Política

La dirección de ERC enfría el optimismo del PSOE sobre la investidura de Sánchez

La investigación del Tribunal de Cuentas, el cierre de "embajadas" o las advertencias del Constitucional a Roger Torrent suman argumentos para el no de ERC a la investidura

Los dirigentes socialistas José Luis Ábalos y Adriana Lastra con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en una reunión en el Congreso. EFE

«Seguramente» la dirección del PSOE es «demasiado optimista» sobre los avances conseguidos el jueves en el primer encuentro entre socialistas y republicanos para tantear el apoyo de los segundos a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ven desde la dirección de Esquerra. Los republicanos aseguran que el encuentro fue positivo y hay «espacio para la negociación» de un acuerdo con los socialistas, pero también advierten de que todavía «están lejos».

Fuentes de Moncloa daban por hecho el acuerdo con ERC el jueves, tras ceder en una cuestión simbólica de peso para los republicanos: la asunción de que la crisis catalana no es un «problema de convivencia en Cataluña» como ha repetido insistentemente Pedro Sánchez durante la campaña, sino un «conflicto político» entre Cataluña y el conjunto de España, como defienden los independentistas. Pero este paso no garantiza en absoluto el apoyo republicano. De hecho, Esquerra sigue teniendo muchos elementos en contra de un acuerdo con el PSOE que puede comprometer seriamente su discurso en Cataluña, si no puede exhibir réditos tangibles a cambio de su abstención en la investidura.

La Generalitat en juego

El primer factor que debería recordar el PSOE antes de dar por seguro el apoyo republicano es que para ERC -como JxCat- el Congreso es un escenario secundario. Ser decisivos en la formación de Gobierno es indiscutiblemente un nuevo resorte de poder político. Pero su objetivo prioritario sigue siendo la Generalitat y eso es algo que olvidan constantemente los negociadores socialistas. Está en juego el control de una administración con un presupuesto anual de 30.000 millones y 200.000 funcionarios a su cargo, con la perspectiva de unas elecciones autonómicas en septiembre en las que JxCat podría volver a presentar a Carles Puigdemont, mientras Oriol Junqueras ya ha sido inhabilitado. Demasiado en riesgo para dar por sentado el sorpasso.

En este contexto, el hecho de que Quim Torra ostente la Presidencia de la Generalitat es otro desincentivo para Esquerra. Todos los logros que se deriven del acuerdo con el PSOE y su carácter de fuerza imprescindible para la gobernanza en España -en forma de inversiones o traspasos para Cataluña- los rentabilizará JxCat en su condición de partido al frente de la presidencia del Govern. JxCat es irrelevante en el Congreso, donde el foco está en los 13 diputados de Esquerra, pero si los traspasos los firma Quim Torra, sí los rentabilizará electoralmente.

De ahí la insistencia del Gobierno, y en menor medida de ERC, en hablar más de la Comisión Bilateral -donde se reúnen vicepresidentes y equipos técnicos- que de reuniones entre presidentes. O las declaraciones de Pere Aragonés, cuando el miércoles ponía en cuestión la necesidad de que Torra y Sánchez participen desde el principio en ese diálogo institucional.

ERC avisa: hay partido pero agotarán los plazos

El calendario tampoco facilita el acuerdo entre socialistas y republicanos. El PSOE dejó claro desde el primer momento sus prisas por tener Gobierno en Navidades, unas prisas que comparten en Podemos. Pero la portavoz de ERC, Marta Vilalta, insistió el viernes en declaraciones a TV3 en que ellos no comparten esas prisas.

«Debemos poner todas las bases para que lo que empiece después sea el camino político para la resolución de esta situación que vive Cataluña y que creemos que tienen que resolver los ciudadanos de este país decidiendo su futuro», advirtió Vilalta, para concluir que «esto no va de días» sino de una negociación larga. En otras palabras, dejó claro que hay partido, pero también que Esquerra agotará los plazos.

