Política

Los Abogados del Estado denuncian "presión" y "amenazas" por su escrito sobre Junqueras

Consuelo Castro, abogada general del Estado. EFE

Los abogados del Estado han rechazado «cualquier intento de injerencia o presión» y «especialmente de amenaza» en el caso de Oriol Junqueras, y han subrayado que son «profesionales del Derecho» que actúan «con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos».

El consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado ha emitido este domingo un comunicado «ante las recientes informaciones publicadas», en el que «rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado».

Fuentes conocedoras del funcionamiento del organismo subrayan lo excepcional de un comunicado de esta clase y aseguran que sólo se había producido previamente en una ocasión, en el año 2006, en pleno ‘caso Bono’ por el juicio a tres policías relacionados con la detención de dos militantes del PP tras los incidentes protagonizados entre estos y el ex ministro socialista en una manifestación.

Ni siquiera tras la salida de la abogacía del ahora diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, tras denunciar presiones en el escrito de acusación del procès, se produjo un pronunciamiento de este tipo por parte del Consejo, que en su nota de este domingo admite haber recibido presiones y amenazas en relación al escrito sobre Oriol Junqueras.

Los abogados del Estado subrayan no obstante que deben actuar en sus escritos procesales e informes «con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos».

La Asociación no señala de dónde proceden esas presiones y amenazas, pero su comunicado llega después de semanas de incesantes informaciones sobre la presión de Moncloa por un escrito que suponga un ‘gesto’ hacia ERC, al mismo tiempo que Vox ha planteado llevar a los tribunales a la propia Abogacía si el escrito no se ciñe a la ley.

«Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une», concluye el comunicado.

Un pronunciamiento clave

Se prevé que las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado se presenten este lunes 30 de diciembre.

El pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de mayo y gozar «desde ese mismo momento» de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el 2 de julio.

La corte con sede en Luxemburgo deja no obstante en manos del Tribunal Supremo español «apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza» Junqueras por el artículo 9 del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo, ahora que el exvicrepresidente del Govern ha sido condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

La Fiscalía tardó apenas unas horas en reaccionar al fallo del tribunal europeo, oponiéndose a la excarcelación del líder de ERC y solicitando a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario.

La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, señaló este viernes que las alegaciones de la Abogacía «no determinan a punto final la decisión del Tribunal Supremo», cuyos servicios jurídicos estarán estudiando también cómo aplicar el fallo del tribunal de Luxemburgo.

Celaá explicó que el retraso del pronunciamiento de la Abogacía –el resto de las partes personadas en el juicio del ‘procés’ ya se han manifestado– responde al «estudio profundo» que este órgano está haciendo respecto de una sentencia «novedosa» del Tribunal de Luxemburgo que «cambia la doctrina» que había hasta el momento, según la cual cada Estado miembro de la UE decidía en qué momento sus nacionales elegidos en los comicios al Parlamento Europeo obtenían la condición de eurodiputados.

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