Política

El calvario de la funcionaria de la URJC que se hizo el 'selfie' con Cifuentes

La funcionaria Amalia Calonge con Cristina Cifuentes.

Su calvario comenzó cuando salió a relucir que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes obtuvo la titulación del máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de forma presuntamente fraudulenta, valiéndose de la falsificación de calificaciones en varias asignaturas. Ella es Amalia Calonge, una de las funcionarias que modificó las notas de la ex dirigente popular.

Fue imputada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid quien, posteriormente, se vio obligada a archivar el procedimiento contra ella. Sin embargo, su vía crucis continúa casi un año después de que se acordara dicho sobreseimiento judicial porque la universidad mantiene abierto un expediente disciplinario contra Calonge. Es el único expediente que se abrió a raíz del caso Máster.

Asegura que cambió las notas de Cifuentes por orden del catedrático Pablo Chico sin dudar, pues no se planteó su procedencia o improcedencia “siendo precisamente un catedrático quien le da una indicación a una funcionaria”. “Es claro, por tanto, que debido a unos errores en las actas, tras una conversación telefónica y un mail del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, don Pablo Chico a la funcionaria Amalia Calonge esta procedió a hacer la modificación, conforme a lo solicitado por el profesor”, asegura su abogado en el marco del procedimiento disciplinario que mantiene abierto la URJC.

En concreto, está acusada de modificar tres asignaturas, dos en el año 2014 y una tercera en 2016, sin pertenecer a la unidad universitaria competente para hacerlo y por haberlo hecho “sin autorización”.

Cumplió una orden

Sin embargo, su letrado Santiago Milans del Bosch la considera el chivo expiatorio del caso Máster. “Es fundamental recordar la situación de Amalia durante el curso 2014. Tal y como ha quedado acreditado, ella en julio de 2014 deja oficialmente el puesto que ostentaba como Jefa de Secretaría de Alumnos para ser trasladada a Gestión de Campus de Alcorcón. Sin embargo, pese a despedirse de los compañeros en julio, no es hasta más tarde cuando deja realmente las funciones que tenía entonces, pues su jefe, Darío Sánchez Villar, gerente del Campus de Alcorcón, le da expresas indicaciones de continuar con la tarea que realizaba antes del cambio y así ayudar a la persona que la sustituirá. Es en ese interín cuando recibe la orden de modificación del acta de Cristina Cifuentes. Amalia no era consciente, si quiera, de que había sido dada de baja en el sistema de la aplicación para calificar”, explica.

La funcionaria, que cree que su calvario comenzó cuando salió a la luz pública la fotografía ‘selfie’ que se hizo con la expresidenta Cifuentes, asegura que no hay protocolo escrito sobre actuación por parte de personal universitario para modificar una calificación y que a lo largo de todo el procedimiento disciplinario y penal ha quedado acreditado “la cantidad de insuficiencias e irregularidades presentes en toda la gestión de la Universidad Rey Juan Carlos”. Unas deficiencias de la que no se considera en absoluto responsable.

Además, entiende que la instructora del citado expediente disciplinario, la profesora Amparo Núñez Martí no goza de la imparcialidad suficiente para investigarla. La razón es que era la adjunta a la Inspección de Servicios cuando la universidad decidió incoar el expediente disciplinario contra doña Amalia Calonge y sólo contra ella.

El expediente caduca

Calonge está acusada de una falta muy grave consistente en “la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”. Su expediente disciplinario -casi un año después de ser incoado- está próximo a caducar. Su martirio, próximo a finalizar.

Por su parte, desde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) defienden que se trata de "una información reservada" a la par que aseguran que tras saltar a la luz pública el escándalo sobre sus máster han adoptado diversas medidas para depurar responsabilidades y evitar nuevos episodios similares en sus centros docentes.

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