Jusapol, la plataforma constituida en el otoño de 2017 por policías nacionales y guardias civiles para reivindicar la equiparación salarial, se desvincula del llamamiento a secundar una huelga 'a la francesa' el próximo martes como respuesta al veto del Gobierno a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que buscaban cerrar la brecha retributiva con los Mossos d'Esquadra.

El pasado martes, con motivo de la concentración convocada a las puertas del Congreso, se distribuyeron unas octavillas entre los participantes con la siguiente leyenda: "Reflexiona en tu casa el próximo 10 de marzo. #EquiparaciónYa. #ALaFrancesa. El éxito dependerá de tu actitud. Sé leal por una causa noble y justa". El documento no lleva logotipo alguno.

Desde entonces circulan por las redes sociales vídeos y llamadas a la convocatoria -descrita como "una medida de presión histórica" y "la más importante tomada por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"- que se justifica por el "ninguneo" de los gobernantes en los últimas tres décadas. Incluso se le dan indicaciones a los agentes de cómo tienen que proceder: se llama a las dependencias policiales de cada uno dando cuenta del supuesto "malestar" físico para que quede registrado en el libro de telefonemas, se visita a un "médico de confianza" y se le pide un justificante y, en tercer lugar, "disfruta en casa de tu familia mientras luchas por tu dignidad salarial".

"Nos desvinculamos de esto. Desde Jusapol no tenemos postura, ya que nosotros no lo hemos promovido; cada uno a título personal que haga lo que crea oportuno", declara a El Independiente el presidente de la plataforma, Miguel Ángel Gómez.

Tanto la Ley de régimen de personal de la Policía Nacional como la Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil prohíben expresamente a los funcionarios de ambos Cuerpos ejercer el derecho de huelga, llevar a cabo "acciones sustitutivas" u "otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios".

El precedente de los policías galos

La acción que se promueve está inspirada en la huelga encubierta que a finales del pasado año llevó a cabo un millar de agentes pertenecientes a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de Francia, al declararse ‘enfermos’ a la vez en plenas protestas por la reforma de las pensiones. Los policías se mostraban en contra de que se elevara la edad de jubilación anticipada y de las condiciones que el Gobierno galo pretendía incluir para poder gozar de la bonificación de un quinquenio extra de cotización por cada cinco años trabajados. Emmanuel Macron terminó dando marcha atrás.

Momentos antes de que el pasado martes se disolviera la concentración a las puertas del Parlamento, el líder de Jupol (José María García) preguntó retóricamente a los congregados si tenían claro en qué iba a consistir la "iniciativa de la próxima semana" tras las octavillas que alguien se había encargado de repartir.

Desde Jusapol no tenemos postura, ya que nosotros no lo hemos promovido; cada uno a título personal que haga lo que crea oportuno", declara el presidente

Diversas fuentes policiales consultadas por este diario consideran que, en caso de que se lleve a cabo finalmente esta huelga encubierta, "no tendrá incidencia". "Cuando se vean ante la tesitura de jugarse un expediente... La gente es valiente para hacer cosas legales, pero si son ellos los que tienen que exponer ya es bastante menos. Ésa es mi experiencia", opina un veterano agente. Y añade: "Creo que van a dilapidar el capital que han acumulado por querer derribar el muro a cabezazos".

Nada más conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez impediría la tramitación de la ILP, que llegó al Congreso con el apoyo de más de medio millón de firmas, Jusapol anunció que iba a "endurecer las medidas de presión" hasta que el Gobierno. "Esta nueva vuelta de tuerca de la Administración nos conduce al límite de nuestra paciencia y nos vemos obligados a endurecer nuestras posiciones, sin descartar a medio plazo radicalizar nuestra postura", advirtieron en vísperas de que se consumara el veto.

A la espera del tercer pago

Mientras Jusapol intensificará en la calle sus protestas por el veto a la ILP, los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP y UFP) y las siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, ASESGC, APROGC, UniónGC y la Asociación Profesional de Cabos) que firmaron el acuerdo de equiparación salarial con el ministro Juan Ignacio Zoido (PP) están a la espera de que el Ministerio del Interior pague el tercer y último tramo -247 millones de euros, con los que se habrían desembolsado ya los 807 millones comprometidos- y aclare si impulsará las "medidas legislativas que sean necesarias" a fin de garantizar que en el futuro no se produzca "una disfunción salarial" con las policías autonómicas. Así lo detalla la cláusula octava del citado acuerdo, que se firmó tres meses antes de la llegada de Fernando Grande-Marlaska al departamento.

Jusapol no sólo no respaldó ese pacto sino que siempre ha renegado de él, al entender que los 807 millones ofrecidos por el Estado apenas representa la mitad del dinero que se necesita realmente para poner fin a la brecha retributiva de policías nacionales y guardias civiles con mossos y ertzainas.