Una criminóloga de 23 años, número uno de los 832 nuevos funcionarios de Prisiones

Tiene 23 años, es licenciada en Criminología por la Universidad de Valencia y ha sido la número uno de la promoción de 832 funcionarios que, en la mayor oferta de empleo público de los últimos años, se han incorporado este martes al cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Ella es miembro del nuevo grupo de efectivos que, con una edad media de 34,6 años, cada vez mayor formación y con un número superior de mujeres, se incorporará en julio a centros penitenciarios de toda España tras superar el mes de prácticas que ahora inician. Ese periodo de formación se llevará a cabo en 40 cárceles, elegidas por los nuevos funcionarios atendiendo al criterio de cercanía a sus lugares de residencia.

A la última convocatoria se presentaron 13.000 aspirantes, de los que 458 mujeres y 374 hombres han conseguido entrar a formar parte del funcionariado de prisiones en el marco de esta 45 promoción. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, cuando este contingente ocupe sus destinos serán unas 1.800 las vacantes aún por cobrar, cifra que menguará cuando dentro de un año se incorporen otros 900 funcionarios más.

Presidido por el ministro funciones Fernando Grande-Marlaska, este martes ha tenido lugar la entrega de diplomas a los nuevos funcionarios, a los que el titular de Interior ha agradecido su entrega "al servicio público y a la defensa de los valores de igualdad y dignidad de nuestra democracia”.

"Dignificar la profesión"

El ministro ha dicho que España es un "referente a nivel internacional" en materia penitenciaria, "no sólo por nuestras infraestructuras y nuestra legislación sino por unas políticas humanistas cuya finalidad es la resocialización que proclama la Constitución Española”.

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, ha pedido a los nuevos funcionarios que sean “los primeros en dignificar esta profesión con una actitud responsable y un compromiso ético, particularmente exigibles cuando los destinatarios son colectivos especialmente vulnerables”.