Política

La dirección de los Mossos contempla que la tensión en Cataluña se alargue hasta el 10-N

En la Consejería de Interior crece el convencimiento de que la presión independentista se mantenga en la calle mientras el 'president' Torra no condene de forma contundente la violencia y muestre abiertamente un respaldo sin fisuras a su propio Policía

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La dirección de los Mossos contempla que la tensión en Cataluña se alargue hasta el 10-N

Policías nacionales y agentes de los Mossos d'Esquadra, este miércoles a las puertas de la Consejería de Interior en Barcelona. EFE

Resumen:

La Consellería de Interior, el departamento de la Generalitat del que dependen los Mossos d’Esquadra, contempla el escenario de que pueda alargarse hasta las elecciones generales del próximo 10-N la tensión que se vive en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés.

Desde el lunes, los radicales están protagonizando actos violentos en diferentes puntos de la comunidad -principalmente en Barcelona, donde se ha registrado el asedio al aeropuerto de El Prat y multitudinarias concentraciones a las puertas de la Jefatura Superior de Policía y de la Delegación del Gobierno en Cataluña- ante los que están respondiendo de forma conjunta y expeditiva tanto la Policía Autonómica como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También de forma continuada en Girona, Lleida y Tarragona.

Los cuerpos policiales tienen cada vez más claro que los responsables de los disturbios llevan meses preparando los actos de sabotaje y que están perfectamente coordinados y adiestrados para la guerrilla urbana. Como botón de muestra, las fuentes consultadas señalan que se ha intervenido material del que lanzan a mossos y policías nacionales en portales de edificios, lo que demuestra planificación y no precisamente improvisación.

La incógnita es hasta cuándo se mantendrá esa contestación en la calle. En el departamento que dirige Miquel Buch, cuya dimisión han pedido esta semana abiertamente la CUP, los Comunes y las Juventudes de Esquerra Republicana (ERC) por la activa actuación que están teniendo los Mossos a la hora de disolver a los manifestantes violentos, existe el convencimiento de que la tensión se mantendrá viva mientras el Gobierno de Quim Torra no haga una condena expresa y muestre abiertamente su respaldo a su propia Policía. Y los partidos independentistas (JxCat y ERC) hagan suya esa condena, respaldando la actuación policial.

Desde ERC han sido constantes las críticas a la gestión de los Mossos, centrándose en el atropello a un manifestante en Tarragona durante la noche del miércoles. Unas criticas que, sumadas a las de la CUP y los comunes, dan alas a los radicales independentistas, que se sienten así legitimados en su batalla contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Críticos con la actuación policial

Tampoco en JxCat hay un apoyo férreo a la Policía Autonómica. Los antiguos convergentes tienen claro que mantener las competencias en materia de seguridad es prioritario y eso pasa por apoyar a los mossos en sus actuaciones, pero los dirigentes recién aterrizados desde el activismo como el propio Torra son muy críticos con la actuación policial. La portada de ayer noche de Vilaweb, medio de cabecera del independentismo, avalaba las tesis de este sector: «La ausencia de Policía permite la primera noche tranquila de protestas contra la sentencia».

Esa censura explícita al vandalismo es lo que este jueves le pidió al jefe del Ejecutivo catalán el ministro del Interior en funciones al término de la reunión de la comisión de seguimiento de la situación en Cataluña. Fernando Grande-Marlaska ha instado a Torra a condenar «de una forma expresa e indubitada» la violencia que se viene registrando desde el lunes en la comunidad -y «no a última hora de la noche y yendo de una forma arrastrada», ha precisado- y que reconozca el trabajo que están haciendo los Mossos.

En la Consejería de Interior crece la idea de que la presión se podría mantener en la calle mientras Torra no condene la violencia y respalde a su Policía

En una comparecencia televisiva durante la medianoche del jueves, el presidente autonómico consideró «normal y bueno» que la gente proteste contra una sentencia «injusta y aberrante», atribuyendo la responsabilidad de las algaradas callejeras a «grupos de infiltrados». «El movimiento independentista no ha sido violento, siempre condenamos la violencia, no se pueden permitir los incidentes que estamos viendo en nuestras calles», señaló.

Frente al temor que existe en la Consejería de Interior de que la situación pueda prolongarse, Grande-Marlaska se ha mostrado públicamente confiado en que la violencia «disminuya» en los próximos días. El ministro basa su optimismo en la eficacia que está teniendo la actuación policial -se han practicado 97 detenciones desde el lunes, encontrándose cuatro de los arrestados en prisión preventiva como supuestos autores de delitores desórdenes públicos y atentado a la autoridad- y en el hecho de que la sociedad catalana «está trasladando que no quiere ser testigo, en ningún modo, de actuaciones delictivas» como las que se están registrando.

Tanto la Policía Nacional como los Mossos d’Esquadra dejan entrever que este fin de semana será clave. Ello se deduce del refuerzo que el Cuerpo Nacional ha iniciado este mismo jueves -enviando a Cataluña otros ocho grupos, concretamente cuatro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o Antidisturbios y otros cuatro de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- y del cambio de planificación que la jefatura operativa de la Policía de la Generalitat ha ordenado a todas las comisarías generales, áreas regionales y unidades a fin de movilizar todos los efectivos posibles entre el viernes y el domingo.

Como colofón a la jornada de huelga, el movimiento secesionista ha organizado este viernes por la tarde una manifestación por el centro de Barcelona que será multitudinaria, al confluir en ella las cinco marchas que han partido desde diferentes puntos de la comunidad. Todo ello motivará un gran despliegue policial, en cualquier caso muy inferior al que tuvo lugar con motivo del referéndum ilegal del 1-O.