Política ELECCIONES GENERALES 28A

Las claves de la carta 'fake' de Pedro Sánchez: ni de la Junta de Andalucía ni de Vox

La misiva exhibida por el presidente de Gobierno fue emitida por un particular "perjudicado" por una sentencia de custodia que pide revisar si se cumple la ley

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Las claves de la carta 'fake' de Pedro Sánchez: ni de la Junta de Andalucía ni de Vox

Pedro Sánchez exhibiendo la supuesta carta de la Junta durante el debate.

Resumen:

Pedro Sánchez sorprendió en el debate de este martes con una carta fake. El presidente de Gobierno acusó a PP y Cs de plegarse a Vox y apoyó su argumento en una misiva que atribuyó al Gobierno andaluz pero que en realidad había sido impulsada por cinco particulares, en la que se pedía la información de los trabajadores en la Unidad de Violencia de Género que elaboran informes que determinan la asignación de ayudas económicas y los procesos judiciales.

«Es una carta que ha enviado la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía», afirmó el presidente de Gobierno, que hasta en tres ocasiones enarboló esta petición de información, que en realidad había sido impulsada por ciudadanos de a pie a través del Portal de Transparencia. «Acabamos de recibir cartas, de los médicos, psicólogos y trabajadores sociales que luchan contra la violencia de género en Andalucía porque se están haciendo listas negras», censuró.

Sin embargo, la intrahistoria de la carta está lejos del relato ofrecido por el presidente. El líder andaluz de Ciudadanos ya ha criticado las palabras de Sánchez, y el jefe de campaña del PSOE, José Luis Ábalos, se ha enrrocado en la postura del presidente, defendiendo que el autor de la petición «es un particular que responde a una iniciativa que ha planteado Vox».

La petición frustrada de Vox. En febrero, el portavoz de Vox en el Parlamento Andalux, Francisco Serrano, presentó un escrito a la Presidenta de la Cámara en la que solicitaba información de los trabajadores en las unidades de valoración integral de violencia de género, con el objetivo de comprobar si los empleados estaban colegiados y su elección seguía los criterios de profesionalidad y cualificación, o si se aplicaban factores «ideológicos» en la elaboración de los informes forenses. El Parlamento andaluz rechazó esta petición alegando que incumplía la ley de protección de datos.

La colegiación, requisito obligatorio. El partido de Santiago Abascal, tras el rechazo, reformuló su propuesta y limitó la petición al número de trabajadores y su titulación. La Mesa del Parlamento sí tramitó esa solicitud, que no pedía nombres propios. La Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 establece que los empleados que trabajen para una Administración Pública tienen la obligación de estar colegiados. El Gobierno de Susana Díaz, consciente de esta obligación, pidió dos informes jurídicos en 2015 y 2016 para aclarar «si Andalucía tiene competencias para eximir la colegiación obligatoria a su personal». Los informes fueron concluyentes, y negaron esta posibilidad. El Tribunal Constitucional también ha fallado en varias sentencias contra los gobiernos autonómicos, a quienes niega la competencia de eximir a sus trabajadores de esta validación oficial.

El 44% de los trabajadores de violencia de género incumple la ley. Sin embargo, Susana Díaz se saltó esta exigencia y pasó por alto el hecho de que casi la mitad de los trabajadores no tenían el título requerido. Un informe hecho ahora público por la Consejería de Justicia de la Junta revelaba que el 44% de los psicólogos y trabajadores sociales adscritos a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género no están colegiados en sus colegios profesionales, como exige la ley.  El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, de Cs, adelantó que se exigirá a todos los empleados que estén registrados en sus colegios profesionales para elaborar los informes forenses para los juzgados.

Los «perjudicados» que emitieron la petición. Después de que el Parlamento rechazara la petición inicial de Vox, se registraron cinco peticiones de cinco ciudadanos particulares realizadas a través del Portal de Transparencia para conocer los nombres de estos trabajadores. Alguna de las personas que emitió esta petición se definía como un «perjudicado» por una resolución de custodia «intrínsecamente ligada a informes y dictámenes de equipos psicosociales». La petición recogía el objetivo de «poder constatar si dichos perfiles profesionales cumplían y cumplen con los requisitos de cualificación y colegiación obligatoria», el mismo requerimiento impulsado por Vox. Sin embargo, la persona que realizó la petición asegura no tener vínculos con el partidos y asegura que utilizó el texto rechazado en el Parlamento andaluz porque le pareció adecuado. Su objetivo, admitía, se que en los juzgados «no entre la ideología de género».

Los trabajadores, la última palabra. La Ley de Transparencia obliga a los organismos públicos a tramitar estas peticiones, y la Junta de Andalucía siguió el protocolo remitiendo a sus funcionarios la petición registrada para que fueran ellos los que decidan si emitían o no una respuesta, ya que tenían un plazo de 15 días para alegar. El documento remitido por la Consejería, donde también comunica a los trabajadores la posibilidad de alegar, fue el documento que Sánchez exhibió e hizo pasar por una petición del Gobierno andaluz.