Política

El ‘tribunal’ interno de Podemos denuncia las purgas: “Tienen tufillo estalinista”

Podemos utiliza un Comité de Seguridad y Salud Laboral para invalidar a los candidatos críticos con Iglesias

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El ‘tribunal’ interno de Podemos denuncia las purgas: “Tienen tufillo estalinista”

Pablo Iglesias y Pablo Echenique.

Resumen:

La contestación interna ante los golpes de mano de la dirección de Podemos se extiende hasta lo más alto. La Comisión de Garantías de Podemos, el tribunal que en último lugar resuelve los conflictos internos, ha sido el encargado de ratificar las polémicas expulsiones de críticos que se han sucedido en los últimos meses en territorios como Navarra, Cantabria o La Rioja. Unas decisiones que se han tomado con gran división en este órgano, donde dos de los cinco integrantes de esta comisión han emitido sendos votos particulares oponiéndose a las expulsiones y con duras críticas al aparato estatal, llegando a asegurar a la ejecutiva de Podemos de actuar con “un tufillo estalinista” y de emprender “prácticas deshonestas para sacar réditos políticos o descalificar al contradictor”.

Estos dos miembros critican la expulsión dos candidatos en las primarias para elegir las listas de Podemos en Cantabria y La Rioja y critican que “sólo se valoran elementos de calificación”, y advierten de que “no es procedente negar la participación política de los afiliados, por cuanto se parte de presunciones”. Es lo que se recoge en el voto particular de Argiro Giraldo el 7 de noviembre, en el que se opone a la resolución del Comité Electoral de Cantabria de expulsar de las primarias a la entonces secretaria general autonómica, Rosana Alonso, considerada afín a Iñigo Errejón.

Este integrante de la Comisión de Garantías pide “prevención” sobre “esas prácticas malvadas sin los debidos procesos y resoluciones firmes” y apuesta por “la vía garantista” para garantizar “la salud democrática del partido”. “Los procesos disciplinarios y denuncias abiertas y no concluidas (…) siempre tienen un tufillo estalinista, o de prácticas deshonestas para sacar réditos políticos o descalificar al contradictorio que en otras condiciones no se darían”, sentencia.

La polémica llegó el pasado noviembre, cuando Podemos apartó de las primarias en Cantabra a la diputada Alonso. Para ello se valió del Comité Electoral, formado por personas afines a la candidatura rival -la de Verónica Ordóñez-. Estos Comités Electorales sirven de herramienta a Iglesias para mantener el control férreo en todos los territorios. De sus cinco miembros, tres son elegidos por la ejecutiva autonómica, uno por la secretaría de Organización, y otro por la Comisión de Garantías Estatal. Una mayoría afín a la dirección de Podemos que discierne quién puede y quién aspirar a figurar a en las listas electorales.

En el caso de Cantabria, el Comité Electoral expulsó la expulsión de Alonso porque incumplía la Carta de Derechos y Deberes de los candidatos, publicada el pasado octubre, en la que pone como requisito “no haber sido objeto de informe negativo” por parte del “Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos” o de algún grupo parlamentario.

¿Un órgano ad hoc para expulsar candidatos?

El Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos ha saltado a primera plana de la noche a la mañana, pese a que no aparece en ningún organigrama interno de Podemos ni hay rastro alguno de su composición. La primera vez que se cita la existencia de este órgano es en la Carta de Derechos publicadas el pasado 11 de octubre en la web del partido, cuando otorgan a dicho Comité la responsabilidad de invalidar o no candidaturas territoriales, como ha ocurrido en Cantabria o en La Rioja.

Unas circunstancias que han levantado suspicacias entre algunos dirigentes territoriales. “Es un órgano que nadie conocía y de repente se presenta como requisito sine qua non para poder ser cargo público”, critican. Desde Podemos, a consultas de este periódico, tampoco aclaran la situación exacta de la Comisión.

Este órgano depende del área de Recursos Humanos y Cuidados de Podemos liderado por Pablo Fernández-Alarcón, también gerente del partido y muy próximo a la ejecutiva de Iglesias. Entre los miembros del Comité de Seguridad está, según ha podido saber este periódico, Marta Flor Núñez, abogada de Podemos y de máxima confianza de Irene Montero y Pablo Iglesias.