Más allá de estos elementos centrales que dificultan la negociación, lo cierto es que ERC dispone de un arsenal de argumentos proporcionados por el propio socialismo en los últimos días para poner peros a la investidura de Pedro Sánchez. El primero, el último en el calendario, la aprobación del decreto digital con el que Sánchez prometió poner freno a la «república digital» de los independentistas. Anunciado en plena campaña electoral, aprobado con el Gobierno en funciones y ratificado por procedimiento de urgencia en la Diputación Permanente del Congreso, con el apoyo de PP y Cs, a sabiendas de que los partidos nacionalistas e independentistas no lo aceptarán nunca.

Tiene todos los elementos para convertirse en un muro infranqueable para Esquerra, aunque lo cierto es que quien ha hecho más casus belli de este decreto es el conseller Jordi Puigneró, hombre de confianza de Carles Puigdemont, Torra y Laura Borrás. Es decir, el núcleo duro de JxCat.

Tribunal de Cuentas y república digital

Por contra, la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas contra el Govern por el 1-O ha caído como un auténtico mazazo sobre la dirección y los cuadros de Esquerra. Tanto Oriol Junqueras como el resto de los consellers y cuadros republicanos investigados por su participación en el referéndum ilegal temen ver su patrimonio comprometido como le sucedió a Artur Mas. Desde ERC lo ven como un ensañamiento, un ataque personal, y advierten de que la investigación parte de SCC, pero ha sido instada también por la Fiscalía, para a continuación recordar que Sánchez se vanagloriaba en campaña de mandar en la Fiscalía.

Igualmente molesto, aunque con connotaciones mucho menos personales, ha resultado la suspensión cautelar de nuevas «embajadas» de la Generalitat dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La decisión, conocida esta semana, molesta porque ataca a una Conselleria comandada por ERC, muy simbólica en la batalla independentista. Y porque la suspensión parte de una denuncia instada por Josep Borrell -auténtica bestia negra del independentismo- desde el ministerio de Exteriores. Su salida del Ejecutivo sin duda allanará el camino del acuerdo entre PSOE y ERC.

Roger Torrent, amenazado en el TC

También se entiende en términos casi personales el conflicto abierto con la Mesa del Parlament que preside el republicano Roger Torrent. Los incidentes de ejecución instados desde el Gobierno contra cada moción o propuesta de resolución parlamentaria en la que se incluye el derecho de autodeterminación o la reprobación a la monarquía amenazan la carrera política del único candidato a disputarle la dirección de ERC a Pere Aragonés. Lo que explica, en parte, que tanto el PSC como el Gobierno aceptaran esta semana plácidamente el criterio de los letrados de la cámara y asumieran que el texto votado el miércoles no incurre en desobediencia al Constitucional.

El último obstáculo levantado por los socialistas y esgrimido por Esquerra no es otro que la ponencia marco del congreso del PSC, a celebrar este diciembre. En ella se defiende la definición de Cataluña como nación -un concepto clásico en los documentos programáticos del socialismo catalán desde su creación- pero en cambio se propone una revisión de la inmersión lingüística en la escuela.

Otro eje programático que el PSC ha defendido desde los años 80 del siglo pasado, y que ahora pone en cuestión coincidiendo con la crisis independentista y la caída de ciudadanos. Ese giro en política educativa, junto a la crítica a los medios públicos de la Generalitat, a los que se acusa de actuar como propagandistas del proceso independentista, han convertido al PSC en blanco de las iras independentistas, que acusan a los socialistas de «romper un consenso básico» y sumarse al discurso de Cs para ganar votos.

Unas críticas que no parecen haber hecho mella en el PSC, a raíz de la posición defendida esta semana por su representante el Consejo Audiovisual (CAC). Carme Figueras se ha sumado al criterio del consejero del PP, Daniel Sirera, al reclamar que la prohibición de hablar de «presos políticos» en los medios públicos impuesta por la Junta Electoral se mantenga una vez acabada la campaña electoral.

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