Política

La vía socialista, más cerca que nunca en Castilla y León: Cs abre la puerta a pactar

Aguado ha señalado que en la región "todo está abierto" y que no llegarían a acuerdos con el PP "por razones de corrupción", con las acusaciones por pucherazo en las primarias del PP regional como telón de fondo

Ignacio Aguado en declaraciones ante los medios.

Ignacio Aguado en declaraciones ante los medios. EP

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha abierto la posibilidad a un pacto con el PSOE en Castilla y León, después de que este sábado el líder de Ciudadanos en esta comunidad autónoma expresara las "serias dudas" sobre la "voluntad real" del PP para admitir "el cambio y la regeneración".

Aunque ha recordado que el "socio preferente" para pactar en toda España "tiene que ser el PP", Aguado ha indicado que si no es posible "por razones de corrupción o por otras razones se abre la puerta a otras formaciones políticas".

"A día de hoy todo está abierto", ha señalado Aguado en referencia a la formación de gobierno en Castilla y León, después de participar en la sexta edición de la Carrera Contra la Violencia de Género que se ha celebrado en Madrid.

"Marcamos una serie de criterios para llegar a acuerdos, hemos considerado que el socio preferente en toda España tiene que ser el PP, pero si no es posible por razones de corrupción o por razones de otra índole se abre la puerta a otras formaciones", ha subrayado el de la formación naranja.

En este sentido, Aguado ha asegurado que, "en cualquier caso", Ciudadanos no pactará "con populistas ni con nacionalistas". "Hay un comité de negociación de gobierno que está en marcha, que decide con qué partido podemos llegar a acuerdos siempre pensando, en este caso, en los ciudadanos de Castilla y León", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que Albert Rivera le transmitió al Rey que los españoles habían situado a Cs "en la oposición con más de 4 millones de votos". "Es donde vamos a estar, ejerciendo una oposición firme, responsable, leal a España y demostrando que los planteamientos de Sánchez son contraproducentes al interés general. No queremos guiños al separatismo", ha sentenciado.

Acusaciones de 'pucherazo' contra el PP

El Partido Popular de Castilla y León ha advertido que interpondrá "acciones legales de carácter penal" contra quien ha realizado "afirmaciones manifiestamente falsas e imputaciones calumniosas sin prueba alguna que lo sustente", contra miembros del PP y en relación con el proceso de primarias del año 2017.

Según expone un comunicado, los populares han salido al paso de unas "graves acusaciones" publicadas en Diario 16 de las que se ha hecho eco el PSCyL en el día de hoy, las cuales señalan que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el ex coordinador general del PP, Fernado Martínez-Maíllo y el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz permitieron la falsificación de cerca de 5.000 firmas de afiliados e ingresos en dinero B por un valor cercano a los 500.000 euros en el proceso de primarias de 2017.

En este sentido, puntualizan que el proceso electoral de primarias en el Partido Popular de Castilla y León no sólo "no tuvo ninguna impugnación", sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del PP, "no puso ningún tipo de reparo al funcionamiento de la misma".

"Las primarias del Partido Popular fueron un ejemplo de participación democrática por parte de sus afiliados. La trayectoria del PP de Castilla y León es ejemplar y cualquier intento de manchar la honorabilidad de cualquiera de las personas que lo integran sólo se explica por la aviesa intención de algunas personas e instituciones de torpedear las negociaciones para la gobernabilidad en Castilla y León", concluye el comunicado.

Pese a la negación frontal por parte del partido, la posible imputación de Mañueco, "socio preferente" de Ciudadanos en la región precipitaría el fin del acuerdo entre ambos partidos por contrariar una de las premisas incodicionales establecidas por Francisco Igea -y auspiciadas por la dirección nacional- para llegar a pactos: la negación a que miembros imputados "de cualquier partido" entren a formar parte de cargos públicos.

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