La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) quiere que se llegue hasta el final en la investigación en el caso Máster y ha recurrido ante la Audiencia de Madrid el auto por el que la juez archiva la mayor parte de las actuaciones tras la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, reduciéndose la instrucción al delito de falsedad documental una vez descartada la posibilidad de que los hechos encajen en la prevaricación administrativa y el cohecho impropio.

El rector de la URJC, Javier Ramos, ha comunicado este viernes al Consejo de Gobierno la interposición de un recurso de apelación después de que la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid haya desestimado el recurso de reforma contra su decisión de sobreseer provisionalmente las actuaciones y dejar fuera del procedimiento a los profesores a los que inicialmente había imputado por su presunta responsabilidad en los hechos.

Ramos ha defendido que, con independencia de tratarse de un acto jurídico, el recurso es “una defensa de la honradez” y una demostración del “afán” del equipo de gobierno por que “se aclaren los hechos”. “Sólo así se podrán depurar las responsabilidades que, aunque residan en unos pocos, tanto, tantísimo daño nos han hecho”, ha asegurado.

La Universidad aprecia indicios de delito en la conducta de los profesores imputados inicialmente y quiere llegar hasta el final para resarcirse del “daño”

El pasado 1 de octubre, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel acordó el archivo de las actuaciones para 14 de los 19 imputados que acumulaba la causa y seguir instruyendo tan sólo la pieza en la que se investiga la presunta falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Era la respuesta procesal de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid después de que el Tribunal Supremo ninguneara su exposición razonada y rechazara días antes abrir un procedimiento penal contra Pablo Casado, al que indiciariamente veía como posible autor de delitos de prevaricación y cohecho impropio por la obtención de su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El hoy líder del PP pudo recibir “trato de favor”, pero ello no es suficiente -en opinión del alto tribunal- para que se inicie un procedimiento penal contra él. No hay indicios suficientemente consistentes o incontestables.

Lejos de compartir la resolución judicial, la Universidad madrileña recurrió en reforma el pasado 9 de octubre, sin que prosperara su pretensión. De un lado, la URJC entendía que las conclusiones del Supremo sobre el aforado Casado no podían ser extrapoladas al resto de alumnos investigados, argumento que la juez rechaza de plano al recordar que a otros estudiantes ‘VIP’ también se les eximió de asistir a clase y sólo se le exigió la elaboración de trabajos.

La instructora archivó las actuaciones para 14 de los 19 investigados siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo

De otro, la Universidad también apreciaba indicios de criminalidad en la conducta de algunos de sus profesores. La instructora también desoye esta interpretación, al considerar que esa afirmación da “plena credibilidad” a lo que declararon algunos testigos en sede judicial y no repara en las “contradicciones” existentes entre dichos testimonios y la documentación aportada por la propia URJC.

Frente a los reproches de la juez por su falta de ayuda durante la instrucción, la Universidad Rey Juan Carlos defiende en el recurso de apelación que ha intentado colaborar “en todo lo posible” e insiste en la necesidad de que se investiguen las irregularidades “hasta el final”. “Nuestra obligación es defender la honorabilidad y el buen hacer de los alumnos, de los profesores y del resto de los trabajadores de esta Universidad que día a día con esfuerzo y dedicación, nos hacen crecer a todos”, expone.

Falsedad documental

De no obligar la Audiencia de Madrid a reabrir la parte del caso ya sobreseída, la magistrada Rodríguez-Medel dará por cerrada la instrucción limitando ésta a la comisión de un delito de falsedad documental derivado de la ‘fabricación’ de un acta a instancia del catedrático Enrique Álvarez Conde -director del organismo (IDP) que impartió los másteres bajo sospecha- en un intento de dar coartada a Cifuentes y tratar de acreditar que defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012. Junto a Álvarez Conde, también están imputados la ex presidenta madrileña y Cecilia Rosado; la ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito y la profesora que ha reconocido que elaboró dicho documento y falsificó las firmas de las otras dos docentes que supuestamente integraban aquel tribunal ‘fantasma’: Alicia López de los Mozos y Clara Souto.

Rodríguez-Medel también tiene que resolver si llama al procedimiento en calidad de investigada a Carmen Montón, que tuvo que dimitir como ministra de Sanidad tras conocerse que plagió gran parte de su TFM. Como ha informado este diario, la juez ha preguntado a la Fiscalía si considera “innecesario” oír como imputada a Montón tras la documentación aportada por la URJC.