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Equiparación salarial: radiografía en 10 cifras

Política

Equiparación salarial: radiografía en 10 cifras

No habrá más dinero del ya comprometido -807 millones de euros entre 2018 y 2020- para abordar la equiparación de las nóminas de los policías nacionales y guardias civiles con las de los Mossos d’Esquadra. Queda claro tras el informe que el Ministerio del Interior ha entregado esta semana a los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que firmaron el acuerdo en marzo de 2018.

A la espera de que los representantes de los agentes analicen pormenorizadamente el trabajo de la auditora externa (Ernst&Young) y se reúnan en septiembre con el equipo de Grande-Marlaska para valorar las conclusiones del trabajo, la consultora se ha limitado a analizar el reparto de los 807 millones y -siguiendo las instrucciones de Interior- ha evitado analizar si se necesitaría más dinero para que la igualdad salarial sea «total y absoluta», como establecía el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este presunto incumplimiento será combatido con seguridad en los tribunales, según ha avanzado ya algún sindicato.

¿Qué repercusión tendrá el informe de la auditora? ¿Cuánto queda por pagar? ¿Cuál será el porcentaje de reparto del dinero entre los Cuerpos policiales en 2020? ¿Cuánto se destina anualmente a la remuneración de cruces y condecoraciones por actos de servicio? ¿Qué importa el complemento de ‘zona conflictiva’? ¿Y el plus de ‘territorialidad’? El Independiente disecciona en esta radiografía las 10 cifras más relevantes relacionadas con la subida (más que equiparación) salarial.

