Pedro Sánchez, junto a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez, junto a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados. EFE

Política

La alargada sombra del poder sobre la Abogacía del Estado

Las presiones del Gobierno ante el “gesto” que reclama ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez ponen el foco sobre estos funcionarios y reabren el debate sobre el sometimiento de este cuerpo a los intereses del Ejecutivo de turno

«El cuerpo de Abogados del Estado constituirá una carrera especial, en la que se ingresará en adelante por oposición». Reinaba Alfonso XII, el liberal Práxedes Mateo Sagasta presidía el Consejo de Ministros por tercera vez, Cuba seguía siendo una colonia española, el diario La Vanguardia llevaba menos de un mes y medio en circulación y aún faltaban más de veinte años para que se fundara el Real Madrid.

El 10 de marzo de 1881, un real decreto firmado por el rey «Alfonso» y el ministro de Hacienda, el gaditano Juan Francisco Camacho de Alcorta, propició el nacimiento del cuerpo de Abogados del Estado para desempeñar los servicios encomendados a la entonces «Dirección de lo Contencioso», encargada de llevar «todos los negocios contenciosos del Estado» que se ventilaran ante la Justicia. Desde marzo de 1886, desplazando al Ministerio Fiscal, estos letrados son los que defienden los intereses del Estado ante los tribunales.

En plena negociación con ERC, las presuntas presiones ejercidas por el Gobierno en vísperas de la presentación del escrito ante el Supremo en el que la Abogacía del Estado tendrá que fijar su posición sobre los efectos de la inmunidad de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han puesto el foco sobre estos altos funcionarios y reabierto el debate sobre el sometimiento de este cuerpo -dependiente orgánicamente del Ministerio de Justicia- al gobierno de turno.

El malestar y la preocupación son tan palpables que el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado ha emitido este domingo un comunicado en el que «rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado».

«Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho», exponen.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzó a transitar esta senda a finales de noviembre de 2018, cuando destituyó a Edmundo Bal -hoy diputado de Ciudadanos en el Congreso- como jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado después de que aquél se negara a eliminar el delito de rebelión del escrito de acusación contra los líderes del procés meses antes del inicio del juicio. Fue finalmente la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, la que puso su firma al documento tras cambiar la calificación jurídica de los hechos: de rebelión a sedición.

Las presiones del Gobierno ante el «gesto» que reclama ERC para facilitar la investidura pone el foco sobre este cuerpo y reabre el debate sobre su independencia técnica

«La gente está muy enfadada. Lo que está ocurriendo ahora es muy grave porque, además, se está produciendo a la luz pública. Con total bravuconería y absoluta ordinariez, ERC ha dicho en los periódicos que exige al Gobierno un gesto a través de la Abogacía del Estado. Ya no hay manera de disimularlo», comenta a El Independiente un abogado del Estado bajo condición de no revelar su identidad.

Este letrado no tiene dudas de que la tensión a la que está sometiendo el Gobierno a este cuerpo por sus negociaciones con el independentismo catalán para que facilite con su abstención la investidura de Pedro Sánchez está provocando «la mayor crisis al menos de los últimos 25 años» y que sus funcionarios se encuentren «más presionados que nunca».

«Justo cuando cesaron a Edmundo Bal, recuerdo haber mantenido una conversación con un compañero ya octogenario que estaba escandalizado por lo que había sucedido. Él me decía que, en la época de Franco y de los gobernadores civiles, el abogado del Estado actuaba con total independencia técnica. Suena a broma, pero lo triste es que no lo es. ‘Que se le ocurriera al gobernador decirme cómo tenía que hacer el informe. Lo echaba a gritos de mi despacho’, me contaba», añade.

Primera página de la edición de la ‘Gaceta de Madrid’ en la que se publicó el decreto de creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

Los abogados del Estado con los que ha hablado este diario coinciden en exigir al Gobierno que les permita trabajar «con criterios de independencia técnica» y «aplicando la norma a cada caso concreto», sin que les utilice como «salvaguarda» de sus decisiones ante la opinión pública. «Si no quiere seguir el criterio técnico, que no lo siga. Pero, ojo, que no nos comprometa a nosotros», reclama un letrado.

En este sentido, consideran necesario que el Cuerpo cuente en la práctica con un órgano al que poder recurrir en caso de que un abogado del Estado considere comprometida su independencia técnica, a semejanza de lo que ocurre en el Ministerio Fiscal. «Se trata de que no existan esas presiones y, si las hay, que sean públicas y que no se puedan enmascarar, disimular u ocultar. Si quieren que yo cambie de criterio, pues lo sometemos al Consejo con acta y ahí cada uno se retrata. El Abogado General del Estado puede tomar la decisión que quiera, pero al menos que quede claro que la opinión técnica no era ésa», argumenta.

