El bilbaíno Santiago Abascal (42 años) será el candidato de Vox a las elecciones generales del próximo 28 de abril. El partido, hasta ahora sin representación, aspira a entrar en el Congreso de los Diputados por primera vez desde su creación, en el año 2014. Todas las empresas demoscópicas prevén una fuerte irrupción de la formación, en la misma línea que sucedió en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 2 de diciembre.

¿Pero qué se vota cuando se vota a Vox? La formación de Santiago Abascal tiene un discurso duro en muchas cuestiones y hace bandera de hablar fuera de lo políticamente correcto. Sus rivales le acusan de «romper consensos» mientras el partido presume de movilizar a una «España viva» que quedará cuantificada en las urnas. Vox dio un salto cualitativo de presencia mediática tras su acto en Vistalegre del pasado 7 de octubre, en el que presentaron su programa formado por 100 medidas fundamentales.

Unidad de España

De las 100 medidas, las primeras 10 ponen el foco sobre la crisis independentista en Cataluña y la unidad de España. Hasta el punto de que, ante su dirección, Santiago Abascal aseguró en el mes de febrero que su primera acción como presidente del Gobierno sería «detener a Quim Torra». En su programa, Vox plantea la «suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo» y la «ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGS que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía».

Además, propone agravar las penas por ofensas a España, la corona o sus símbolos y la supresión de las policías autonómicas. En esa misma línea, también habla de «suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública» para evitar «cualquier tiempo de discriminación» y la devolución de competencias al Estado en materias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, como paso previo a la reforma constitucional para suprimir el actual Estado de las Autonomías.

Inmigración y fronteras

Abascal y Vox también han construido un discurso duro contra la inmigración, especialmente africana y subsahariana, subrayado tras episodios como los del barco Aquarius y la política seguida por Pedro Sánchez. El programa de Vox habla de la «deportación de inmigrantes ilegales a sus países de origen», y de la expulsión de los inmigrantes legales «que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave».

Vox propone acabar con el efecto llamada imposibilitando la regularización de los inmigrantes que entren a España ilegalmente, así como castigar penalmente a las organizaciones que trabajan frente a las costas africanas. También hablan de «elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad» y trabajar en origen al «ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos». Eso sí, plantea condicionar la ayuda al desarrollo de estos países a aquellos que «acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes».

Como complemento a las políticas de inmigración, Vox plantea publicar «datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos» y levantar «un muro infranqueable en Ceuta y Melilla». Sobre la lucha antiterrorista, el partido de Santiago Abascal propone el «cierre de mezquitas fundamentalistas», la «expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad», la «prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista del Islam», además de la exclusión de su enseñanza en la escuela pública.

Aborto y violencia de género

Una de las exigencias de Vox en su negociación con el Partido Popular en Andalucía fue la creación de una Consejería de Familia, donde desarrollar una de sus propuestas más polémicas: la derogación de la ley de violencia de género y «de toda norma que discrimine a un sexo de otro». En su lugar, «promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja igual a ancianos, hombres, mujeres y niños», defiende el partido, al mismo tiempo que la «supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas y protección del menor en los procesos de divorcio».

Igual que en Andalucía, Vox propone la creación de un Ministerio de Familia y que apoye económicamente «a las familias numerosas y a la natalidad en general». Entre otras medidas, mencionan un cheque de 100 euros mensuales por hijo y la «creación de cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los libros escolares, transporte público, luz, gas o acceso a bienes culturales».

Sobre el aborto, Vox propone dejar de costearlo a través de la Seguridad Social, aunque aparte de eso sólo menciona la «defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural». «Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas», añade el partido, que propone una «reforma de la ley de adopción nacional».

Ley anti ocupación

El partido de Santiago Abascal dedica un punto de su programa a prometer mando dura contra los okupas y plantea que los españoles «podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar», para lo cual «se ampliará el concepto de legítima defensa». En esta línea, propone también «tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada» y defienden la necesidad de una reforma legislativa «para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado» y que «la participación en estas conductas ilegales les excluirá de las ayudas sociales».

En otros asuntos relacionados con la justicia, Vox defiende la prisión permanente revisable y habla de «cadena perpetua» en casos de terrorismo, excluyendo a estos pesos de los programas de beneficios penitenciarios. Respecto al Poder Judicial, plantean la reforma completa del sistema de elección de magistrados para que no dependa del Congreso de los Diputados, además de la disolución del Tribunal Constitucional y su integración en una sala extra del Tribunal Supremo. Como colofón, propone suprimir la figura del jurado popular.