El Gobierno de Pedro Sánchez diseñará un protocolo para la venta de armamento y material de defensa a otros países con el objetivo de evitar fiascos como la crisis diplomática y comercial causada por el anuncio del Ministerio de Defensa de cancelar un contrato de bombas de precisión a Arabia Saudí. El anuncio de la anulación de esa venta para que las bombas no se pudieran utilizar contra la población civil en Yemen fue considerado una injerencia en su política internacional por parte de las autoridades saudíes, que amenazaron con cancelar el contrato de 1.800 millones de euros con Navantia para la construcción de cinco corbetas en los Astilleros de Cádiz que garantizarán 6.000 empleos durante cinco años.
La titular de Defensa, Margarita Robles, basó su decisión de cancelar el contrato en el compromiso del PSOE de Pedro Sánchez con los derechos humanos y la paz a nivel internacional. No obstante, el ministerio ha tenido que rectificar y suministrar las bombas de precisión láser a las autoridades saudíes tras las amenazas de los trabajadores de Navantia de incendiar la Bahía y plantarse a las puertas de la Moncloa si se quedan sin trabajo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el titular de Exteriores, Josep Borrell, tuvieron que sofocar el incendio diplomático generado mientras la Moncloa intentaba disimular la rectificación de Defensa anunciando comisiones interministeriales y revisiones generalizadas de contratos. Lo cierto es que, tras las exigencias de Arabia, al Ejecutivo no le ha quedado otro remedio que dar marcha atrás en su compromiso humanitario internacional con Yemen y entregar las bombas a Arabia.
Para evitar fiascos similares y dejar patente los estándares humanitarios y de apuesta por la paz del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo aprobará próximamente un protocolo que establecerá las condiciones del comercio internacional de España en materia de Defensa. El protocolo desarrollará normativamente el compromiso electoral del PSOE en esta materia, que consiste en "cumplir estrictamente las previsiones de la ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano".
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, se reunió a principios de mes con las ONG que integran la campaña 'Armas bajo control' para anunciarles que el Gobierno pondrá en marcha nuevos mecanismos para garantizar que el material de defensa exportado por España no sea utilizado contra la población civil, según ha anunciado el portavoz de la campaña, Alberto Estévez. Las ONG reclaman al Gobierno la suspensión de las exportaciones a Arabia Saudí e Israel por el riesgo de que el material vendido por España pueda ser utilizado en vulneraciones de los derechos humanos.
Tras el encuentro, Estévez lamentó que el Gobierno no se haya comprometido a suspender las exportaciones a Arabia Saudí pese a su implicación en la guerra de Yemen. "No queremos que armas españolas puedan ser utilizadas en la comisión de atrocidades", reivindicó, denunciando que España es el séptimo exportador mundial de armas y ha multiplicado por diez el volumen de ventas desde el año 2004, superando los 4.000 millones de euros. "Queremos que la marca España no se asocie a guerra, muerte y destrucción", ha asegurado.
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