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Sánchez ofrece a Torra ‘estirar’ el Estatut y la Constitución para avanzar en autogobierno

"Reconocer la capacidad de decisión de otros poderes democráticos es una obligación constitucional", asegura Batet

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Sánchez ofrece a Torra ‘estirar’ el Estatut y la Constitución para avanzar en autogobierno
El Rey, Pedro Sánchez, Quim Torra y la ministra Batet, en la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

El Rey, Pedro Sánchez, Quim Torra y la ministra Batet, en la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona. EFE

Resumen:

“Es voluntad de este Gobierno extremar en su actuación diaria el respeto del ámbito autonómico de autogobierno. Creemos que reconocer la capacidad de decisión de otros poderes democráticos es una obligación constitucional”, aseguró Meritxell Batet en el Congreso.

La ministra de Política Territorial expuso las líneas estratégicas del Gobierno en su negociación con la Generalitat.

Incluye un desarrollo estatutario que ponga fin a “cinco años de discriminación” del Gobierno del PP a Cataluña para establecer un “nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que debe culminar en una reforma federal” y con el cambio del sistema de financiación de la comunidad.

El Gobierno aboga por “desarrollar el modelo constitucional vigente en toda su complejidad y con todas sus posibilidades”

Intentar reconducir las aspiraciones del independentismo dentro del marco constitucional. Ésa es la principal aspiración del Gobierno de Pedro Sánchez, que este lunes se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para intentar convencerle de que la única forma de avanzar en el autogobierno es dentro de la Constitución. Fuera sólo queda la aplicación del artículo 155, la prisión o la fuga, como le ocurrió a sus antecesores del anterior Govern. Dentro existen posibilidades de estirar la Carta Magna, reformarla, ampliar el estatuto de autonomía o incluso elaborar uno nuevo que permita otra de las aspiraciones simbólicas del soberanismo: votar.

“Es voluntad de este Gobierno extremar en su actuación diaria el respeto del ámbito autonómico de autogobierno. Creemos que reconocer la capacidad de decisión de otros poderes democráticos es una obligación constitucional. Pero además creemos que esa opción es positiva para los ciudadanos y para conseguir una normativa adecuada a la realidad a la que debe aplicarse”, anunció el miércoles en el Congreso la ministra para Cataluña, Meritxell Batet.

La promesa de una votación de un nuevo estatuto en Cataluña se completaría con el refrendo de la reforma constitucional que promueve el PSOE y que incluiría el carácter plurinacional de España para “reconocer las aspiraciones nacionales de Cataluña”, tal y como propusieron Pedro Sánchez y Miquel Iceta el verano pasado para intentar evitar la consulta ilegal del 1-O. Esas propuestas forman parte de las declaraciones socialistas de Granada y Barcelona para avanzar en un modelo federal de país.

En esa línea, Sánchez ofrece a Torra un desarrollo estatutario que ponga fin a “cinco años de discriminación” del Gobierno del PP a Cataluña para establecer un “nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que debe culminar en una reforma federal”, tal y como viene defendiendo el PSOE. Entre las propuestas concretas se encuentra la reforma del sistema de financiación, origen real de la ruptura entre los gobiernos de Mariano Rajoy y Artur Mas en 2012. El PSOE ha propuesto abordarlo a través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como en mesas de negociación bilaterales. El incremento de las inversiones en Cataluña y la retirada de recursos de inconstitucionalidad a sus leyes completan la oferta.

Los socialistas también defienden la negociación de los 46 puntos planteados en su momento por Artur Mas y desarrollar el Estatut de 2006. El PSOE entiende que el auge del independentismo comenzó cuando el PP promovió una campaña contra el Estatuto de Cataluña refrendado por los catalanes en referéndum y la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que declaraba inconstitucionales 14 artículos tras un recurso del PP. El alto tribunal declaró que “carecen de eficacia jurídica” las referencias del preámbulo que definen a Cataluña como una nación. Corregir ese “error” del PP es la senda que señala el Gobierno.

Entre las propuestas del PSOE para contentar al independentismo más controvertidas se incluye la promesa de una ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, la anulación del juicio al ex presidente Lluís Companys y la posibilidad de aprobar indultos para los políticos presos procesados por rebelión, sedición y malversación, entre otros delitos, como planteó Miquel Iceta durante la campaña electoral de las catalanas del 21-D. El Gobierno, además, revisará los 31 conflictos pendientes en el Tribunal Constitucional entre el Estado y Cataluña, según el compromiso asumido por la ministra de Política Territorial en el Congreso.

Batet expuso el miércoles las líneas estratégicas de la negociación del Gobierno con los independentistas. “Como Gobierno, nuestra función es defender, desarrollar y aplicar el modelo constitucional vigente en toda su complejidad y con todas sus posibilidades”, asumiendo su defensa jurídica cuando sea necesario e impulsando, principalmente, “una defensa política del modelo, explicando las razones de las decisiones constitucionales, destacando sus efectos positivos e intentando convencer al máximo a los ciudadanos”.

“La Constitución tiene una gran capacidad de convicción en sí misma y en su apertura a distintas opciones” en vez de “excluirlas”, explicó, siempre en un duro tono de reproche al anterior Gobierno del PP. “La defensa de la Constitución se concreta en la búsqueda de espacios de encuentro que puedan retornar al consenso constitucional a los ciudadanos que hoy se sienten excluidos del mismo”, proclamó.

“La Constitución permite distintas concreciones” en función de las prioridades políticas del Gobierno, anunció Batet, que insistió en que “el marco constitucional permite muy distintos desarrollos”. En este sentido, el Gobierno aboga por “impulsar reformas en nuestro modelo territorial” que permitan “desarrollar y aplicar el modelo constitucional vigente en todas sus complejidades”.

En este sentido, la ministra ha asegurado que el autogobierno de las comunidades implica “un reconocimiento de las diferencias” incompatible con un modelo de  “homogeneidad” para los territorios. Por ese motivo, el PSOE apuesta por un modelo federal que superpone un “estatuto adicional propio de cada comunidad” por encima de las leyes comunes a todos ellos. En esa línea, Batet aboga por reconocer “el pluralismo y la diversidad normativa”, que no es “estática”, sino que “crece con el reconocimiento de nuevos derechos”, como ocurrió con la Ley de Dependencia.

Con todas estas posibilidades normativas, siempre dentro del marco constitucional, el Gobierno aspira a satisfacer las reivindicaciones políticas de los independentistas y conseguir su apoyo en el Parlamento a las políticas de Pedro Sánchez.