Es la bicefalia que siempre le ha funcionado; gobierno por un lado, el partido por otro. En el PNV la han empleado con acierto casi siempre, con tensión en contadas ocasiones. En los últimos dos mandatos, la ‘cohabitación’ entre el presidente del partido y el lehendakari del Gobierno vasco ha sido un bálsamo de aceite. Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu proceden de una misma generación, uno peina 57 años y el otro 58, de un mismo concepto de hacer política, ambos vizcaínos, con carreras políticas paralelas y de un idéntico espíritu pragmático y de gestión de los tiempos. Ahora ambos cierran el año salpicados por el caso de corrupción más grave que jamás se ha sentenciado en Euskadi -y que salpica al PNV-. Es el principal borrón de sus dos mandatos, casi paralelos, a punto de concluir al frente del Ejecutivo y del partido.

En el 2020 que ahora arranca, ambos se someten al refrendo de los suyos. Lo harán en sendos procesos internos que deben dirimir si son los adecuados para, desde el PNV, afrontar el nuevo y complejo tiempo político que se abre en el País Vasco y en el conjunto del país.

En el año que arrancará en sólo una semana en Euskadi habrá elecciones. En el PNV también. Los vascos deberán renovar su Gobierno, los militantes del PNV su dirección, la ‘nacional’ y las territoriales. Urkullu y Ortuzar afrontan, pese al revés interno que ha supuesto la condena del llamado ‘Caso De Miguel’ -15 condenados por el cobro de comisiones ilegales-, la reválida de sus respectivas gestiones sin apenas críticas internas. Todo apunta a que no tendrán problemas para reeditar sus candidaturas.

Urkullu dio el relevo a Ortuzar al frente del PNV a finales de 2012, tras asumir la lehendakaritza. Ortuzar ocupó oficialmente el liderazgo de la formación, que este próximo año cumplirá 125 años, el 12 de enero de 2013. Lo hizo después de que Urkullu hubiera renovado completamente el partido, desde sus estatutos hasta sus cargos, su discurso e incluso su imagen corporativa. El tsunami que supuso para Sabin Etxea el final del ‘Plan Ibarretxe’, la pérdida del poder tras la asunción de Patxi López del Gobierno vasco -gracias al apoyo del PP-, había dejado malherido al todopoderoso PNV.

Periodo incierto

La regeneración del PNV llevada a cabo por Urkullu, que asumió la dirección del partido en enero de 2008, en sustitución de Josu Jon Imaz, moderó sus postulados y acentuó su posibilismo. Cuando tras la salida de Ibarretxe fue designado candidato a lehendakari, Urkullu lo meditó mucho. Llegó incluso a asegurar que sólo ocuparía ese cargo durante dos legislaturas. Hoy parece descartado que el PNV pueda prescindir de él, un candidato -según los sondeos- con altas cuotas de aceptación en la sociedad vasca, incluso fuera del PNV.

La gestión hecha por Urkullu desde el Ejecutivo y por Ortuzar desde el PNV han ido de la mano. A ambos les ha tocado gestionar un nuevo tiempo que ha abarcado desde el inicio de la crisis económica hasta el actual escenario político. Ahora, el ciclo que se abre está repleto de incertidumbres. El futuro de la gobernabilidad en España y el papel que pueda jugar el PNV o el desgaste que su apoyo a Sánchez pueda acarrear es una de las incógnitas.

Y entre ellas, de cara a la legislatura que en 2020 también arrancará en Euskadi, el futuro del nuevo estatus vasco se presenta como otro de los caballos de batalla para la formación. Es ahí donde aún afloran las dos almas clásicas, cada vez más débiles y uniformes, del PNV. La soberanista que lidera Joseba Egibar se ha debilitado pese a que continúa controlando de facto los pasos del partido en esta materia. El proyecto de nuevo estatus, que plantea una relación bilateral con el Estado, de igual a igual, es obra de los más ‘soberanistas’.

Pero a Urkullu y Ortuzar les mueve más la meta que la ensoñación. Ambos defienden la necesidad de no romper sino de pactar, de no saltar la legalidad sino de buscar márgenes en ella. Será la gran pugna del nuevo tiempo que estrenan la política vasca y española en los próximos meses.

