Barcelona vivirá el próximo 26 de mayo las elecciones más concurridas a su alcaldía, con 25 candidaturas que competirán por el bastón de mando que ahora ostenta Ada Colau -en Madrid, por ejemplo, concurren 19- y unos pronósticos que sitúan al republicano Ernest Maragall y la actual alcaldesa en empate técnico, en un Ayuntamiento muy dividido. Una ciudad que ha vivido momentos críticos en el último mandato, especialmente tras el atentado islamista de agosto de 2017, la crisis independentista o, en clave local, la crisis del taxi, y que ve como el proceso independentista amenaza con imponerse también en el debate sobre las elecciones locales: Barcelona como capital de la «república catalana».

Más allá del independentismo, la capital catalana ha puesto al descubierto en los últimos años serios problemas de gestión en ámbitos fundamentales para la convivencia, desde la seguridad al acceso a la vivienda, pasando por la presión del turismo. Estas son las cuestiones clave que el próximo alcalde de Barcelona debería afrontar a partir del 27 de mayo.

Seguridad

El primer problema para los barceloneses, según el barómetro municipal. Las estadísticas son demoledoras: 200.000 actos delictivos al año, 500 al día, y 40 robos con violencia diarios, tal como recuerda en cada una de sus intervenciones Manuel Valls, el gran abanderado de esta cuestión en campaña. Un auténtico fracaso en la gestión de Colau, que tras poner límites y cuestionar durante cuatro años a la Guardia Urbana, aseguraba en el inicio de campaña que «ahora mismo, les sale a cuenta venir a robar a Cataluña y, concretamente, a Barcelona, donde hay mas turistas».

Colau explica ahora que «se hacen más detenciones que nunca, la Guardia Urbana ha incrementado un 15 % las detenciones pero, entran en el juzgado, pagan una multa y salen, y esto es un mensaje a los ladrones profesionales de toda Europa». Y señala a la rebaja de estas penas en el Código Penal como responsable del aumento de robos y hurtos en la ciudad, que suponen el 90 % del total de delitos que se cometen en la ciudad.

Sus rivales, sin embargo, prometen como primera medida reforzar la Guardia Urbana y recuperar la unidad de intervención suprimida por Colau, además de reclamar mayor implicación de los Mossos d’Esquadra en la seguridad de la ciudad.

Vivienda

Ada Colau llegó a la alcaldía impulsada por la PAH y con la promesa de frenar los desahucios y poner en el mercado 8.000 pisos a precio asequible. Sin embargo, el balance a final de mandato es de 700 pisos entregados y un aumento de los desahucios -una media de 47 por semana- que han pasado a afectar de propietarios a arrendatarios. El precio de la vivienda ha subido hasta un 40% en algunos barrios de Barcelona, el 35% de media en pisos de alquiler- mientras la capital catalana sigue con un escuálido 2% parque público de vivienda.

Barcelona ha sido, junto a Terrassa, la única ciudad catalana que ha aplicado la regulación de la Generalitat para multar a los grandes tenedores de pisos vacíos. Este marzo, el Ayuntamiento de Barcelona sancionó con 2,8 millones de euros a dos sociedades por tener desde hace más de dos años dos edificios enteros con un total de 24 pisos vacíos, en aplicación de la ley catalana de vivienda.

Los comunes han impulsado además una nueva regulación que obliga a reservar el 30% de todas las nuevas promociones para vivienda protegida. Una medida que después recogió el Govern en su proyecto de ley de vivienda -pendiente de ratificación por el Parlament- para que la medida pueda extenderse a otros municipios. Pero han fracasado en su intento de limitar el precio de los alquileres por ley, medida que finalmente no han incluido en sus regulaciones ni el Gobierno del PSOE ni la Generalitat de JxCat y ERC.

Turismo

Con 1,6 millones de habitantes, la capital catalana recibe cada año 30 millones de turistas, entre los que se quedan a dormir en hoteles u otros alojamientos y los que pasan el día pero no pernoctan en la ciudad. Una presión que ha hecho mella en la convivencia, los servicios y, sobre todo, el precio de la vivienda. La industria del turismo ha sido una de las bestias negras del gobierno local -la regidora Gala Pin llegó a compararlos a las puertas de la campaña con «una plaga»- y el objeto de uno de los éxitos de Colau: la regulación de los pisos turísticos.

Su batalla con Airbnb se ha saldado con el cierre de 2.350 pisos turísticos ilegales en Barcelona y el compromiso de la plataforma de retirar de su web todos los pisos sin licencia municipal para esta actividad. Además, el Ayuntamiento ha aprobado un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos que prohíbe la creación de nuevas plazas hoteleras en todo el centro de Barcelona -Gótico, Eixample, Barceloneta, Villa Olímpica, Sants y Gràcia- y amortiza las que se cierren. Sin embargo, la presión sobre esta compañía no ha frenado el aumento del precio de la vivienda, el argumento con el que inició esta batalla.

Manteros

Los manteros se han convertido en una de las imágenes icónicas de la Barcelona de Ada Colau. La ciudad ha pasado de los 800 vendedores ambulantes a más de 2.000, sin que los intentos del gobierno local por regularizar sus situación hayan servido de nada. El Sindicato de Manteros auspiciado por la alcaldía ha recibido ayudas por más de un millón de euros, pero la venta ilegal ha seguido proliferando al calor de la permisividad del gobierno local.

