Pedro Sánchez y Quim Torra parecen haber encontrado un primer punto de encuentro en la recuperación de las «leyes sociales» promovidas por la Generalitat y suspendidas por el Gobierno del PP vía recurso al Tribunal Constitucional. Un terreno de juego con evidentes puntos de encuentro, como la cobertura sanitaria universal, que de hecho impugnaba la Ley de sanidad del PP siguiendo una vía que recorrieron otras cuatro comunidades autónomas con gobiernos participados por socialistas.

Cogiendo el guante lanzado por Sánchez en el debate de la moción de censura, el Govern de Quim Torra ha fijado como primeras medidas de su andadura la recuperación de doce leyes impulsadas por los anteriores gobiernos catalanes y aprobadas por el Parlament que fueron recurridas por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional.

Se trata de los textos que están actualmente suspendidos a la espera del dictamen del alto tribunal, ante el que la Generalitat se personará ahora con alegaciones, una vez levantado el 155. En plena batalla en el seno de JxCat entre Carles Puigdemont y sus fieles, empeñados en mantener la confrontación, y el posibilismo de Marta Pascal, el Govern -participado también por Esquerra- ha optado también por el posibilismo mientras su portavoz, Elsa Artadi, se encarga de mantener el discurso reivindicativo de la república.

Sin embargo, en el paquete aprobado el jueves por el Govern no solo se cuentan leyes sociales, sino también parte de los textos ligados a la «construcción de estructuras de estado» en la que se embarcaron los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemon, además de conflictos competenciales que difícilmente podrá obviar el PSOE.

Ley de la Presidencia

El caso más evidente es el de la reforma de la Ley de la Presidencia y el Gobierno de la Generalitat, un texto aprobado el pasado mayo para legalizar la investidura telemática, en contra del criterio del Consejo de Garantías Estatutarias y de los letrados del Parlament. Una ley rápidamente recurrida por el Gobierno para evitar que pueda ser utilizada por Carles Puigdemont, que el gobierno de Torra intentará recuperar ahora.

También es sintomática la inclusión en el paquete de leyes reivindicadas por el Govern dos proyectos ligados a la creación de «estructuras de estado»: la Ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad y la de creación de la Agencia Catalana de Protección Social, que ayer volvió a destacar Artadi tras el encuentro entre Torra y Miquel Iceta. El socialista, por contra, se refirió a leyes de contenido social como la de pobreza energética o la de vivienda, que en su momento ya obtuvieron el respaldo del PSC en el Parlament.

La ley de ciberseguridad suponía la creación de una agencia de inteligencia digital a partir del actual Cesicat, un proyecto liderado por el actual conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, para sortear los ataques que bloquearon cientos de webs independentistas en el 9N. Pero que aspiraba a convertirse en agencia de inteligencia de la futura república independiente, según la propaganda independentista.

La Agencia Catalana de Protección Social nacía por su parte con estricta observancia a las actuales competencias autonómicas, pero fue presentada igualmente como la semilla de la futura Seguridad Social catalana. Y ese futurible fue el que recurrió el Gobierno ante el TC.

La batalla por las competencias

Más allá del proceso independentista, la invasión competencial ha sido el argumento de la gran mayoría de impugnaciones del Gobierno a leyes autonómicas -como también ha sucedido a la inversa-. En este apartado se circunscriben los textos de contenido social y de promoción económica que reivindica el Govern y en los que se quiere centrar el Gobierno.

Se trata de la Ley de protección del derecho a la vivienda, recurrida por la regulación de cláusulas abusivas, de la expropiación temporal de viviendas vacías y la obligación de realojo en determinados supuestos; Ley de comercio, por la regulación de horarios comerciales y periodos de rebajas; o la Ley de transporte de viajeros, que regula servicios de Uber y Cabify.

En este apartado está también la Ley del cambio climático, una de las más reivindicadas por el amplio apoyo parlamentario que tuvo, entre otros del PSC, recurrida por establecer la prohibición del fracking. Así como la regulación de los clubes cannábicos, que vulnera según el Gobierno las competencias estatales en regulación de estupefacientes.

La Generalitat intentará recuperar los cuatro impuestos que todavía no ha anulado definitivamente el Tribunal Constitucional

Gobierno y Generalitat pueden encontrar más puntos de encuentro en los impuestos ensayados por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont para aliviar las maltrechas arcas de la Generalitat. En concreto, se busca recuperar las disposiciones del presupuesto de 2017 de creación de tasas sobre grandes superficies comerciales, la tasa turística, el impuesto sobre bebidas azucaradas o el de emisiones de dióxido de carbono.

Ley de sanidad universal

El decreto de cobertura sanitaria universal para todos los residentes en Cataluña será sin duda el texto de más fácil acuerdo, puesto que los gobiernos de Valencia, Extremadura, Navarra y País Vasco -todos ellos con participación socialista- recorrieron el mismo camino que Cataluña.

En los últimos meses el Constitucional ha suspendido las cuatro leyes autonómicas de cobertura universal que pretendían enmendar las restricciones a los sin papeles por considerar que contravienen el Decreto del 2012 que limitaba las prestaciones sanitarias a los residentes legales en España.