Política

El comisario Villarejo se atribuye un papel destacado en la lucha contra ETA

El policía hoy en prisión asegura en una carta enviada al juez de la Audiencia Nacional que lo investiga que, estando de excedencia en los años 80, realizó trabajos para el Estado que evitaron “numerosos atentados” de la banda terrorista

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. EFE

El comisario José Manuel Villarejo se atribuye un papel relevante en la lucha contra la banda terrorista ETA y asegura que realizó trabajos sensibles para el Estado cuando se encontraba en situación de excedencia en la Policía Nacional (1983-1993) «sin compensación de ningún tipo».

Así lo relata el antiguo agente encubierto en la nueva carta que ha enviado al juez de la Audiencia Nacional que lo investiga y mantiene en prisión preventiva en el marco del caso Tándem, el magistrado Manuel García-Castellón. En la extensa misiva, fechada el 21 de mayo y a la que ha tenido acceso este diario, el antiguo agente encubierto relata diversos hechos que él considera «de gran relevancia» y con los que trata de combatir las «vergonzantes filtraciones» de las actuaciones que siguen contra él la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Villarejo sostiene que organizó en Uruguay «una estructura para suministro de bebidas a los restaurantes de ETA» en la década de los 80 «a petición del PSOE» -partido que, liderado por Felipe González, alcanzó la Presidencia del Gobierno en las elecciones celebradas en octubre de 1982- y que captó a «técnicos de Telefónica de Cuba para obtener las conversaciones de los etarras».

El comisario hoy en prisión cuenta en una carta enviada al juez que lo investiga que realizó trabajos de lucha contra ETA cuando estaba de excedencia en la Policía

«Negarán todos los trabajos que hice tanto en Sudamérica como en Francia e incluso en España, interviniendo comunicaciones que, de no haberse conocido, hubieran provocado numerosos atentados», augura el investigado refiriéndose a los que están construyendo la «patraña acusatoria» contra él. Según reconoce, todas esas actuaciones las llevó a cabo cuando oficialmente «estaba excedente» en la Policía Nacional y «no tenía ningún vínculo oficial» con el Cuerpo.

El controvertido comisario ingresó en la Escuela de Policía en 1972 y estuvo en activo en una primera etapa hasta 1983, cuando inició una excedencia de diez años. En 1993 comenzó a ejercer como ‘agente operativo’ -adscrito a la Secretaría de Estado de Interior y con dependencia funcional de la Subdirección General Operativa- y se mantuvo en servicio hasta que pasó a la situación administrativa de jubilación voluntaria el 22 de junio de 2016, justo 12 días antes de cumplir los 65 años de edad.

Según cuenta al instructor, la «única razón» que justificó su reincorporación al Cuerpo fue «validar judicialmente» las actuaciones que había realizado para el Estado, al requerir la normativa el «estatus de activo». «Me pidieron en 1993 volver a constar como miembro activo de la Policía, sólo a efectos operativos y práctico para validar mis informes», asegura en la carta.

Corcuera no lo recuerda

Ésta es la misma versión que mantuvo cuando, ocho meses antes de su detención y su posterior envío a prisión, concedió una entrevista a El Independiente: «En 1983 empecé una excedencia de diez años en la Policía y me impliqué en el despacho de abogados e incluso monté una empresa musical. En esos años me seguían pidiendo favores en la Policía porque mantenía buenas relaciones. En otra ocasión me pidieron que, como en Uruguay había una gran colonia de ETA, montara sociedades allí. En 1993, el ministro Corcuera me dijo que estaba trabajando divinamente pero que, como estaba fuera, a mis informes no podían darle la entidad debida y que querían darme la condición de activo para poder decir que quien informaba era un policía».

Cuando este diario le preguntó, el ex ministro del Interior dijo no tener el «menor recuerdo» de un policía nacional que se apellidara Villarejo. «Si usted me pregunta si yo conozco de aquella época -del 88 al 93- a algún funcionario público que se llamara como el hombre por el que usted me pregunta le digo que no. No hay más que decir», zanjó José Luis Corcuera.

En la misiva enviada al juez García-Castellón, el comisario hoy en prisión asegura también que participó en la intervención de comunicaciones «sin autorización judicial» de Herri Batasuna antes de su ilegalización y en la constitución de sociedades en el extranjero «para así desenmascarar parte del entramado de financiación de ETA» fuera de España. «Por el criterio, ahora de la Fiscalía, en mi caso sería ilegal pero no para los miembros del CESID [Centro Superior de Información de la Defensa], hoy CNI, que en más de una ocasión me relevaron en esas operaciones», censura.

