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El Gobierno retuerce la Ley de Memoria para evitar el fiasco de la exhumación de Franco

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El Gobierno retuerce la Ley de Memoria para evitar el fiasco de la exhumación de Franco
Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en el Congreso.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en el Congreso. EFE

Resumen:

Uno de los gestos estrella del mandato de Pedro Sánchez, la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, va camino de convertirse en uno de los principales fiascos de su Gobierno. En vez de impedir que se le rindan culto en el monumento que le hace de mausoleo, como era su objetivo, el Ejecutivo está a punto de facilitar ese homenaje al propiciar que la familia Franco lo entierre en la cripta de su propiedad en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid.

Así lo admitió la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,  ante los periodistas en la recepción oficial del Día de la Hispanidad el pasado 12 de octubre. Tras reconocer que el Gobierno no puede impedir la inhumación de Franco por parte de sus familiares, el Gobierno intenta ahora frenarla presionando a la Iglesia para que rechace acoger los restos del dictador en su templo. Ante la dificultad de la propia Iglesia para impedir que una familia utilice los sepulcros de su propiedad para enterrar a un antepasado, el Gobierno intenta fabricar un argumento legal de dudosa eficacia.

Se trata de apelar a la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, según Carmen Calvo, prohíbe el enaltecimiento del franquismo “en todo el territorio español”, incluida la catedral madrileña. La vicepresidenta explicó a los periodistas en el Congreso que la colaboración de la Iglesia está siendo “absoluta e incuestionable” e incidió en que el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Memoria Histórica, que impide que los restos del dictador acaben en un lugar donde puedan ser enaltecidos.

Así se lo trasladó el lunes en una reunión al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin quién, según ha explicado, “entendió que el Gobierno y la Iglesia” tienen “que intentar buscar una salida para que estén en un lugar en condiciones de dignidad, pero que no puedan ser objeto de ningún tipo de homenaje”. En este sentido, aseguró que la catedral de la Almudena “no es de titularidad privada” sino “responsabilidad de la Iglesia” y que el Gobierno “tiene que garantizar que no se enaltece al dictador en ningún sitio del territorio nacional”. “Estamos todos sometidos a las leyes”, reiteró, remarcando que el Gobierno tendrá “instrumentos” para que se cumpla la ley.

No obstante, la ley no es tan explícita como asegura la vicepresidenta, y respeta las “menciones de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”, como podría ser el entierro en una cripta de la familia junto a otros allegados. En su artículo 15 referente a los símbolos y monumentos públicos, la ley establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”. “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

Ni ese artículo ni el siguiente, referido al Valle de los Caídos, establece la prohibición del enaltecimiento del franquismo en todo el territorio español, como asegura Carmen Calvo y como el PSOE pretende aprobar, estableciendo hasta penas de cárcel, con su proposición para reformar la Ley de Memoria Histórica. “El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”, asegura el artículo 16. Tampoco el real decreto aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso para dar curso legal a la exhumación de Franco prohíbe la exaltación de la dictadura en todo el territorio nacional como asegura la vicepresidenta.