El presidente de la Generalitat, Quim Torra, presidirá este jueves la Junta de Seguridad de Cataluña que debe sentar las bases de un mayor intercambio de información entre los Mossos y Policía y Guardia Civil en ámbitos de competencia de los cuerpos estatales como la lucha antiterrorista y consignar el aumento de agentes de la policía autonómica para compensar económicamente a la Generalitat. Estos son los principales objetivos, sobre el papel, de la Generalitat, mientras el Gobierno busca sobre todo abrir vías de normalización en la relación con la administración autonómica.

Pero el debate propuesto por el ministro Fernando Grande-Marlaska y el propio Torra no obviará los temas más candentes: la batalla de los lazos amarillos y la actuación de los Mossos en ella, o las denuncias contra agentes de la Policía por participar en acciones violentas contra activistas independentistas. Un orden del día al que con toda probabilidad se añadirá la decisión de Interior de destinar a Cataluña a medio millar de agentes extra para reforzar la seguridad de cara a la Diada, las conmemoraciones asociadas al 1-O y la proclamación de la república.

Marlaska y Buch ya escenificaron sus diferencias hace una semana, cuando el Govern ordenó a los Mossos identificar a los activistas que retiran lazos amarillos de los espacios públicos. Una decisión cuestionada por el ministro, a lo que Buch respondió que el orden público es «competencia de la Generalitat» para pedirle que se mantuviera al margen del debate. Una apreciación que Marlaska corrigió recordando que «la seguridad es competencia exclusiva del Estado».

Marlaska y Buch ya han escenificado sus diferencias en público sobre las competencias del Estado en la seguridad en Cataluña

En el orden del día oficial hecho público por ambas administraciones destaca así, como primer punto, el «análisis de la seguridad pública en Cataluña», que por parte del Gobierno implica «la convivencia en el espacio público» -esto es, la batalla de los lazos- y el «apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias». A ese epígrafe se refirió este miércoles Interior para explicar el traslado de efectivos a esta comunidad, un día después de anunciar que 300 guardias civiles que debían ser trasladados de Cataluña a otras comunidades permanecerán allí por lo menos hasta final de octubre.

La portavoz y consejera de Presidencia, Elsa Artadi, reconoció este miércoles de nuevo que el Govern no cree que la Junta de Seguridad «sea el foro» en el que debatir la cuestión de los lazos amarillos, pero dejó claro que la Generalitat no tenía ninguna intención de poner en riesgo el encuentro por esta cuestión.

Superado ese primer punto, el más político y conflictivo, la Junta analizará la amenaza terrorista en Cataluña, un año después de los atentados en Barcelona y Cambrils y apenas dos semanas después del ataque a la Comisaría de los Mossos de Cornellà, así como el impacto del crimen organizado. Y se certificará el número de efectivos actual, un punto fundamental para la Generalitat para completar la dotación económica del Estado para pagar los costes de la policía autonómica.

La Junta también evaluará la integración de la policía autonómica al sistema de coordinación del CITCO y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en su anterior reunión, cuando se pactó la participación de la policía autonómica en la lucha antiterrorista.   

Los antecedentes

El ministro del Interior y el conseller Miquel Buch retomarán en Barcelona los trabajos de coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado y la policía autonómica que el ex ministro Juan Ignacio Zoido abrió en julio de 2017. Un intento de aproximación que se estrelló contra el referéndum del 1-O y la actuación de los mandos de la policía autonómica en las semanas previas, aunque la primera muestra de cómo irían las cosas se pudo intuir ya en la gestión de la investigación posterior a los atentados de Barcelona y Cambrils, un ejemplo de descoordinación policial cuyas consecuencias políticas todavía colean.