno catalán en el DOGC de este viernes y la toma de posesión de los nuevos consejeros de la Generalitat este sábado implica el inmediato levantamiento del artículo 155, según el acuerdo del Senado del 26 de octubre. La medida coincide con nuevo Gobierno en La Moncloa, un escenario que nadie en Cataluña se habría atrevido a soñar hace apenas una semana.

Con el levantamiento del 155, Quim Torra y el independentismo recuperan las riendas de la administración catalana: 30.000 millones de euros de presupuesto anual y un colectivo de 200.000 trabajadores públicos. Con una salvedad: las medidas de intervención de las cuentas de la Generalitat derivadas del FLA y los mecanismos de crédito orquestados por el Ministerio de Hacienda para rescatar las cuentas catalanas.

Unas medidas que PP y PSOE acordaron mantener en la última reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, previa a la moción de censura, después de que Quim Torra tomara posesión. Aunque ese acuerdo podría verse sometido a revisión ahora, atendiendo a los nuevos socios parlamentarios del PSOE. La Generalitat ha solicitado, 155 mediante, 9.444 millones del FLA para este año, de los que ya recibió 3.477 en el primer trimestre. 

Una de las primeras decisiones de Torra será si intenta pactar unos nuevos presupuestos para 2018. En este sentido, Pere Aragonés, nuevo conseller de Economía, no se llevará sorpresas sobre la herencia, puesto que ha sido el gestor del 155 con el secretario de Economía. Según el plan de ajustes presentado por los técnicos de Economía al Gobierno, el gasto efectivo podría crecer para 2018 en un 4,6% hasta los 25.866 millones de euros gracias a los ajustes aplicados durante los primeros seis meses del año.

La aplicación del 155 supuso el cese de más de 200 altos cargos entre consejeros, cargos de confianza y responsables de organismos destinados al proceso independentista

El primer efecto, el más inmediato, fueron los más de 200 ceses que comportó la aplicación del 155 y que ahora se tienen que revertir. Se trataba básicamente de todos los consejeros del Govern y su personal de confianza -jefes de gabinete, directores de comunicación y similares- a los que se sumaron los responsables de las entidades de promoción del proceso independentista creadas por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.

No perdieron su cargo, sin embargo, personas claves en el puente de mando del procés que en calidad de altos cargos no se vieron afectados por el 155. Los casos más destacados son los de Pere Aragonés y Elsa Artadi, que sólo renunció como secretaria general del Govern para hacerse con el acta de diputada tras las elecciones del 21D. Al mismo grupo pertenece el nuevo conseller Jordi Puigneró o el secretario de Comunicación, Jaume Clotet.

Sí saltó, por contra, el Major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sustituido por su número dos en la cúpula de la policía autonómica, Ferran López. Imputado por su participación en la organización del 1-O, Trapero fue apartado de sus funciones pero no del cuerpo, como recoge el reglamento de los Mossos para cualquier policía inmerso en una investigación judicial. Restituirlo puede ser una de las tentaciones del nuevo conseller de Interior, Miquel Buch, aunque la situación procesal de Trapero, imputado por la Audiencia Nacional por sedición, lo desaconsejaría.

Los últimos nombres que se añadieron a esta lista fueron los del director de la Escuela de Administración Pública, Agustí Colominas, uno de los miembros del núcleo duro de Puigdemont cesado por unas declaraciones hace apenas un mes. Y la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Marina Rosell, cesada tras la intervención del ex conseller fugado Lluís Puig en un acto organizado por la Delegación de la Generalitat en Bruselas. Ambos parecen tener garantizado el retorno a la Generalitat con el levantamiento del 155.

Desmantelamiento de la red de Exteriores

Entre las entidades dependientes de la Generalitat suprimidas en aplicación del 155 destaca la red de Exteriores creada por Raül Romeva, las "embajadas" que fueron el primer blanco del Gobierno. El Ejecutivo cerró las delegaciones exteriores de la Generalitat en Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Italia, Portugal, Alemania y Dinamarca. Sólo dejó en funcionamiento la de Bruselas, pero cesó a su "delegado" ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj, así como al delegado en Madrid, Ferran Mascarell. Una red que Torra ha dejado claro que piensa recuperar.

Junto a las Oficinas de la Generalitat, el 155 puso fin a otros organismos dedicados al proceso independentista entre los que destacan el Consejo Asesor para la Transición Nacional que presidía Carles Vivir i Pi Sunyer desde los tiempos de Artur Mas, o la Oficina para la Mejora del Autogobierno. Según el Gobierno de Rajoy, la supresión de todos estos organismos supone un ahorro anual de 13 millones de euros en sueldos y costes de administración para la Generalitat.