Un Consejo… solo sobre el papel

No habría que crear ningún órgano porque ya existe. Se trata del Consejo de Abogados del Estado, previsto en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado -de 25 de julio de 2003- y que no se ha puesto en marcha más de 16 años después. Es un órgano consultivo de apoyo al Abogado General del Estado, quien podrá someter a la consideración de aquél los «asuntos de mayor relevancia o que impliquen modificación en los criterios generales de actuación» y solicitarle la emisión de informes no vinculantes antes de adoptar decisiones relevantes para el funcionamiento interno del servicio jurídico del Estado.

Bajo la presidencia del Abogado General del Estado, la estructura de ese Consejo la forman ocho vocales nombrados por aquél, todos necesariamente en el servicio activo y al menos tres destinados en los servicios contencioso, consultivo y de las abogacías del Estado periféricas. Los miembros ejercen por un plazo -renovable- de tres años, según precisa el reglamento.

«El poder del Abogado General del Estado es muy grande, enorme diría yo. Gobierna sin contrapeso, es su voluntad libérrima. La mayor parte de los puestos son de libre designación y el cese de un determinado letrado no le cuesta nada, ni siquiera tiene que motivarlo mínimamente y lo despacha por ‘pérdida de confianza’. A eso se suman las retribuciones variables de productividad…», comenta un abogado.

Cuando cesaron a Edmundo Bal, un compañero octogenario me dijo que, con Franco, el abogado del Estado actuaba con total independencia. Suena a broma pero no lo es»

De acuerdo con la última relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo de 2012, un total de 657 letrados pertenecían a los servicios jurídicos del Estado en dicha fecha. De ellos, 252 disfrutaban de una excedencia voluntaria y otros 69 prestaban servicios especiales, encontrándose en activo tan solo la mitad de la plantilla (334).

Para acceder a este cuerpo de funcionarios hay que superar un duro proceso selectivo compuesto por cinco pruebas eliminatorias y con un programa integrado por 465 temas de Derecho del Trabajo, Civil, Hipotecario, Procesal, Mercantil, Constitucional, Administrativo, Hacienda Pública, Penal y Derecho Internacional Público y Comunitario Europeo. La evaluación de conocimientos incluye también dos pruebas de idiomas, una de ellas voluntaria.

La oposición, de las más duras

Los datos acreditan la dureza de esta oposición. En la convocatoria anunciada el 18 de diciembre de 2017 para cubrir 20 plazas, el Ministerio de Justicia admitió a 228 aspirantes por ser los que reunían los requisitos establecidos en las bases. El primer ejercicio tan solo lo aprobaron 67 opositores -menos de un tercio de los presentados- y, de éstos, solo 17 lograron el propósito de conseguir una plaza tras someterse a los cinco exámenes.

La dificultad para acceder a este cuerpo se ve recompensada por el prestigio profesional del que gozan y las retribuciones que perciben. Dependiendo de la antigüedad, el sueldo de los abogados del Estado -ingresan con un nivel 28, siendo el 30 el máximo entre los funcionarios- se sitúa en una horquilla que va desde los 75.000 a los 125.000 euros brutos al año, según las fuentes consultadas.

Los opositores han de prepararse un programa formado por 465 temas y superar una prueba de idiomas; a cambio, gozan de prestigio y un sueldo superior a los 75.000 euros

Esa reputación y sólida preparación hacen que sean muy demandados por bufetes y empresas de diversos sectores, lo que explica en gran medida que más de un tercio de los abogados del Estado estén en situación de excedencia voluntaria. La incógnita que se plantea ahora es si las presiones del poder ejecutivo para acomodar sus informes cercenando su independencia técnica van a pasar factura y propiciarán una mayor fuga a la iniciativa privada.

«En una situación como ésta tienes las orejas más abiertas a ofertas que puedan llegar. Piense en un abogado con 5-10 años de antigüedad que se creía lo que era esto y que se dejó los cuernos para sacar las oposiciones. Con esta situación, la gente siente una frustración personal muy grande y en el mercado se nos rifa; hay pocos colectivos tan significados como el nuestro de cara a tener éxito en el mundo privado», expone un letrado con más de 25 años de servicio.

José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia y de Educación con Adolfo Suárez; Ignacio del Cuvillo, abogado jefe durante años en el extinto Instituto Nacional de Industria (INI); Manuel Pizarro y Antoni Brufau, ex presidentes de Endesa y Repsol, respectivamente; Joaquín de Fuentes Bardají, ex Abogado General del Estado; Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy; Rosario Silva de Lapuerta, primera mujer que aprobó las oposiciones y actual magistrada en el TJUE, y Nuria Díaz Abad, ex jefe de la Abogacía del Estado ante el TJUE y hoy miembro de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son solo algunos de los abogados del Estado que han desempeñado relevantes responsabilidades en los últimos 40 años.

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