El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha rectificado su controvertida afirmación sobre el control de la Fiscalía del Estado por parte del Gobierno. En una entrevista en La Sexta este jueves, Sánchez ha querido mostrar "humildad" para reconocer que "no fue preciso" a la hora de referirse al Ministerio Fiscal. "Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, en una pantalla y muchas veces no se es preciso", ha afirmado.

Para corregir ese error, el candidato socialista ha recordado que el nombramiento del Fiscal General del Estado "depende del Gobierno de España" pero la Fiscalía "es autónoma". "No fui preciso. Hay que ser humilde y además esa afirmación es contraria a mi trayectoria de respetar la separación de poderes, la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial. "Lo que quería decir es que nadie está por encima de la ley", ha explicado.

"La Fiscalía tiene toda mi confianza, toda la independencia y sólo quiero demostrar la disposición del Ejecutivo para ayudar a que los independentistas huidos no estén por encima de la ley y rindan cuentas ante la Justicia española", ha insistido, antes de mostrar su "compromiso" para que la sentencia del procès se cumpla y también se juzgue a los independentistas fugados.

Respecto al caso de Clara Ponsatí, ex consejera catalana también reclamada por España, ha apuntado que no fue la justicia del Reino Unido la que calificó de "desproporcionada" la euroorden cursada para su entrega, sino una institución vinculada al Ministerio del Interior. En todo caso ha remarcado que el Gobierno británico ha pedido disculpas por emplear este argumento y ha recordado que el Reino Unido ha pedido a España "más información" a España para conocer "al cien por cien" todo el contenido de la euroorden, algo que también hizo la Justicia belga respecto a Carles Puigdemont.

Sánchez hace frente así a las críticas políticas y el enfado de las asociaciones de fiscales después de que este miércoles sacara pecho asegurando que es el Ejecutivo el que controla la Fiscalía para juzgar a Carles Puigdemont en España.

Los fiscales han sacado varios comunicados públicos en los que tachan de «inaceptables» las palabras del líder socialista, al tiempo que recuerdan a Sánchez que «la Fiscalía es independiente y sólo depende de la legalidad» por lo que «no cumple órdenes del Gobierno», desmiente la Asociación.

En una entrevista para RNE, Pedro Sánchez presumía ayer de controlar la Fiscalía para que el ex presidente de la Generalitat sea juzgado en España tras activarse la euroorden. El líder del PSOE pretendía destacar así que el Gobierno español está haciendo lo posible para que así sea y está suministrando a la justicia belga toda la información necesaria para continuar con el proceso.

En ese punto, Sánchez señaló que fue la Fiscalía la que pidió la activación de la euroorden y lo puso como prueba de que el Gobierno está actuando, al hacer una pregunta retórica: «¿De quién depende la Fiscalía?», ha repetido. Ante la respuesta del periodista de que «del Gobierno», Sánchez sentenció: «Pues ya está».

Alerta, pero no catastrofismo económico

El presidente también se ha referido al varapalo que ha recibido hoy su Gobierno desde Bruselas. La Comisión Europea ha recortado hasta el 1,9% su previsión de crecimiento del PIB de España para 2019, un porcentaje que es cuatro décimas inferior al que estimaba en verano y dos décimas inferior a la proyección del Gobierno, al tiempo que ha advertido de que los riesgos se enmarcan en un contexto de «elevada» incertidumbre.

Al respecto, Sánchez ha explicado que lleva "meses hablando del enfríamiento de la economía" y ha defendido que su Gobierno ha sido "prudente" con las previsiones económicas. Ha recordado el aumento del paro en octubre para asegurar que el ritmo de creación de empleo está por encima del crecimiento de la economía española, un indicio del "dinamismo potente en términos relativos" de la economía española. Por todo ello ha explicado que el Gobierno está en "alerta", pero sin caer ni en autocomplacencias ni en catastrofismos por la desaceleración económica.

Vox, cerca de la tercera posición

El presidente en funciones ha asegurado que existe la posibilidad de que Vox se convierta en la tercera fuerza política el 10-N tras el PP y por delante de Ciudadanos y Unidas Podemos, una situación de la que ha culpado a los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera por pactar con Santiago Abascal. No obstante, Sánchez no ha respondido a la pregunta de si esa situación podría dificultar un entendimiento con el PP para lograr su abstención técnica en una virtual investidura del candidato socialista.

El secretario general del PSOE ha negado que no hiciera frente a los datos "retorcidos" de Vox durante el debate electoral. Ha explicado que Matteo Salvini, "con un discurso del odio es verdad que redujo en un 50% la llegada de inmigrantes irregulares". "Pero nosotros con una vía progresista, humanista, vinculada con el acervo comunitario, hemos reducido también un 50% la llegada de inmigrantes irregulares a nuestro país. Por tanto, hay dos opciones, una vinculada con el odio y otra con los valores europeos, que es perfectamente efectiva para resolver esa crisis".

Preguntado también por el discurso en contra del estado de las autonomías de Santiago Abascal, Sánchez ha arremetido contra la gestión de Albert Rivera y de Rosa Díez, "que ahora está pidiendo el voto para el PP". "Ahora lo que hay es una derecha que está poniendo una alfombra roja al discurso de la ultraderecha", ha asegurado, arremetiendo contra PP y Ciudadanos. "Están comprando el discurso y le están haciendo el trabajo sucio a la ultraderecha", ha afirmado.

Giro en el discurso

En la última semana de campaña, Pedro Sánchez ha girado su discurso. Aunque el candidato socialista mantiene las ideas-fuerza sobre la necesidad de concentrar el voto en el PSOE para acabar con el bloqueo, la sucesión de nuevas propuestas y los golpes de efecto denotan nerviosismo en la recta final de la campaña socialista.

Ante la amenaza de que los radicales independentistas logren interferir en la jornada electoral en Cataluña, el presidente ha destacado que se han desplegado «un número importante» de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado que «todas las instituciones» tienen el debate de garantizar la normalidad en las votaciones para advertir de que lo contrario supondría «responsabilidades penales contundentes».

Esa dureza hacia el independentismo se completó anoche con la aparición en escena del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, el socialista más odiado por los secesionistas. Borrell entró ayer en campaña tras haber estado ausente durante toda la semana. El próximo jefe de la diplomacia europea tachó a los independentistas de totalitarios porque «no aceptan a los que no piensan como ellos» e incluso habló de «enfrentamiento étnico» en Cataluña.

Sánchez está recuperando la mano dura hacia el independentismo catalán que exhibió en precampaña electoral, cuando amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución si la Generalitat relanzaba su desafío institucional tras la sentencia del procés. En esa línea, el presidente en funciones ayer dio un delicado paso que ha soliviantado al mundo de la Justicia y ha levantado en pie de guerra al independentismo.

«La democracia abre universidades. Los totalitarios las cierran». «Las instituciones que tienen que ser templos de la inteligencia las han convertido en templos de la intolerancia, el radicalismo y la falta de respeto», reprochó en un mitin en la Carpa del Parc Tecnològic del Vallès en Cerdanyola (Barcelona).

«Las informaciones aparecidas sobre la presunta vinculación del presidente Torra con eventuales acciones de un grupo de los CDR contra el Parlament requieren una aclaración oficial. El presidente Torra debería comparecer en el Parlament a petición propia», reclamó en su perfil de Twitter.

A la estrategia se sumaba anoche también el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, una «una aclaración oficial» y que comparezca ante el Parlament para explicar las informaciones que le vinculan a planes con los CDR.