Amable 'cohabitación'

En estos casi ocho años de cohabitación jeltzale, los sondeos y las urnas han ido demostrando que la sociedad vasca en su conjunto avala la política del ‘ticket’ jeltzale. Ni siquiera los escándalos que han salpicado los últimos años -el caso de irregularidades en las OPE de Osakidetza que investiga la Justicia, los procesos y condenas de los ‘casos Margüello’ o ‘De Miguel’,- parecen haberles pasado gran factura. El PNV goza hoy de su mayor cuota de poder a lo largo de sus 125 años de historia. Gobierna el Ejecutivo vasco, los ayuntamientos de las tres capitales, las tres diputaciones forales y un gran número de consistorios.

Sabedores de ello, tanto Ortuzar como Urkullu intentaron frenar, a puertas de sus respectivos procesos individuales de ‘designación’, el desgaste que el ‘Caso de Miguel’ pudiera tener en el partido. Lo hicieron con sendas declaraciones y peticiones de perdón, en términos casi idénticos, y remarcando siempre que fueron comportamientos individuales, no de partido.

En los últimos mandatos el PNV ha iniciado sus renovaciones al final del último año de mandato, en torno a diciembre, para culminarlo en enero. Esta vez será algo más tarde. Por el momento, el complejo proceso de elección de las Ejecutivas nacionales y territoriales no se ha puesto en marcha. Lo hará en las próximas semanas. Formalmente requiere de 45 días hábiles y son las bases del partido las que proponen, a dos vueltas, a los representantes que en la Asamblea Nacional del PNV votará finalmente a los ocho integrantes y el presidente de la dirección del PNV para los próximos cuatro años. Una ejecutiva que deberá equilibrar, además, el peso territorial, eminentemente vizcaíno, que suele estar representado por cinco ‘burukides’, o miembros de la ejecutiva, vizcaínos, tres guipuzcoanos y dos alaveses.

Dos 'almas' casi uniformes

La gestión con la que Ortuzar se presentaría a una reelección de sus bases cuenta con más claros que oscuros. Entre estos últimos figura la gestión de los casos de corrupción o la dificultad para consolidar la sintonía con la izquierda abertzale o el eco de “desleal” que dejó la ruptura con el PP y que los populares subrayan.

Pero como contrapartida, el PNV ha demostrado durante su mandato que es capaz de construir un amplio abanico de interlocución, de izquierda a derecha. Se entendió primero con el PSE, hasta convertirlo en su socio de Gobierno preferente en todas las instituciones, después lo hizo con el PP de Alonso y Rajoy, tanto en Euskadi como en Madrid, y finalmente lo ha hecho con Elkarrekin Podemos. Los acuerdos con EH Bildu han sido sólo puntuales, y más por impulso del ala más soberanista que lidera Joseba Egibar que por preferencias de Ortuzar. Las bases para la Ponencia de Autogobierno que negoció el aún presidente del PNV en Guipúzcoa y que finalmente han quedado arrinconadas son muestra de ello.

En el caso de Urkullu, pese a que su pobre balance de leyes aprobadas en la Cámara vasca es una de sus debilidades, los datos económicos se antojan como su mejor balance al frente del Gobierno. El lunes el propio Ejecutivo reconocía que los resultados de desempleo iban a ser al final de este año mejores de los que preveía y que en 2020 aún mejorarían más. En diciembre el País Vasco cerrará con una tasa de desempleo del 9,7% y una décima menos el año que viene, muy por debajo de la media nacional, que ronda el 14%. De este modo, cumple el objetivo marcado cuando asumió la lehendakaritza de cerrar la legislatura por debajo del 10% de paro en Euskadi. A ello sumó el anuncio del final de la desaceleración y la “estabilización de la economía", con un crecimiento del 2,2% este año y el 1,9% el próximo año.

En los dos ámbitos de mayor carácter social que Urkullu ha promovido desde el Gobierno también goza de buena aceptación. Sus políticas en favor de la “convivencia” social tras décadas de violencia de ETA han contado con la aceptación o la crítica puntual de la mayor parte de las formaciones, excepto el PP y las asociaciones de víctimas que sí se han mostrado beligerantes con ella. Una de las apuestas de mayor carácter social y que Urkullu ha divulgado en busca de apoyos, el llamado proyecto 'Share', por el cual se plantea fijar cuotas de acogida de inmigrantes en función de los ingresos fiscales, las tasas de desempleo o la población de cada región o país.

En el debe también pesa los malos resultados que arrojan algunos indicadores en materia de educación, los conflictos con el profesorado de la concertada así como el escándalo de las OPE de Osakidetza y que se llevó por delante a su consejero de Salud, Jon Darpón y a la dirección del Servicio Vasco de Salud.