Política

La juez del ‘caso máster’ reprocha a la URJC “no haber ayudado” a esclarecer los delitos

La juez cita a declarar como testigo al consejero de Educación, que realizó numerosas llamadas al rector el día que estalló el escándalo / La magistrada rechazar ampliar la instrucción seis meses más y sobresee las actuaciones contra otra profesora

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La juez del ‘caso máster’ reprocha a la URJC “no haber ayudado” a esclarecer los delitos
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken. EP

Resumen:

La juez que instruye el caso Máster ha citado a declarar en calidad de testigo al consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, para esclarecer qué ocurrió el día que estalló el escándalo por el curso de posgrado de Cristina Cifuentes. La instructora acceder así a la petición de Enrique Álvarez Conde, director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartía los másteres bajo sospecho y “urdidor” de la presunta trama.

En un auto fechado este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid considera que, si bien la diligencia “no es esencial”, el testimonio de Van Grieken “puede facilitar el esclarecimiento de los hechos ocurridos el día 21 de marzo de 2018”, por lo que su práctica resulta “pertinente”. El Ministerio Fiscal consideraba “inútil” esta citación, aunque -según expone la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. “sin explicar los motivos que le llevan a alcanzar esta conclusión”.

El titular madrileño de Educación tuvo una participación activa en la gestión de la crisis desatada el día que eldiario.es publicó que Cifuentes había obtenido un máster en la URJC de manera irregular. “Durante todo el día 21 de marzo de 2018, el rector recibió multitud de llamadas desde el móvil personal de D. Rafael van Grieken Salvador (consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid) en las que le solicitaba la totalidad de la documentación correspondiente al Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la Sra. Cifuentes Cuencas y especialmente el acta del Trabajo Fin de Máster”, reveló el abogado de la URJC en un escrito enviado el pasado 27 de abril a la Fiscalía de Móstoles, instancia ante la que el Rectorado puso inicialmente en conocimiento las irregularidades detectadas en torno al curso de posgrado que la jefa del Ejecutivo regional detallaba en su currículo oficial.

El letrado asegura que las llamadas telefónicas del consejero “se intensificaron” una vez terminada la conferencia de prensa que el rector de la URJC, Javier Ramos, ofreció a última hora de la mañana del pasado 21 de marzo junto a los catedráticos Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico de la Cámara para negar las irregularidades y atribuir a una “mala transcripción” en la introducción de las notas en la aplicación informática que Cristina Cifuentes apareciera como ‘no presentada’ en dos asignaturas del máster. Las llamadas de Van Grieken a Ramos aumentaron “según iba avanzando la tarde”, precisaba el documento.

La juez cita a declarar como testigo al consejero de Educación, que realizó numerosas llamadas al rector de la URJC el día que estalló el escándalo

Frente al criterio del Ministerio Público, la instructora cita al consejero de Educación a prestar declaración como testigo el próximo 31 de octubre: “De las declaraciones practicadas hasta el momento se desprende que el Sr. Van Grieken fue uno de los interlocutores, directo o indirecto a través de su personal, del rector Sr. Ramos el día en el que se publicó la noticia del máster de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, hechos que culminaron con la indiciaria falsificación del acta de trabajo fin de master de la misma. Su declaración como testigo puede ser esclarecedor de cómo ocurrieron los hechos en el citado día, y, consecuentemente, debe acordarse su práctica”.

Rafael van Grieken está al frente de la Consejería de Educación desde finales de junio de 2015, cuando sustituyó a Lucía Figar. Como recordaba el imputado en el escrito por el que pedía que se citara como a Van Grieken, el hoy consejero “tuvo responsabilidades” desde 2002 hasta 2012 sobre el organismo de la URJC investigado -el Instituto de Derecho Público (IDP)- por su antigua condición de vicerrector de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. “El Sr. Van Grieken tuvo responsabilidades sobre el Instituto de Derecho Público de la URJC, pues le competía estar pendiente -bajo la dirección del rector- de la actividad de los institutos universitarios (…)”, defendía.