  • 807 millones. El Ministerio del Interior ha impuesto a la consultora externa que su trabajo de análisis se ciñera al reparto de los 807 millones de euros que se detallan en el acuerdo que el popular Juan Ignacio Zoido firmó con los representantes de cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) el 12 de marzo de 2018. Para que se pudiera rubricar aquel pacto, la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una auditora que, tras comparar las retribuciones con los Mossos d’Esquadra «puesto a puesto», llevara a cabo las «correcciones» que fueran necesarias para que la equiparación salarial fuera «total y absoluta». Con el dictamen del Consejo de Estado concluyendo que los compromisos heredados «no vinculan jurídicamente» al actual equipo, Grande-Marlaska ha dinamitado el espíritu del acuerdo y ha puesto a los pies de los caballos a las organizaciones que lo firmaron, que pensaban que con dicha cláusula blindaban la revisión al alza de la cantidad en la que se plantó Interior. Contraria a dar por buenos los 807 millones desde un principio, Jusapol ha recrudecido esta semana sus críticas a las organizaciones firmantes y ya ha anunciado que declarará el conflicto colectivo permanente en el Consejo de Policía mientras se tramita en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que necesitará el apoyo del 88 % de la Cámara para que salga adelante.
  • 247 millones. Es el importe que queda por desembolsar de los 807 millones comprometidos para el trienio 2018-2020. La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, reiteró el pasado lunes que la intención de su equipo es abonar el tercer tramo en enero del próximo año. En 2019 hubo prórroga presupuestaria ante la imposibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante sus propias cuentas y ello no fue óbice para que se pagara el segundo tramo (250 millones).
  • 145,7 millones. De los 247 millones anunciados para el próximo año, 145,7 se repartirán teóricamente entre los guardias civiles. En su informe, Ernst&Young Abogados corrige el criterio aplicado por Interior este año y aboga por que los agentes del Instituto Armado reciban el 59 % del dinero y los policías nacionales el 41 %, la proporción que se aplicó en 2018 y que la Secretaría de Estado de Seguridad alteró en 2019 (57,28 %-42,72 %). La duda es si Interior respetará esta conclusión o mantendrá su criterio.
  • 956,65 euros. Frente a la subida lineal que se ha venido aplicando hasta ahora, la auditora establece en su informe el incremento que le corresponde a cada categoría o empleo para recortar la brecha salarial con los Mossos. La cuantía más elevada es la que le correspondería a un comisario principal nivel 28 de la Policía Nacional: 956,65 euros mensuales. En el caso de la Guardia Civil, la mayor subida correspondería a los cabos 4/cabos mayores: 771,18 euros al mes.
  • 54,64 millones. La Policía Nacional reparte anualmente 54,64 millones de euros entre parte de su plantilla en concepto de ‘territorialidad’. Con este abono se trata de compensar la penosidad del trabajo o la carestía de vida del destino y su cuantía no es uniforme. Así, mientras que en Cataluña se percibe por este plus 53,04 euros al mes, en Madrid la cifra se eleva hasta los 180,02 euros mensuales. Los guardias civiles no cobran este complemento. Los beneficiarios en 2017 fueron 36.362 policías, según se detalla en el informe de la consultora externa.
  • 43,46 millones. Es la cantidad que anualmente dedica el Ministerio del Interior a pagar el denominado complemento por ‘zona conflictiva’ (14,94 millones los policías nacionales y 28,52 millones los guardias civiles), como el que perciben los agentes destinados en el País Vasco y Navarra (1.927 funcionarios lo cobraron en 2017). Se trata de un plus que aprobó el Gobierno de Adolfo Suárez en agosto de 1980 ante el mayor riesgo al que se enfrentaban por la actividad de ETA, que tenía a las fuerzas y seguridad del Estado entre sus objetivos. La consultora externa propone ahora revisar ese complemento ante la nueva «realidad» que se vive en esas comunidades tras la disolución de la banda terrorista.
  • 39,48 millones. Cuando la Secretaría de Estado de Seguridad cifró en 807 millones el coste que tendría equiparar las nóminas de los policías nacionales y de los guardias civiles con las de los mossos -en contra de los cálculos de sindicatos y asociaciones profesionales- manejó entre otros conceptos retributivos el ‘plus de residencia’, ayuda que se concede para resarcir a los agentes de los gastos en los que incurran como consecuencia de servicios que establezca el Gobierno en cualquier lugar del territorio nacional. Este concepto ascendió en 2017 a 39,48 millones, de los que 20,86 millones se distribuyeron entre los funcionarios del Instituto Armado. En su informe, la auditora recuerda que dicho plus tiene «carácter indemnizatorio» y en consecuencia “no debiera ser considerado como retribución», por lo que Ernst&Young llegó a la conclusión en su primer informe -devuelto por Interior- de que los 807 millones comprometidos es una cantidad «insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva». Esa expresión ya no se recoge en la versión que el departamento de Grande-Marlaska ha dado por buena.
  • 5,79 millones. El estudio de las retribuciones encargado a la auditora ha permitido conocer la cantidad que el erario dedica cada año a retribuir las cruces y condecoraciones concedidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil -no todas comportan incremento de pensión- a los agentes que destacan por «servicios de destacado mérito o extraordinario relieve» y que puntúan para los ascensos y los cambios de destinos. Sindicatos y asociaciones profesionales denuncian de forma reiterada que muchas de las medallas se otorgan sin respetar el espíritu con el que se crearon estos reconocimientos, al concederse a agentes centrados en labores de oficina y no en servicio operativo.
  • 98.443 euros. Los mejor remunerados en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los cuatro tenientes generales de la Guardia Civil, el puesto operativo más alto al que se puede llegar en este Cuerpo. Cada uno de ellos percibió en 2017 unos 98.400 euros, casi 9.500 euros más que el agente de los Mossos d’Esquadra mejor pagado: el major (89.100 euros).
  • 138.997 funcionarios. El cálculo de la equiparación salarial se hizo tomando en consideración una plantilla total de 138.997 funcionarios. En concreto, 63.224 policías nacionales y 75.773 guardias civiles. Las restricciones presupuestarias aplicadas por la crisis económica y la congelación de la tasa de reposición ha diezmado la dotación de ambos Cuerpos, situación que el Gobierno ha empezado ya a corregir incrementando las plazas ofertadas en las oposiciones convocadas este año. En el caso del Instituto Armado se han convocado 2.210 puestos en la escala de cabos y guardias, la mayor cifra desde 2009.