El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Barcelona contra los principales responsables del desfalco continuado del Palau de la Música y su utilización como canal para blanquear la financiación irregular de Convergencia Democrática. El alto tribunal ha rechazado el recurso del partido fundado por Jordi Pujol y disuelto por Artur Mas contra el pago de 6,6 millones de euros como responsable subsidiario, mientras Félix Millet y Jordi Montull ven confirmadas sus penas de prisión. Sólo el ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, se ha beneficiado de una rebaja de 11 meses porque el TS le considera inocente del delito de tráfico de influencias.

Así, la Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros, a quien fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana y la de 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros para quien fuera su mano derecha en la entidad, Jordi Montull. El Supremo ratifica además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio.

Además, el PDeCat, partido heredero de Convergencia, deberá hacer frente al pago de los 6,6 millones de euros impuestos por la Audiencia de Barcelona por las ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias. La Sala desestima el recurso de CDC y recuerda que hay tres condenados por ese delito (Millet, y Jordi y Gemma Montull) cuya conducta atendía a que el producto pactado por la influencia, la comisión porcentual de obra pública adjudicada, llegara a CDC.

Rebaja de pena a Osácar

Su ex tesorero, Daniel Osácar,sin embargo, ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias, pero se confirma la condena 3 años y 6 meses de prisión, más multa de 3,7 millones de euros, como autor de un delito de blanqueo de capitales.

El Supremo también ha rebajado la condena de la ex responsable financiera del Palau Gemma Montull, que pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años, manteniéndose la multa de 2,6 millones de euros asociada al delito de blanqueo de capitales que, entre otros, cometió. El Supremo, en sentencia de 440 páginas de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, mantiene el resto de las condenas de prisión impuestas en 2017.

Entre los hechos probados de la Audiencia de Barcelona que ahora se confirman, destaca que los responsables del Palau, (donde una de las entidades que lo conforman, el Consorci, es un ente de derecho público) dispusieron de los fondos de las entidades del Palau en provecho propio: abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas particulares, o bien desvío directo de fondos del Palau al patrimonio particular de Félix Millet y Jordi Montull. También vendieron al Palau locales propios a un precio superior al de mercado.

Asimismo, se subraya que ante un requerimiento de Hacienda para justificar la disposición de alguna de esas cantidades, cometieron a su vez diversas falsificaciones contables y documentales, aparentando corresponder a conferencias, salarios…; y también facturaron al Palau desde sociedades controladas por ellos, formalmente administradas por sus respectivas esposas, servicios inexistentes.

Comisiones de Ferrovial

El Supremo considera igualmente probado que Millet y Montull se lucraron gracias a «su mediación para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual Ferrovial, mediante el pago de comisiones a CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública» en Cataluña.

Se trataba de concursos promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de CDC, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de obra que debía ser adjudicada (el 4%), adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial.

Los abonos de Ferrovial por obra adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las actividades del Palau, Millet y Montull percibían por su intervención, generalmente el 1,5% y el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a Convergencia, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau.