La gestión de la recién nombrada fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hablará pronto sobre el rumbo que quiera dar al Ministerio Público como máxima responsable de éste. Prácticamente al momento de saber que Pedro Sánchez la había elegido para el cargo y no el ministro de Justicia, como suele ocurrir, compañeros de carrera fiscal y jueces consideraron su designación una intromisión política sin precedentes puesto que Delgado acaba de dejar el ministerio de Justicia del gobierno socialista y participó en mítines del PSOE durante la campaña.

Este martes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha destacado la «solvencia fuera de dudas» y la independencia de Delgado para ponerla al frente de la Fiscalía. El posicionamiento de la Fiscalía respecto a la causa del procés con Delgado al frente se va a conocer próximamente, puesto que tiene por delante importantes decisiones que tomar. Precisamente este martes los condenados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, han cumplido un cuarto de la condena que les impuso el Tribunal Supremo. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners les ha dado un permiso de 48 horas, como marca la ley.

Están catalogados en segundo grado penitenciario, como la mayoría de los presos, pero partir de ahora podrán solicitar la semilibertad por la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Justicia de la Generalitat todavía puede catalogarles en tercer grado penitenciario y la Fiscalía puede recurrir tal decisión.

La anterior fiscal general, María José Segarra, anunció tras conocerse la sentencia del procés que recurriría ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o el Tribunal Supremo el grado concedido a los presos del proceso soberanista por el Govern si lo consideraba «inadecuado». Habrá que ver si, bajo las directrices de Delgado, el Ministerio Público se mantiene en tal punto o cambia su criterio.

Orden nacional contra Puigdemont

También el pasado viernes el juez instructor del procés, Pablo Llarena, decidió mantener las órdenes nacional y europea de detención contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, la segunda en suspenso hasta que el Parlamento Europeo decida retirarle la inmunidad tras elevar el juez un suplicatorio.

El instructor tomó estas dos decisiones con el apoyo de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que le remitieron un informe pidiendo que mantuviera las órdenes de detención. La Fiscalía también puede modificar su posicionamiento en este sentido.

Juicio de Trapero

El próximo lunes arranca en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional el juicio contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, para el que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión.

En el juicio se abordará su responsabilidad al frente del Cuerpo catalán de Trapero durante el asedio a la consejería catalana de Economía los días 20 y 21 de septiembre y el día del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Puesto que los líderes políticos del procés fueron condenados finalmente por sedición y malversación por el Supremo, está previsto que el Ministerio Público ajuste su acusación, habrá que ver si al comienzo o al final del juicio. También está por ver si finalmente acusa por sedición, por desobediencia o directamente retira la acusación contra Trapero.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también hay causas abiertas contra los miembros del la Mesa del Parlament por desobediencia y contra otros políticos de «segunda fila» por malversación. En último término, las acusaciones de la Fiscalía en todas estas causas marcarán el paso de la relación entre el Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas de Gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).