Política

El Tribunal de Cuentas embarga las casas de dos ex altos cargos enjuiciados por los ERE

El órgano fiscalizador bloquea de forma preventiva bienes de Javier Guerrero y Juan Márquez, gestores del 'fondo de reptiles' entre los años 1999 y 2010, al no haber afianzado en plazo casi tres millones de euros por su responsabilidad contable

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El Tribunal de Cuentas embarga las casas de dos ex altos cargos enjuiciados por los ERE
Javier Guerrero, dirigiéndose a la Audiencia de Sevilla a una de las sesiones del juicio del 'caso ERE'.

Javier Guerrero, dirigiéndose a la Audiencia de Sevilla a una de las sesiones del juicio del 'caso ERE'. EP

Resumen:

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de las viviendas de dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados en el caso ERE al no haber reintegrado los casi tres millones de euros a las que ascendían las liquidaciones provisionales por su posible responsabilidad contable en el plazo que les habían concedido.

Se trata de Javier Guerrero y Juan Márquez, que estuvieron al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo- entre 1999 y 2010. Son dos de los 22 procesados por la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del procedimiento específico por el que la Administración otorgó ayudas a prejubilados y empresas en crisis por importe de 855 millones de euros en una década (2000-2010).

En sendas providencias fechadas el 28 de mayo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y contra las que cabe recursos en el plazo de cinco días, el instructor decreta el embargo de la vivienda de la que Guerrero es propietario al 100 % en la localidad sevillana de El Pedroso, de la que fue alcalde por el PSOE. El imputado clave del caso tiene que responder en este procedimiento por 830.233,63 euros, de los que 127.951,84 corresponden a intereses.

El máximo órgano de fiscalización de las administraciones públicas también ha acordado el embargo de una parte del sueldo de este antiguo alto cargo de la Consejería de Empleo, que gestionaba la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles y que incluyó como intrusa a su suegra en uno de los ERE incentivados por la Administración autonómica.

El máximo órgano fiscalizador le ha embargado también parte del sueldo a Guerrero y Márquez, antiguos gestores del ‘fondo de reptiles’

En el caso de Márquez, la responsabilidad contable que se le atribuye en este procedimiento importa 2.118.522,03 euros (1.853.729,60 euros de principal y 264.792,43 de intereses). Al no haber afianzado esta cantidad, el Tribunal de Cuentas ordena que se trabe embargo sobre la vivienda que tiene en Huelva y de una parte del sueldo.

El órgano fiscalizador ha abierto diligencias para cada una de las ayudas que la Junta de Andalucía presuntamente al margen del procedimiento legalmente establecido para la concesión de subvenciones, por lo que la cantidad a la que tendrán que hacer frente estos dos altos cargos será mucho mayor.

Seis sentencias ya

El Tribunal de Cuentas ha estimado las demandas interpuestas por la Junta de Andalucía y ha dictado ya seis sentencias por las ayudas otorgadas en su momento a Calderinox, Nueva Lima, Saldauto, Valeo Iluminación, Consyproan y Astilleros de Sevilla, en las que ha condenado -entre otros- a los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Éste alto cargo lo colocó José Antonio Griñán tras sustituir a Manuel Chaves en el Gobierno andaluz en la primavera de 2009.

Los fallos reprochan a los ex altos cargos haber incumplido «de forma manifiesta» las normas que regulan este tipo de ayudas y prescindir de las «garantías que implican el respeto de un procedimiento legalmente previsto dando lugar a una salida dineraria indebida» sin ninguna justificación. «En esa gestión de fondos públicos no cabe sino apreciar culpa grave ya que omitió la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado. A ello hay que añadir que era plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos», razona la magistrada Margarita Mariscal de Gante en el fallo relativo a Calderinox.