En el último año, sin embargo, el Ayuntamiento ha cambiado de política, con el desalojo de los manteros de la estación de Renfe de Plaza Cataluña, cuya ocupación se había convertido ya en un problema de seguridad, y después en el exterior de la plaza y en el Paseo Colón. Ahora se han desplazado al frente marítimo de la Villa Olímpica, pero siguen aumentando a las puertas del verano. El incidente en el que un mantero agredió a un turista norteamericano, el pasado verano, fue el detonante de una opinión pública cada vez más contraria a la ocupación del espacio público por parte de este colectivo.

Movilidad

El conflicto del taxi ha marcado el último año de mandato de Ada Colau. La alcaldesa se puso claramente de lado de los taxistas en su plante contra las plataformas de VTC, y permitió que los taxistas ocuparan el centro de la ciudad durante dos huelgas de una semana que colapsaron la Gran Vía de Barcelona. La posición de la alcaldesa tuvo la complicidad de la Generalitat, que finalmente acabó regulando el sector al dictado de los taxistas provocando la salida de Uber y Cabify de Barcelona, aunque los segundos vuelven a dar servicio en ella.

Pero el gran conflicto está ahora en el Metro de Barcelona. Sus trabajadores han convocado una nueva huelga durante la campaña electoral por la crisis del amianto. La empresa, TMB, asegura que no hay riesgo para los trabajadores, pero estos exigen revisiones y tratamientos al margen de la sanidad pública en un nuevo pulso con Mercedes Vidal, la regidora de movilidad que ya ha anunciado que no repetirá en el Ayuntamiento.

Terrazas

Los restauradores son otra de las «víctimas» del mandato de Colau por su aplicación de la  uno de los sectores más perjudicados por la gestión de los Comunes, especialmente por la ordenanza de terrazas. Tanto es así, que en un gesto inédito el sector hizo público el pasado marzo un vídeo denuncia en el que presentaba una Barcelona sin bares ni terrazas. 70.000 empleos dependen de este sector, que se siente especialmente castigado por Colau -aunque la ordenanza la heredó de Xavier Trias- y reclaman «el 26 de mayo, compromiso con la restauración».

Contaminación

La agenda verde es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la obra de gobierno de Ada Colau, gracias a las superïlles creadas en diversos distritos para «pacificar» el tráfico o la proliferación de carril bici en la ciudad. Pero la contaminación se ha convertido, pese a todo, en uno de los grandes problemas de Barcelona, castigada por la ineficacia de la red de Rodalies que favorece la entrada de centenares de miles de coches cada día procedentes del área metropolitana. La ciudad supera desde 2010 los valores máximos de polución por dióxido de nitrógeno que fija la directiva europea, el 98% de los barceloneses está expuesto a niveles de partículas finas superiores a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y se estima que hay unas 3.500 muertes prematuras vinculadas a la contaminación cada año en la gran Barcelona.

Incivismo

Barcelona aprobó bajo el mandato de Jordi Hereu la primera ordenanza de civismo de Cataluña. Pero su aplicación se ha convertido en una quimera en los últimos cuatro años. Los equipos municipales suelen asociar el problema al turismo de borrachera, que incide especialmente en Ciutat Vella y la Barceloneta, con los masivos botellones en la playa cuando empieza la temporada de verano. Pero la retirada de las calles de la Guardia Urbana ha favorecido estos comportamientos en otros barrios de la ciudad. La nueva ordenanza de civismo liderada por Jaume Asens nunca vio la luz, porque el edil de los Comunes consideraba las propuestas de grupos como PDeCat, PP o PSC «más duras que la Ley Mordaza».

La Sagrera y Glorias

Son las dos grandes reformas urbanísticas heredadas por Ada Colau, que concluirá el mandato sin haber concluido ninguna. En el caso de Glorias, al llegar al consistorio paró las obras en seco por las sospechas de corrupción. La auditoria municipal se tradujo en un sobrecoste de 12 millones de euros en la construcción del túnel de acceso a Barcelona por la Gran Vía y un parón en las obras de más de un año que ha hecho que la infraestructura siga pendiente. En el caso de La Sagrera, la presunta corrupción está ya en manos de la Justicia, pero ha servido para bloquear una reforma con participación mayoritaria del Estado, que sólo ha reemprendido las obras a trompicones a partir de 2017.

Cultura

Es otra de las grandes olvidadas en la gestiones de los Comunes. El desinterés por las infraestructuras culturales ha sido una constante durante todo el mandato, aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido el enfrentamiento abierto con el MNAC a cuenta de la ampliación del museo. El Ayuntamiento y el MNAC tenían un acuerdo para ampliar el centro -instalado en el Raval para revitalizar el barrio- con la Capilla de la Misericordia. Pero a cinco meses de las elecciones la regidora del distrito, Gala Pin, ofreció ese espacio para instalar el nuevo CAP, poniendo a los vecinos en contra del MNAC, en una batalla que sigue abierta.