Este Comité de Seguridad ha invalidado en Cantabria a la líder autonómica, Rosana Alonso, al secretario de Organización, David González, y a la secretaria de Feminismos, Belén Milán. Y en La Rioja, a su portavoz parlamentario, Germán Cantabrana. Ambos procesos siguieron el mismo modus operandi –mediante el Comité de Seguridad- y en ambos casos, los juzgados paralizaron el proceso de primarias al detectar posibles irregularidades.

En el caso de Alonso, el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos emitió un expediente al que ha tenido acceso El Independiente. El documento aparece sin firmar y está fechado el 18 de octubre, casualmente el mismo día en que se publicaban las candidaturas que se presentaban al proceso. No actuó hasta entonces pese a que los hechos denunciados comenzaron tres años antes, en septiembre de 2015, según consta en el expediente pero sólo la cercanía de las primarias llevaron a este órgano fantasma a actuar en contra de Alonso y en favor de la otra candidata, que era una de las denunciantes.

El extenso informe relata el presunto acoso laboral protagonizado por un diputado autonómico del partido, José Ramón Blanco. No es hasta la página 8 cuando nombra a Alonso y asegura que “como secretaria general no han realizado ninguna conducta tendente a solucionar esta situación o a proteger a las trabajadoras”. Bajo este pretexto el Comité decreta que  Alonso y los dos miembros de su dirección “no deberían ostentar cargos de responsabilidad alguna en el partido”.

El dictamen le valió al Comité Electoral para invalidar su candidatura. Después de apartarla de las primarias, la secretaría de Organización de Pablo Echenique creó también una gestora en Podemos Cantabria y le expulsó de facto también como secretaria general, despojándola de todos sus cargos a nivel interno.

La utilización de este Comité de Seguridad supone para otro miembro del ‘tribunal’ estatal de Podemos “un intento de control de las elecciones primarias del partido político por parte del mismo partido político”. Es lo que recoge el voto particular de María del Rosario Rodero, miembro de este tribunal, donde defiende que la “resolución es inválida porque se basa en un informe de un Comité de Seguridad y Salud Laboral, cuyas competencias son otras”; y cita el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

En el caso de La Rioja, los juzgados decretaron este mismo miércoles que anulan el despido de Cantabrana en verano -antes de las primarias- y lo achacan a una “lucha de poder” en el seno de la organización. En su sentencia, el juzgado de lo Social número 1 de Logroño apunta a un “un ataque constante por parte de la dirección regional del partido” al portavoz. También hacen referencia al informe del Comité de Seguridad y Salud laboral de Podemos, al que resta toda credibilidad, señalando que los hechos que se imputan al candidato riojano “no constan acreditados” más allá “de “la evidente discrepancia y lucha de poder que existía”.

Guerra en la Comisión de Garantías

La Comisión de Garantías, pese a los dos votos particulares en contra, rechazó los recursos de lo candidatos invalidados tanto en Cantabria como en La Rioja, y lo hizo gracias al voto de Nuria Martín, que también formó parte de los Comités Electorales que apartaron a los candidatos en ambos territorios. Es lo que destaca la letrada Rodero en otro de sus votos particulares, donde resalta que “la miembro de la Comisión que ha formado parte del Comité electoral, de cuya actuación trae la causa la resolución, ha de inhibirse en esta segunda instancia”. Un extremo que no llega a producirse: las resoluciones se ratificaron con tres votos a favor -entre ella la propia Martín- y los dos en contra.

Esta situación de división en el órgano lleva produciéndose desde septiembre, cuando cambió la presidencia de la Comisión de Garantías y fue a parar a Miren Gorrochategui, senadora de Podemos y persona de confianza de Pablo Echenique. La dirigente se presentó en listas de Pablo Iglesias en primarias y consiguió un puesto para aspirar a un escaño por Vizcaya en el Congreso de los Diputados.

El conflicto en este órgano no es el primero: ya en el verano de 2017 la presidenta salida de Vistalegre 2 fue expulsada de la Comisión de Garantías después de que impugnara los restrictivos estatutos del partido diseñados por Pablo Echenique. Aquel movimiento fue denunciado como “un intento” de Pablo Iglesias de “controlar el único órgano que no estaba controlado” Después de aquella guerra, Argiro Giraldo se erigió como presidente de la Comisión, pero un año después se reanudan las turbulencias. El movimiento para darle la presidencia a Gorrochategui ha sido visto como una fórmula de Podemos estatal de controlar este órgano, y el malestar no ha hecho más que crecer en los últimos meses.