Política

El Gobierno defiende que las nuevas 'embajadas' catalanas sí cumplen la ley

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha dado luz verde a tres ‘embajadas’ de la Generalitat de Cataluña, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018, tras la aplicación del artículo 155.

En una sentencia, que no es firme, el alto tribunal catalán ha estimado el recurso contencioso que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó contra el decreto del Govern que restablecía las delegaciones catalanas citadas y condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.

El pasado miércoles, el Govern aprobó nuevos decretos para crear las oficinas de la Generalitat en México, Argentina y Túnez, que el Gobierno recurrió el pasado septiembre y logró su paralización cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En esta ocasión, la Generalitat cuenta con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

La nueva portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, se ha estrenado este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros intentando justificar que Exteriores ya dé su consentimiento a la apertura de estas ‘embajadas’. Según ha explicado en rueda de prensa, el motivo es que esas nuevas delegaciones internacionales de la Generalitat, a diferencia de las anteriores, sí cumplen la legalidad.

«El propio Gobierno de la Generalitat retiró esas normas de creación de las delegaciones e incorporó los requerimientos que había formulado el Gobierno de España. Eso significa que ha atendido nuestras consideraciones, en las que quedaba perfectamente delimitadas las competencias que establece la ley para este tipo de delegaciones, que fundamentalmente tienen que ver con relaciones comerciales, y que en ningún momento podían ser sustitutivas o alternativas a las embajadas del Gobierno de España», ha aclarado Montero.

La también ministra de Hacienda, que ha comparecido junto a las titulares de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que Exteriores ha verificado que ya existe una «delimitación nítida» entre las misiones comerciales de las comunidades y las embajadas nacionales.

La Generalitat ha aprobado esta semana tres decretos para abrir de nuevo las puertas de las oficinas de Argentina, México y Túnez. Esos textos contienen modificaciones respecto a los decretos que ha paralizado el Tribunal y cuentan ya con el beneplácito del Ministerio de Exteriores. Por tanto, la nueva solicitud se tramitará por un cauce distinto y no se verá obstaculizada por la sentencia que ha emitido este viernes el TSJC.

El decreto que ahora ha anulado el TSJC, que ordenaba restablecer las seis ‘embajadas’, fue derogado en septiembre de 2019 por la propia Generalitat, que aprobó entonces nuevos decretos para la creación de las citadas delegaciones que de momento no han sido impugnados. No obstante, para el TSJC, entre el decreto de 2018 y los aprobados en septiembre pasado «no se constata diferencia sustantiva ninguna en el régimen jurídico atribuido a las seis delegaciones del Govern de la Generalitat».

A vueltas con el Poder Judicial

Por otro lado, el Gobierno ha pasado de puntillas por el rechazo generado en el seno del Consejo General del Poder Judicial el nombramiento de la ex ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.

María Jesús Montero no ha querido valorar los siete votos en contra frente a los doce a favor que han permitido a la ex ministra contar con el aval del Poder Judicial para su nombramiento y se ha limitado a asegurar que el Consejo General del Poder Judicial «ha cumplido con su deber» de analizar si Delgado cumplía o no los requisitos legales exigidos para el puesto.

La también titular de Hacienda ha anunciado que el Gobierno llamará pronto al PP para renovar tanto el Poder Judicial como el Tribunal Supremo, órganos para los que es necesario un acuerdo de los grandes partidos.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los populares y ha anunciado que les van a tender la mano para alcanzar los acuerdos de Estado necesarios. Así lo ha afirmado antes de desvelar el anuncio que había hecho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la reunión del Consejo de Ministros, de que tenía previsto llamar a los populares para negociar.

Pablo Iglesias criticó en la noche del martes que el presentador de Antena 3 Vicente Vallés hiciera durante una entrevista una «pregunta políticamente incorrecta» al líder de Podemos y vicepresidente segundo del Congreso, Pablo Iglesias, sobre el hecho de que comparta Consejo de Ministros con su pareja, Irene Montero.

«A mi nadie me ha cuestionado por ser pareja de Irene Montero, pero parece que con las mujeres sí ocurre», respondió Iglesias. «Por eso es tan necesario el Ministerio de Igualdad», intentaba zanjar la polémica.

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