Política

Cifuentes asegura que "ni ordenó ni encargó" la falsificación del acta de su máster

La ex presidenta madrileña mantiene que realizó "todas las pruebas necesarias" para superar el curso de posgrado y rechaza que haya delinquido / La Fiscalía pide para ella una pena de tres años y tres meses de prisión por falsedad en documento oficial

Cristina Cifuentes, durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes, durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

Cristina Cifuentes mantiene que realizó «todas las pruebas necesarias» para superar el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y asegura que «ni ordenó, ni encargó, ni participó» en la falsificación del acta con el que se trató de acreditar que defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM).

Así lo expone la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en el escrito de defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que la ha procesado como presunta autora de un delito de falsedad en documento oficial. La Fiscalía pide para ella una de pena de tres años y tres meses.

Cifuentes rechaza el relato de los hechos presentado tanto por el Ministerio Público como por la acusación particular que ejerce la URJC y niega que haya podido delinquir. Presentado el escrito, fechado el pasado viernes y al que ha tenido acceso El Independiente, sólo resta ya que la Sala eleve los autos a los juzgados de lo Penal para que se proceda a su enjuiciamiento.

La ex jefa del Ejecutivo autonómico dice que es «completamente ajena» a los hechos por los que se sentará en el banquillo de los acusados y niega que se hubiera puesto en contacto con María Teresa Feito -ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y procesada también en el caso Máster– «para que se hiciese ningún tipo de gestión a fin de resolver la crisis provocada» tras estallar el escándalo el 21 de marzo de 2018.

La ex presidenta dice que realizó «todas las pruebas necesarias» para superar el curso de posgrado y rechaza que haya delinquido

«Ni la Sra. Feito dependía jerárquicamente de mi representada, ni eran amigas, ni nunca mantuvieron contacto alguno en relación con los hechos publicados el día 21 de marzo de 2018, ni ese mismo día, ni con posterioridad a dicha fecha. Este extremo se corrobora, entre otros aspectos, por la ausencia de llamadas telefónicas entre ambas acusadas tanto en los días previos, como el día en cuestión o los días posteriores», sostiene la defensa.

Según consta en las actuaciones, Feito realizó 15 llamadas telefónicas el día que estalló el escándalo a la profesora que confeccionó el acta falsa con el que se pretendió acreditar que la ex presidenta madrileña defendió su Trabajo Fin de Máster (TFM). La docente (Cecilia Rosado), por su parte, la telefoneó seis veces aquella jornada (21 de marzo de 2018).

El abogado de Cifuentes defiende que su representada «ni ordenó, ni encargó, ni participó en modo alguno» en los hechos por los que ha sido investigada ni «indujo» al resto de acusados o a otra persona a «confeccionaran o falsificaran acta o documento alguno».

«Cursado y terminado»

La defensa sostiene que la ex dirigente del PP «no resultaba beneficiada con la falsificación del acta» por cuanto ésta ya había «cursado y terminado el máster» cuando se construyó a posteriori el citado documento. El director del máster, Enrique Álvarez Conde (fallecido la pasada semana), reconoció que ordenó a una profesora -Cecilia Rosado, también acusada- que elaborara un acta que acreditara que Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012. Fue en la misma mañana del 21 de marzo de 2018, a raíz de que trascendieran las presuntas irregularidades.

«No es un documento que se instrumentalice para fingir que se han superado las pruebas académicas, pues ya había obtenido el título. Tampoco necesitaba ese documento para probar que cursó de modo regular el máster, pues esto ya quedaba sobradamente acreditado mediante el propio título oficial, la certificación académica de que todas las asignaturas estaban aprobadas y el abono de las tasas de matriculación y de retirada del título; documentos, todos ellos, que probaban que se habían cumplido todos los requisitos establecidos por la Universidad para la obtención del título académico», expone.

En su escrito, Cristina Cifuentes recuerda que fue «el gabinete del rector» -«la máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos», precisa- quien le facilitó el acta que ella esgrimió ante la prensa y ante la Asamblea de Madrid y asegura que «desconocía» que la misma había sido falsificada. «Habiendo realizado todas las pruebas necesarias para superar el máster en cuestión, carecía de sentido que el acta remitida fuese falsa», argumenta.

Testificales del consejero de Educación y del rector

Entre otros medios de prueba, la ex presidenta madrileña solicita la declaración testifical de 23 personas, entre ellos el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, y el rector de la URJC, Javier Ramos.

Cifuentes pide que declaren la funcionaria que modificó las calificaciones de las dos asignaturas que le constaban inicialmente como ‘No presentada’ (Amalia Calonge); las profesoras a las que se le falsificaron las firmas en el acta de defensa del TFM (Clara Souto y Alicia López de los Mozos) y cuatro alumnos que reconocieron no haber realizado dicho trabajo y sin embargo constan las actas en las actuaciones judiciales.

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