Interior maniobra para tumbar la denuncia por "presiones" al auditor de la equiparación salarial

La Abogacía del Estado ha forzado in extremis este lunes la suspensión de la declaración de un representante de la consultora que ha elaborado el informe sobre la equiparación de los sueldos de los policías nacionales y guardias civiles con los de los Mossos en el procedimiento que instruye un juzgado de Madrid por la presuntas "presiones" que habrían ejercido altos cargos del Ministerio del Interior hacia los técnicos encargados de realizar dicho estudio.

La titular del Juzgado de Instrucción 17 de Madrid, Inmaculada Lova, había citado a declarar en calidad de testigos a un representante de Ernst&Young Abogados SLP, a la vocal representante del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha participado en las reuniones de seguimiento (Alicia de las Heras) y al periodista de El Independiente Antonio Salvador tras la denuncia que interpuso el pasado 3 de abril la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Los denunciantes piden que se investigue si el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tratado de condicionar el análisis encargado a Ernst&Young a fin de que las conclusiones del trabajo se circunscriban a los 807 millones de euros ya consignados para el periodo 2018-2020, cerrando así la puerta a un eventual desembolso adicional.

Según ha podido conocer este diario, la Abogacía del Estado -personada en el procedimiento desde el pasado 5 de junio- presentó un escrito este mismo lunes por la mañana en el que pedía la suspensión de las testificales con los argumentos de que otro juzgado que investigaba teóricamente los mismos hechos había decretado ya el archivo de las actuaciones y de que la denuncia se basaba en meras informaciones periodísticas.

La Abogacía del Estado fuerza 'in extremis' la suspensión de la declaración de un representante de la consultora

El pasado 29 de mayo, el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid acordó incoar diligencias previas y simultáneamente el sobreseimiento del caso tras la querella presentada por la Unión de Guardias Civiles (Unión GC) -esta parte no ha recurrido el archivo- al no apreciar "indicios racionales" de delito. Era la segunda acción penal promovida en los tribunales por la ejecución del acuerdo de equiparación salarial, alcanzado en marzo de 2018 por Juan Ignacio Zoido (PP) con los representantes de los policías nacionales y los guardias civiles.

Frente al argumento invocado por la Abogacía del Estado, las denuncias de la AUGC y la Unión GC no son las mismas. La primera aprecia la comisión del delito descrito en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica "las actuaciones de la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las Leyes". Y, la segunda, atribuye un delito de prevaricación al director general del Cuerpo, Félix Azón, por recortar "de forma unilateral" el porcentaje de reparto del segundo tramo -abonado en la nómina de abril- a fin de que los policías nacionales reciban un 1,72 % más que en 2018.

La juez Inmaculada Lova deberá decidir ahora si continúa adelante con el procedimiento -incoado el pasado 20 de mayo al considerar que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal"- y vuelve a señalar nuevamente las citadas testificales u opta por el archivo, como plantea la Abogacía del Estado.

"Nula de pleno derecho"

La instructora también tendrá que resolver el recurso de reforma interpuesto este lunes por la AUGC contra la decisión de admitir la personación de la Abogacía del Estado en este procedimiento. La citada asociación profesional de la Guardia Civil considera que no procede que los servicios jurídicos del Estado sean parte en esta causa puesto que "no ha sido objeto de imputación alguna por el momento (...) autoridad o servidor público del Ministerio del Interior" y piden su expulsión.

"La presencia de la Abogacía del Estado como parte procesal es contraria a Derecho y ha de ser tenida como nula de pleno derecho, de tal forma que ha de ser expulsada del procedimiento con la expresa indicación de que los actos que se hayan llevado a cabo a su requerimiento o instancia son nulos de pleno derecho", razona.

Junto a las testificales, la juez Lova habían reclamado tanto a Erns&Young como al Ministerio del Interior todos los informes elaborados por la consultora en el marco del encargo que le hizo el pasado verano el Ministerio del Interior. Fuentes de la AUGC han dicho que, si ha llegado al juzgado, ellos no han dispuesto de dicha documentación para preparar las declaraciones -finalmente suspendidas- que se habían señalado para este lunes.

Informes bajo llave

Hasta el momento, los representantes de los policías y los guardias civiles no han logrado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska les dé copia ni del último informe -devuelto para que lo rehiciera Ernst&Young, que ya ha debido de entregar la versión corregida al haber expirado el plazo de los 45 días hábiles de que disponía- ni de los avances provisionales que establecía el pliego de condiciones que reguló el procedimiento de contratación. Y eso que la cláusula primera del acuerdo de equiparación salarial establecía que había que contar con los sindicatos de Policía y las asociaciones de la Guardia Civil a la hora de realizar el trabajo.

La opacidad de Interior ha llevado a sindicatos y asociaciones a solicitar los citados informes a través del Portal de la Transparencia, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta. Tampoco han tenido éxito cuando se han dirigido a la consultora, que les ha remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer cualquier información relativa al trabajo realizado.