El escaso número de afiliados que ha decidido inscribirse para poder votar el 5 de julio en las primarias populares, ha enrarecido el ambiente entre los contendientes a la presidencia del PP. La candidatura que se siente más afectada por un sistema que se aprobó en el anterior congreso popular, a principios de 2017, es la de Pablo Casado, que este viernes presentará ante la Comisión Organizadora del Congreso un recurso para que se alargue el periodo de inscripción para dar la opción a que se incorporen más militantes al proceso de voto.

El propio Casado explicó este martes en declaraciones en el Congreso que la inscripción "dificulta la participación", porque el mecanismo de inscribirse, pagar la cuota si no se está al día de los pagos y, posteriormente, ejercer el derecho al voto, hace que se se sumen a dicho proceso "las personas más cercanas al organigrama y las más vulnerables desde algunas candidaturas", que no especificó.

Los "casadistas" atribuyen a otras candidaturas la insistencia de que será imputado por el "mastergate"

Tras  lanzar un enigmático "nadie está por encima de las siglas", Casado defendió que la política es "dar la voz a los afiliados sin presiones, sin firmas y sin fotos". Un disgusto publicitado que su equipo amplificó al asegurar que desde otras listas están presionando a los medios de comunicación "para trasladar que es el candidato de Aznar, que no tiene experiencia de gestión o que le van a imputar por el caso del máster". No deja de ser curioso, porque si se refiere a las otras dos principales contendientes, esto es, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, ambas le propusieron en su día una una lista de integración.

Dicen ver los de Casado una mano negra tras una campaña febril en la que todos los aspirantes a la presidencia del PP se están recorriendo España, pero en la que al menos dos se sienten damnificados por el modelo de participación. Las hostilidades sobre el mismo las rompió por la mañana José Ramón García Hernández, responsable de Relaciones Internacionales del PP, que también se ha dirigido a la Comisión Organizadora, que se reúne este viernes, para pedir que todos los militantes al corriente de pago de su cuota, puedan acudir a votar a sus respectivas sedes el día 5 sin necesidad de inscripción previa.

Comienza a cundir la especie que la inscripción poco menos que selecciona a los votantes, aunque lo cierto es que, tal y como manifestó la portavoz de la candidatura de María Dolores de Cospedal, la ex ministra Dolors Montserrat, todos conocían las reglas del juego que se dieron en el anterior congreso "y a mitad de partido no se pueden cambiar las normas".

Defendió Montserrat que los más de 66.000 inscritos para participar en las primarias, aunque apenas supongan un 7 por ciento, es una cifra que "tiene toda la legitimidad" y contrastó las críticas de Casado y García Hernández con la afirmación de que se trata no sólo de un proceso nuevo sino de unos plazos muy cortos, por lo que "son muchísimos los que han pasado por nuestras sedes".

Lo cierto es que, desde el principio, Génova no esperó que la cantidad de afiliados inscritos fuera muy alta a la luz de las cifras que se han manejado en los congresos regionales. En algunos casos la participación ahora será más baja, como ocurre en Madrid, o, incluso más alta, que es el ejemplo de Castilla-La Mancha. Que el exiguo número de votantes pueda beneficiar a, por ejemplo, la ex secretaria general del PP, que es, a fin de cuentas, lo que subyace tras las críticas de Casado, quizá sera mucho decir.

Por ejemplo, a poco que Galicia se hubiera movilizado la cifra habría pasado de los 70.000 inscritos. Y es que esta Comunidad, conforme a su peso de afiliación, debiera haber estado cerca de los 9.000 o 10.000 votantes y no los 4.222 finales. Se da la paradoja de que la Comunidad de Alberto Núñez Feijóo tendrá luego un gran peso en la cita congresual, porque de los 3.200 compromisarios, 572 serán gallegos y la intención es votar en bloque a uno de los dos candidatos que lleguen "vivos" a la cita congresual si es que no hay un acuerdo antes del día 20 de julio.

Los datos de inscripción hay que ponerlos en cuarentena, son provisionales puesto que la Comisión Organizadora tiene que verificar la autenticidad de cada una de las inscripciones y constatar si son militantes al día del pago de sus cuotas.

En el equipo de Cospedal esperaban incluso unos niveles aún más bajos de participación y creen que tanto la protesta de Casado como la de García Hernández responden al temor de sacar peor resultados de los previstos. En cambio la tercera candiatura potente en liza, que es la que encabeza la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, prefirió mantenerse al margen de la polémica.