Política

El Gobierno insiste en el "diálogo" y deja el cumplimiento del fallo en el tejado del TS

"Ha llegado el momento en que la política esté solo en la política", asegura Carmen Calvo, mientras la Abogacía del Estado estudia su respuesta

Equipos negociadores del PSOE y ERC.

Los equipos negociadores de PSOE y ERC reunidos la principios de mes en el Congreso de los Diputados. @PSOE (TWITTER)

Casi ocho horas después de conocer el fallo europeo sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha pronunciado. En un escueto comunicado de ocho puntos, casi ocho frases, el Ejecutivo se ratifica en promover el «diálogo» con los independentistas y se desvincula del cumplimiento de la sentencia, que deja en manos del Tribunal Supremo (TS).

«El Gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», asegura.

Moncloa tampoco se pronuncia sobre cuál será la postura de la Abogacía del Estado sobre la petición de libertad de Junqueras y asegura que «está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días». Precisamente, el Tribunal Supremo ha pedido a todas las partes personadas en el juicio del procés -la Abogacía del Estado entre ellas- que fijen posición sobre cómo debe aplicarse el fallo a la situación de Junqueras como en el caso del ex president fugado Carles Puigdemont y el ex conseller Toni Comín.

Esquerra Republicana de Cataluña ha congelado las negociaciones con el PSOE sobre la investidura hasta conocer la respuesta del PSOE y del Gobierno al fallo sobre la inmunidad de Junqueras, que podría llegar de la mano de la Abogacía del Estado, que en el juicio del procès optó por acusar sólo de sedición frente al criterio de la Fiscalía, que mantuvo el delito de rebelión.

El varapalo recibido por el Tribunal Supremo complica las negociaciones entre PSOE y ERC para celebrar la investidura de Pedro Sánchez antes del día 31, tal y como pretendían los socialistas. El acuerdo entre ambas formaciones estaba prácticamente cerrado y a la espera de estos hitos judiciales, que han reforzado la posición de los separatistas.

«La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras es una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el alcance de la inmunidad del señor Junqueras como eurodiputado electo. El Tribunal Supremo es el órgano que debe decidir ahora cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo, a cuyo superior criterio está vinculado», recuerda el comunicado oficial.

En esa línea, relata que el alto tribunal español ha abierto un plazo de consulta a las partes para que presenten sus alegaciones dejando abierta la postura de la Abogacía del Estado, que se pronunciará en los próximos días.

«El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia de 14 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo», aclara también.

«La hora de la política»

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que la sentencia es «herencia» del Gobierno anterior de Mariano Rajoy y ha apostado por devolver el problema «político» al terreno de la política.

«Ha llegado el momento en que la política esté solo en la política», ha exclamado Carmen Calvo, que ha expresado la disposición del Ejecutivo para «ayudar» al Tribunal Supremo a «cumplir» la sentencia del TJUE sobre la inmunidad del líder de ERC.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto sobre violencia de género, Calvo ha afirmado que la Abogacía del Estado está «estudiando detenidamente» el fallo para saber qué posición ha de adoptar para poder «ayudar de la mejor manera» al Supremo a cumplir el fallo del TUE.

La respuesta de la vicepresidenta se produce casi cinco horas después de conocerse la sentencia y unos minutos más tarde de que ERC anunciara que suspende las negociaciones con el PSOE en torno a la investidura hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie respecto de la inmunidad de Junqueras.

Respeto y «sometimiento» al fallo

«El Gobierno español, como no puede ser de otro modo, respeta las resoluciones judiciales a las cuales nos sometemos». Con estas palabras rompía esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el silencio de la Moncloa sobre el fallo europeo sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras.

«Recibimos las sentencias con el respeto al poder judicial, en este caso al poder judicial que emana de los tratados de la UE de la cual nos sentimos miembros orgullosos. Compartimos los valores de la UE como no podía ser de otro modo», ha respondido Grande-Marlaska a preguntas de los medios de comunicación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este jueves su sentencia a favor de la inmunidad del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Considera que el Tribunal Supremo debió permitirle salir de prisión preventiva para recoger su acta por su inmunidad parlamentaria como eurodiputado elegido en las elecciones del 26 de mayo. En caso de considerar que no debía hacerlo, considera el TJUE, el Supremo debió solicitar al Parlamento Europeo «en la mayor brevedad posible» la suspensión de su inmunidad para mantenerle en la cárcel de manera preventiva.

«Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades aparejadas a tal condición».

Así se ha pronunciado la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo en la sentencia prejudicial Junqueras Vies (C-502/19) en la que ha precisado «el alcance personal, temporal y material de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo». Así, la primera resolución europea favorable a Junqueras marca también el camino de la posible inmunidad como parlamentario del ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín, que también elevaron sus cuestiones al TJUE.

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