 

En el mismo auto, la juez oficia a la Policía Nacional para que identifique todos los titulares de los teléfonos que realizaron o recibieron llamadas el día en que estalló el escándalo, como había pedido también la defensa de Álvarez Conde.

De otro lado, Rodríguez-Medel ha estimado el recurso interpuesto por la representación de la profesora Alicia López de los Mozos y decreta el archivo provisional de las actuaciones contra esta docente, una de las supuestas integrantes del tribunal que ‘evaluó’ el Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes. En opinión de la instructora, los indicios reunidos durante la instrucción “no son lo suficientemente sólidos” en relación con la presunta comisión de un delito de falsificación.

La instructora sobresee las actuaciones contra la profesora López de los Mozos, supuesta integrante del tribunal que ‘evaluó’ a Cifuentes

La magistrada adopta esta decisión pese a considerar que las declaraciones de López de los Mozos en sede judicial “distan mucho de ser fiables”. “Su actuación resulta incomprensible en algunos aspectos esenciales (como la pérdida del pendrive con grabaciones relevantes) y en general su línea permanente ha sido la de no recordar los extremos esenciales atinentes a los hechos investigados (a diferencia de otros investigados, como la declaración de la Sra. [Cecilia] Rosado, que ha sido mucho más coherente y consistente en toda la instrucción)”, razona.

Rodríguez-Medel se muestra especialmente dura con la actuación del equipo rectoral de la Universidad Rey Juan Carlos, al que dedica gruesos reproches y acusa de “no haber ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos que se estaban investigando” pese a reconocer que ha cumplido “en plazo” con todos los requerimientos de documentación que le ha formulado.

Faltó un “inventario exhaustivo”

“Específicamente, tan pronto se informaba que determinada documentación no aparecía como, sorpresivamente, la misma se
encontraba (significativo es la solicitud de convalidación de créditos del Sr. [Pablo] Casado, a lo que consta en autos nos remitimos). Meses después de iniciada la investigación judicial aparece una caja en dependencias del propio Instituto de Derecho Público de la URJC con documentación que afecta a la misma sin que esta instructora acabe de entender qué tipo de diligencia llevó a que no se realizara un inventario exhaustivo, incluso ante notario, de lo que había y no había en los despachos del Instituto de Derecho Público desde el primer día en el que se tuvo noticia de las irregularidades que podían afectar al mismo”, añade.

La juez lamenta que, pese a tomar declaración a numerosas personas, ha sido incapaz de esclarecer cuándo la URJC cambió el sistema de calificación mediante actas de papel a calificación electrónica y entender por qué hay actas en papel respecto de algunas asignaturas y no en otras. “Ha sido necesaria una pericial informática (en la que, eso sí, consta que la URJC ha colaborado eficazmente con la policía judicial actuante) para entender mínimamente los campos respectivos de la plataforma de calificación, dado que la información facilitada
por la URJC no permitía un cabal entendimiento íntegro de la misma”, añade.

La magistrada rechaza ampliar la instrucción otros seis meses, como le pedía la Fiscalía, al entender que las diligencias “esenciales” están practicadas

Rodríguez-Medel adopta estas decisiones y formula estos reproches en la resolución, fechada este miércoles, en el que desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación legal de la Universidad Rey Juan Carlos contra el auto por el que archivó las actuaciones para todos las personas a las que investigaba como posibles autores de un delito de prevaricación -tras rechazar el Tribunal Supremo abrir causa contra Pablo Casado- y circunscribir la instrucción a los imputados que pudieron incurrir en un delito de falsedad documental.

En paralelo, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid deniega ampliar el plazo de la investigación por otros seis meses más, como le había solicitado la Fiscalía. La magistrada considera que las diligencias “sustanciales” ya están practicadas y las que quedan -como la testifical del consejero de Educación de la Consejería de Madrid- ya están acordadas, habiendo decaído el motivo por el que el Ministerio Público planteó tal solicitud.

Ello quiere decir que la magistrada prevé dar por cerrada la instrucción a finales de este mes, cuando se cumplen seis meses desde que inició la investigación tras la denuncia presentada por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burriezo. Rodríguez-Medel tendrá que decidir si archiva el procedimiento o si, por el contrario, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado para que se enjuicien los hechos.