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Las sospechas de 'pucherazo' en Murcia podrían sentar en el banquillo al núcleo de Rivera

Tras el escándalo de Castilla y León, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena investiga ahora un presunto nuevo fraude en las primarias de Murcia que dieron la victoria a Isabel Franco, actual vicepresidenta de la Región

La vicepresidenta de la Región de Murcia, Isabel Franco

En medio de la necesaria tormenta electoral en la que se encuentra inmerso Ciudadanos, una nueva grieta vuelve abrirse en el seno de la dirección naranja para poner en jaque la credibilidad del partido en el peor de los momentos: la Policía Nacional investiga un nuevo caso de ‘pucherazo’ en unas primarias naranjas, esta vez en Murcia, donde la periodista Isabel Franco se impuso el pasado mes de marzo a Leonardo Pérez para ser la candidata de Ciudadanos a presidir la Región.

Según adelantaba el diario La Verdad el pasado fin de semana, un informe del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal encargado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena detalla que durante el proceso de elecciones internas existieron diversas irregularidades y, según el primer muestreo, Franco habría recibido al menos 14 votos desde IP estáticas -asignadas a un dispositivo fijo- ubicadas fuera de Murcia (11 desde una misma en Madrid y otros tres desde Valencia).

Para conocer el origen de los hechos habría que remontarse al mes de abril, cuando el candidato vencido en las primarias murcianas de la formación presentó una denuncia ante la Comisaría de la Policía de Cartagena en la que adjuntaba un informe pericial que concluye que no 14, sino un total de 227 votos emitidos a favor de Isabel Franco serían fraudulentos y provendrían de IP estáticas de otros puntos del país.

Ciudadanos carece de empresa externa que controle el proceso de primarias, que dependen del propio partido»

Seis meses después, el Juzgado ha abierto una investigación en base al cotejo realizado por la Policía entre la información facilitada por la Comisión de Garantías de Ciudadanos y el informe pericial que encargó Pérez. Los 14 votos fraudulentos podrían ser sólo el principio de un conjunto de «incongruencias» fraudulentas, ya que tal y como especifica el informe policial, el juzgado no entiende cómo durante el proceso de votación -que se realiza directamente a través de la Intranet de la página web de Cs- no se genere un ‘rastro’ entre los datos de los votantes -incluida fecha y hora en que se votó- y la IP correspondiente.

El hilo de singularidades en el proceso de primarias de Ciudadanos (en Castilla y León o Madrid se han registrado casos similares al de Murcia) comienza en el hecho de que el partido no cuenta con ninguna empresa externa que lleve un control en este tipo de procesos. Según ha podido saber El Independiente, antes de las primarias de marzo los liberales sí contaban con un software para las elecciones internas, controlado por una compañía llamada Monomio Media S.L., «pero en 2018 se decidió prescindir de sus servicios», relatan fuentes internas del partido. «Ahora no hay ninguna empresa, y es el propio partido el que realiza el recuento y el que tiene acceso a los datos de los afiliados, incluidos usuarios y contraseñas».

En la denuncia de Pérez se habla de una «sospechosa» agrupación de votos de la que también alertó Francisco Igea en Castilla y León

Las irregularidades en Murcia comenzaron desde el principio, tal y como denunció Leonardo Pérez. Para empezar, extrañó una participación del casi el 70% de los afiliados, cifra mucho más elevada de lo que viene siendo habitual en este tipo de procesos. Isabel Franco, que contaba con el respaldo de la cúpula del partido, contó con 599 papeletas; Pérez, llamado a sí mismo el candidato de las bases, obtuvo 237; y Óscar Pozzati reunió 76. El acto más multitudinario de la Región en las pasadas generales, el que contó con la presencia de Albert Rivera, apenas reunió a 400 militantes.

Para continuar, en la denuncia del adversario de la actual vicepresidenta de la Región de Murcia constaba que el 30% de los votos que recibió Franco se registraron en tan sólo dos horas cuando la votación duraba 24, una «sospechosa» agrupación de votos que también denunció en su día Francisco Igea en Castilla y León.

«Sucedió lo mismo que en Castilla y León», señalan fuentes del entorno de los afectados. «Se utilizan usuarios de fuera de la Región para decantar el voto cuando se van conociendo los resultados oficiales y engordar una de las candidaturas. Para ello utilizan por ejemplo credenciales de afiliados sin derecho a voto -gente que lleva inscrita menos de seis meses o que no está al corriente de pago», denuncia un militante que también se vio envuelto en un proceso similar, y que asegura que los secretarios de organización de cada área «tienen acceso a los usuarios de cada afiliado».

Los presuntos amaños, con precedentes y con una investigación abierta «para poder determinar tanto los delitos perpetrados como la participación de los supuestos intervinientes en los hechos investigados», tal y como recoge el informe policial, puede traer consecuencias «penales» a los naranjas, al incurrir, según las fuentes consultadas, en un presunto delito de suplantación de identidad.

El juez podría requerir el registro de ordenadores de la sede de Ciudadanos en Madrid para comprobar la veracidad de los votos

En primera instancia y de seguir la investigación, el juez podría requerir el registro de los ordenadores de la sede de Ciudadanos en Madrid para comprobar la veracidad de los votos. Pero hay más: si se demuestra el presunto fraude, «el partido sería condenado y tanto los apoderados del partido -José Manuel Villegas y Carlos Cuadrado- como el secretario de Organización -Fran Hervías- podrían terminar sentados en el banquillo de los acusados para declarar por los hechos».

La Policía reclama ahora que se requiera a la dirección del partido una serie de documentación para tratar de esclarecer los hechos, como un listado completo de los afiliados con derecho a voto de las últimas primarias o la lista de identificadores de votos y la relación de IP asociada a cada uno de los sufragios, después de que la secretaria de Organización de Ciudadanos en la Región, Valle Miguélez, diese una incosistente declaración a las autoridades: aseguró desconocer el número de afiliados, qué empresa controlaba el proceso telemático y delegó toda responsabilidad en la dirección del partido. Además, según informó La Verdad, se le exigió un dossier que los servicios jurídicos de Ciudadanos prometieron aportar con todos los datos técnicos del proceso. Miguélez no lo llevó, alegando que a ella su partido no le había enviado nada.

El ‘clementazo’ y otros antecedentes

Las de la vicepresidenca de la Región de Murcia no son las únicas primarias que han salpicado la credibilidad de la formación por supuestos fraudes. Pero el caso de Castilla y León fue, sin duda, el más polémico. La candidata de la dirección, Silvia Clemente, tuvo que renunciar a su triunfo y ceder el testigo a Francisco Igea después de que éste impugnase la votación al comprobar que se contaron 81 votos más de los emitidos y denunciase agrupación de votos en determinadas franjas horarias.

Tras demostrarse el fraudulento proceso en Castilla y León, las dudas en las votaciones internas se extendieron a Cantabria, Madrid y, ahora, Murcia. Y todas ellas radican en la poca robustez del sistema de votación electrónico y en la facilidad que puede tener el partido para decantar el voto en función de los intereses de la cúpula naranja.

Las denuncias internas dentro de estos territorios siempre tienen un nexo común: todos los denunciantes han perdido contra los candidatos propuestos y sostenidos por la cúpula del partido, como Juan Carlos Bermejo en Madrid -disputó las primarias contra el oficialista Ignacio Aguado- o el abogado José López en Cantabria, que se enfrentó a Félix Álvarez.

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