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Los líderes del 1-O se unen a Assange y apelan a la ONU para reclamar el confinamiento en casa

Jordi Sánchez sale de prisión. EP

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha orquestado la remisión de una carta de queja a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet porque no se ha permitido a los líderes independentistas confinarse en sus domicilios. Los nueve condenados por el Tribunal Supremo cuentan en esta ocasión con el apoyo de otro preso ilustre, el activista Julian Assange, además de otros «presos políticos» recluidos en Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras y Marruecos.

En su carta, los firmantes denuncian ante la ex presidenta de Chile que los Gobiernos de estos países no han atendido sus recomendaciones para rebajar al máximo la población penitenciaria y limitar así el riesgo de contagio del coronavirus en las prisiones. Una petición que de hecho España sí ha atendido, enviando a confinamiento domiciliario a todos los presos en tercer grado y a parte de los que disfrutan de beneficios penitenciarios para salir a trabajar, siempre bajo criterio de las autoridades penitenciarias.

Pero la advertencia del Tribunal Supremo en contra del confinamiento penitenciario de los condenados por el 1-O ha coaccionado, según el independentismo, a las juntas penitenciarias que debían tomar la decisión en su caso, y que han rechazado esa opción en los nueve casos. Esta situación ha provocado un duro -aunque soterrado- enfrentamiento entre JxCat y ERC por la gestión de esta salida, que corresponde a la consellera republicana de Justicia, Ester Capella.

«Nos dirigimos a usted en nuestra condición de presos políticos» empieza la carta, en la que aseguran que «tal como usted pronosticó, la pandemia ya está afectando a las prisiones». Señala además la misiva que «la gente mayor, las personas enfermas y ‘todos aquellos que están encarcelados sin suficiente base legal, incluidos los presos políticos y otros detenidos por expresar sus opiniones críticas o disidentes» deben ser excarcelados según las propias declaraciones de Bachelet, una indicación que «muchos estados no están cumpliendo».

«Es desolador ver la impunidad con la que España ignora las recomendaciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos» añade Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC. El hecho de que los condenados por el 1-O «sigamos en prisión es un ejemplo del menosprecio a los derechos humanos» y en este contexto «las instituciones españolas consolidan la tendencia a ignorar las recomendaciones de los organismos internacionales que no les gustan», concluye.

Assange, juicio aplazado

En el caso de Assange, el periodista y fundador de Wikileaks se encuentra en una delicado estado de salud en el que podría ser fatal el contagio de Covid-19, advierten sus abogados después de que la justicia británica anunciara ayer un nuevo aplazamiento en su juicio de extradición a Estados Unidos por el confinamiento en Gran Bretaña. Un centenar de médicos reclamó el pasado febrero -antes de que se extendiera la pandemia del Covid-19- que Assange reciba atención sanitaria en el centro de máxima seguridad de Belmarsh, donde se encuentra recluido.

Junto Assange, han firmado la carta Milagro Sala, líder de Tupac Amaru en Argentina o Julian Andrés Gil Reyes, Jose Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño del Congreso de los Pueblos de Colombia. Completan la lista el líder del Movimiento Popular del Rif, Nasser Zefzafi, o Bernado Caal Xol, defensor indígena maya Q’eqchi (Guatemala).

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