Villarejo acusa al jefe del CNI de desdeñar información sobre la «intencionalidad» del imán de Ripoll, cerebro del doble atentado de Cataluña en 2017

José Manuel Villarejo ataca en la carta duramente a Félix Sanz Roldán, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los últimos diez años y quien se despide del puesto este viernes al agotar su mandato. Como en escritos anteriores, el policía da detalles de su enfrentamiento con el jefe de los espías españoles, al que responsabiliza de su detención e ingreso en prisión con el objetivo «de tener acceso al control total» de su archivo personal.

Entre los reproches que lanza al jefe de los espías, al que habitualmente se refiere como El generalísimo por su rango de general del Ejército de Tierra, figura haber desdeñado información «de una importancia capital» que él obtuvo por los «contactos» que hizo durante su etapa como agente encubierto en «fuentes de primerísimo nivel en países sensibles».

Así, Villarejo asegura que «se trató de prevenir» a Sanz Roldán en 2015 de la «verdadera intencionalidad del imán de Ripoll» Abdelbaki Es Satty, la persona que radicalizó a los integrantes de la célula de Alcanar (Tarragona) que perpetró el doble atentado terrorista en Cataluña en agosto de 2017. «Por un grave error, creían que trabajaba colaborando con el CNI cuando era un terrorista al que irresponsablemente se le protegió hasta el mismo día del atentado de Las Ramblas de Barcelona», sostiene.

El CNI reconoció que agentes visitaron en cuatro ocasiones a Es Satty en la prisión de Castellón entre 2012 y 2014, cuando el imán cumplía condena por un delito de tráfico de drogas. Los detalles de esos encuentros constan en un informe que Instituciones Penitenciarias aportó a la causa que dirigió el juez Fernando Andreu en el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.

«Círculo de poder absoluto»

El antiguo agente encubierto sostiene que Sanz Roldán trató de imponer un «monopolio excluyente» de los distintos servicios de Inteligencia del país y asegura que llegó a manejar «a su antojo» a la vicepresidenta del Gobierno -en relación a Soraya Sáenz de Santamaría, ex ministra de Presidencia y máxima responsable política del CNI en la etapa de Rajoy- «una vez que situó a su marido en un inocuo puesto en Telefónica con un sueldo millonario».

«Este entramado de intereses permitió al director del CNI tener un control privilegiado, tanto en el Ministerio de Interior como en el de Vicepresidencia, lo que unido al que ya poseía en la Corona le situó en el puesto actual de ser el personaje que más poder acumula en solitario en España», indica.

Villarejo sostiene que Sanz Roldán logró cerrar el «círculo de poder absoluto» merced al «control que ejercía sobre importantes jueces y fiscales». «Para el trabajo de campo, a diario, cuanta con un reducido grupo de fiscales de extrema izquierda, apenas si sobrepasan una veintena, pero que con el apoyo y protección que le brinda el potencial del CNI, se imponen al resto de la Fiscalía y llegado el caso, no dudan en forzar la dimisión de su jefe [en alusión a Manuel Moix, ex fiscal jefe de Anticorrupción], como ocurrió recientemente, sin que ni siquiera el Fiscal General pudiera impedirlo, lo que evidencia la tiranía que ejercen sobre el resto», añade.

En la carta, el comisario explica que «una fuente de Londres» le confirmó que, en abril de 2017, el fiscal Moix «se había negado a iniciar» acciones contra él por basarse en una «denuncia anónima». «Este hecho, junto con el vano intento de investigar las prácticas corruptas de determinados miembros de su Fiscalía que presionaron a testigos para cambiar declaraciones, entre otros en asuntos que interesaban a Sanz Roldán como una investigación que se realizada en Andorra, acabó con el cargo del fiscal Moix. A raíz de la filtración calculada de que, en su día, su padre había tenido una firma offshore, se forzó su dimisión pese a contar con la confianza del Fiscal General, quien poco después moriría en Argentina de manera repentina y muy oportunamente», agrega.

«Enmascarar» su detención

Según el polémico policía, el jefe del CNI utilizó la operación de infiltración de un informador en el «exclusivo círculo del presidente de Guinea Ecuatorial» que él había llevado a cabo en 2012 para «enmascarar» su detención a principios de noviembre de 2017, cuando ya se había jubilado como agente.

Esta versión contrasta con la que defiende la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que, con «abuso» de su cargo policial, Villarejo prestó servicios privados de información e inteligencia para ciudadanos guineanos vinculados a la petrolera estatal Gepetrol -el denominado Informe King- por los que su empresa cobró 5,3 millones de euros. Según el Ministerio Público, el policía se valía de un «complejo entramado societario» que le permitía «oscurecer» el origen de los fondos «para integrarlo en el circuito económico legal tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Panamá».

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