El magistrado Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera del Supremo. CGPJ
Podemos ha interpuesto este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella por prevaricación judicial contra el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo después de que el magistrado paralizara la sentencia que dictaminaba que los bancos tenían que pagar los gastos hipotecarios. Díez-Picazo dejó en suspenso el dictamen y convocó un pleno el 5 de noviembre para que el Supremo se pronunciase sobre la decisión, debido a su impacto social.
El partido de Pablo Iglesias también ha pedido la suspensión de dicho Pleno como medida cautelar, según el texto publicado por la diputada y abogada Gloria Elizo en las redes sociales. "No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos", ha defendido la dirigente.
Esta querella se acoge al artículo 446.3 del Código Penal, que contempla cesarle hasta 20 años. Este artículo recoge "la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.
Esta medida legal llega después de que la asociación Jueces por la Democracia haya pedido la "inmediata dimisión" de Picazo y de que Podemos se haya unido a esta petición.
Hoy @podemos_legal ha presentado querella por prevaricación a Luis María Díez-Picazo, tras la sentencia que reconoció el pago de AJD a la banca y posterior marcha atrás del Supremo.
No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos. pic.twitter.com/1V9Q6ficLm
— Gloria Elizo (@GloriaElizo) October 23, 2018
En el escrito, Podemos acusa el presidente de la Sala de dictar una resolución motivada "por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española". Y lo hizo, según el partido, "en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras". Para el partido, las decisiones de Díez-Picazo en este caso son "totalmente contrarias a derecho y que atentan contra la independencia judicial, que sirven exclusivamente a intereses económicos particulares de las entidades financieras y que en nada benefician el interés social", según consta en la querella, a la que ha tenido acceso Efe.
La resolución [de Picazo] no es sólo ilegal sino también injusta", defiende Podemos
Podemos tiene claro que la decisión del presidente de la Sala es un acto jurisdiccional, no administrativo, y por ello encaja en el tipo penal de la prevaricación, que castiga a los jueces que, a sabiendas, dicten sentencias o resoluciones injustas. "La resolución es, no solo meridianamente ilegal desde el punto de vista procesal, sino también injusta, puesto que a través de la misma deja sin efecto señalamientos pendientes que pudieran confirmar la tesis de esta sentencia y evitar que actuales Juzgados y Tribunales puedan utilizar a su vez esta sentencia —reiteramos, perfectamente válida y legal — para dictar sus respectivas resoluciones", argumenta.
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