El Ministerio del Interior ha censurado el supuesto "uso abusivo" que realiza un redactor de El Independiente por haber realizado el pasado año casi 60 peticiones de información a través del Portal de la Transparencia, al entender que ese volumen de solicitudes supone una desviación de los fines previstos en la ley.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se expresa en estos términos en las alegaciones que formuló ante la reclamación que planteó el periodista Antonio Salvador ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al considerar que no se había atendido la petición de información con la que trataba de conocer las estatuas y cuadros del Santo Ángel de la Guarda o Ángeles Custodios -patrón de la Policía Nacional- y de la Virgen del Pilar -patrona de la Guardia Civil- que se habían retirado de dependencias oficiales desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

La solicitud se tramitaba al tener conocimiento de que meses antes se había retirado una estatua de la comisaría de Policía de La Moncloa por tratarse de un "símbolo religioso" y estar ubicada en un edificio público, lo que -según alegó la directora del departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, María Marcos- iba en contra del "principio de laicidad del Estado".

El Ministerio que dirige Marlaska atribuye un "uso abusivo" a un redactor de este diario por formular 57 peticiones de información en 2019

Primero el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras (24 de junio), y después el entonces jefe de gabinete de la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Pau López Ramos (12 de noviembre), comunicaron el rechazo a tramitar la solicitud invocando uno de los límites que prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En concreto, el previsto en el artículo 18.1.c: "Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración".

Era una de las tres preguntas sobre la existencia de imágenes religiosas en dependencias de ambos Cuerpos policiales que había planteado este redactor en fechas cercanas y de las que Interior tan sólo dio respuesta a una, concretamente la relativa a la ubicación exacta a la que había sido trasladada la estatua del patrón de la Policía que se encontraba en la zona de acceso a la oficina de expedición del DNI y pasaportes dentro de la comisaría especial de la Presidencia del Gobierno. "Actualmente se encuentra emplazada en un almacén del departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, espacio de uso exclusivo de la Policía Nacional, convenientemente embalada para su conservación y a disposición de la Dirección General de la Policía", contestó.

Alegaciones del Ministerio del Interior en el que considera "abusivo" el uso que hace un redactor de 'El Independiente' del Portal de Transparencia.

En sus alegaciones, Interior pone a este periodista como "ejemplo" de "uso abusivo y con fines muy distintos a los previstos en la Ley de Transparencia" por el número de solicitudes de información dirigidas a este departamento en 2019. El Ministerio que dirige Grande-Marlaska considera "preciso manifestar" al Consejo de Transparencia el hecho de que este ciudadano presentó el pasado año "prácticamente 60 solicitudes de información" -exactamente fueron 57- y que ello supone un incremento del "50 %" en relación con el ejercicio anterior, cuando firmó 40 peticiones.

La Ley de Transparencia, en vigor desde finales de 2013, no establece en su articulado limitación alguna al número de solicitudes de información que puede presentar una persona y, por contra, consagra que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno "deben ser los ejes fundamentales de toda acción política".

Interior ha desoído en cinco ocasiones las resoluciones del Consejo de Transparencia tras reclamaciones de 'El Independiente'

"Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos", proclama el preámbulo.

El término "abusivo" tan sólo aparece una vez en la citada norma y es para justificar la inadmisión a trámite de peticiones cuando sean "manifiestamente repetitivas" o "tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley". Pero la norma no plantea objeción al hecho de que se puedan presentar numerosas solicitudes a un mismo departamento, como Interior afea en sus alegaciones.

Los criterios de valoración para adjudicar el puesto de agregado de Interior en la Embajada de España en Panamá, las memorias justificativas de las actividades desarrolladas por los sindicatos policiales con cargo a las subvenciones que reciben, los entregables elaborados por la consultora de la equiparación salarial o la carta enviada por el ministro a los directores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre la eventual participación de agentes uniformados de ambos Cuerpos en la manifestación del Orgullo 2019 en Madrid son algunos de los variados temas por los que el redactor de este diario preguntó el pasado año.

En numerosas ocasiones han sido inadmitidas las solicitudes invocando límites al acceso al derecho a la información público que, tras las reclamaciones formuladas, no sólo no han sido apreciados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sino que el órgano independiente ha instado a Interior a facilitar la información solicitada inicialmente.

Interior, a la cabeza en denegaciones

En cinco casos, el departamento que dirige Grande-Marlaska ni ha entregado los documentos requeridos al periodista ni ha interpuesto ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo recursos contra las resoluciones del Consejo de Transparencia en el plazo de dos meses de que disponía. Sencillamente, ha ignorado a ambas partes y ha cercenado el derecho a acceder a información pública por parte del solicitante.

Como informó la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Interior fue en 2019 un año más el departamento ministerial que más peticiones de información a través de su unidad de Transparencia denegó o bien concedió parcialmente: 54 de 160, lo que representa un tercio del total.