¿Qué hubiera pasado si la sentencia de los ERE se hubiera conocido antes del 10-N? Esta es la pregunta que se ha hecho este miércoles el líder del PP, Pablo Casado, en la que ha sido su primera valoración pública sobre la condena de, entre otros, los ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Casado se ha preguntado por qué la sentencia se retrasó a después del 10-N y cree que es "necesario dilucidar" las responsabilidades de dicho atraso y los hipotéticos "fallos técnicos" de una sentencia que ya estaba redactada pero de la que no había trascendido su contenido, al menos no públicamente.
A juicio del presidente del PP "hubiera tenido un efecto definitorio para el PSOE" y ha recordado que no es la primera vez que el calendario electoral se adapta al judicial y viceversa porque Sánchez "hizo coincidir las generales sabiendo que la sentencia sobre el procés iba a conocerse en una fecha determinada e igual con la exhumación de Franco". Por ello es necesario "saber por qué esta sentencia fue atrasada y los españoles acudieron a votar sin tener toda la información".
19 altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por un caso en el que estuvieron fuera de control nada menos que 680 millones de euros, en definitiva, "una red clientelar para comprar votos e ir dopado a las elecciones", ha agregado parafraseando la que ha sido la acusación una y mil veces repetida contra el PP por la trama Gürtel.
El líder popular se ha desquitado en muy buena medida al afirmar que éste es "el mayor caso de corrupción de la historia de España y probablemente de la Unión Europea en cuanto a fondos públicos defraudados", y tras recordar que "seguimos esperando explicaciones" de Sánchez -que todavía no ha aludido a este asunto- ha recordado que accedió a la secretaria general aupado por Andalucía y que "en su actual gobierno hay dos ex consejeras de Chaves y Griñán".
Lo primero es verdad a medias, porque si bien Susana Díaz le apoyó en sus primeras primarias, donde se enfrentó a Eduardo Madina, en las segundas la tuvo de directa adversaria. La segunda afirmación es cierta, puesto que tanto Carmen Calvo como María Jesús Montero fueron consejeras autonómicas andaluzas, aunque nunca han estado imputadas en este escándalo.
"Sánchez debería plantearse dar un paso atrás", dice Casado
En cuando a la futura gobernabilidad de España, Casado ha anunciado que "el PP no puede facilitar la investidura al candidato del partido que ha protagonizado el escándalo mayor de corrupción de la historia de España". Y, sentadas estas bases, ha negado a Pedro Sánchez idoneidad para seguir de presidente del Gobierno, primero "porque ha perdido el referéndum" del 10-N y, segundo, porque aplicando "su propio baremo, coherencia y ejemplaridad, debería plantearse dar un paso atrás".
Alude el líder del PP al argumento al que se aferró Sánchez para justificar la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy sobre la base de la condena al PP como "partícipe a título lucrativo" en el juicio sobre la primera etapa de la Gürtel.
Por eso ha insistido desde Zagreb (Croacia), donde participa en una reunión del Partido Popular Europeo, en que es necesario que el candidato socialista "asuma su responsabilidad y aplique el mismo baremo" por el que defendió, en mayo del año pasado, que no era posible que siguiera en el Gobierno un partido condenado por corrupción, "sólo por ir a testificar a un juicio" tal y como hizo Rajoy, "y por 250. 000 euros" de las campañas electorales de dos pueblos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda.
No obstante, y sin querer entrar en la alianza de partidos constitucionalistas que ha defendido José María Aznar, ha asegurado que sigue "con la puerta abierta" no para facilitar la investidura sino para "garantizar la estabilidad y la gobernabilidad", El PP "sigue siendo un partido con el que se pueden pactar cuestiones esenciales como los Presupuestos Generales del Estado o la aplicación de la Constitución en Cataluña, el desbloqueo del pacto o la violencia de género".
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