Política

Interior compró 30.000 test que no cuentan aún con la acreditación de la Unión Europea

El intermediario admite que siguen a la espera en la actualidad de que se conceda el marcado CE al producto, “líder en el mercado” / El departamento de Grande-Marlaska asegura que no pagará hasta que el Instituto Carlos III valide el artículo

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Interior compró 30.000 test que no cuentan aún con la acreditación de la Unión Europea
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comparecencia en el Congreso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. EP

Resumen:

El Ministerio del Interior cerró a finales de marzo la compra de 30.000 test para la detección de la covid-19 que no contaban ni con la acreditación de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ni de la Unión Europea (CE), «en trámite» en aquellos momentos y hoy aún pendiente. El desembolso ascendió a 600.000 euros, cantidad que ha tenido que adelantar el intermediario a la mitad antes de que la mercancía llegara a España.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó el pasado 27 de marzo el contrato por el que encargó a la empresa madrileña Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo SL el suministro de un lote de 30.000 test a un precio unitario de 12 euros, lo que arroja una cifra de 360.000 euros. No se desglosan los conceptos que representan los 240.000 euros restantes hasta los 600.000 totales (495.867,76 sin impuestos), si bien cabe deducir que obedecen al gasto del transporte aéreo de la mercancía y a tasas de aduanas.

Fue una tramitación de emergencia ante la necesidad de disponer del material a la mayor brevedad de plazo por la rápida propagación del virus, que había causado ya la muerte en España de más de 4.850 personas. En aquellos días, 700 policías nacionales y guardias civiles habían resultado ya contagiados por el coronavirus y otros 7.400 agentes se encontraban aislados en sus domicilios al presentar síntomas compatibles con la covid-19 o haber estado en contacto con algún positivo.

El Ministerio que dirige Grande-Marlaska asegura que no pagará un euro hasta que el Instituto Carlos III valide el producto

En el antecedente administrativo tercero del contrato firmado por el número dos de Interior y el ginecólogo madrileño Ignacio Palomo se detalla que este tipo de test contaba con un ensayo que se había publicado el 19 de febrero de 2020 pero que no disponía en ese momento de las acreditaciones FDA y CE. «Ambas se encuentran en trámite», especifica el documento, que se reproduce bajo estas líneas.

A preguntas de El Independiente, fuentes del Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo han reconocido que el producto no dispone aún del marcado CE, homologación que esperan que las autoridades sanitarias concedan «pronto». Las fuentes dijeron que se han basado en «estudios internacionales que avalan este tipo de test» y prueba de ello -destacan- es que esta prueba diagnóstica «ya ha sido admitida en Australia, Singapur, Reino Unido, Arabia Saudí y Holanda».

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«Es un test líder en el mercado porque te dice si tienes la enfermedad y si has desarrollado anticuerpos. Es muy potente. Que no tenga aún el marcado CE no quiere decir que no sea válido. La covid-19 es una enfermedad de hace tres meses y no ha dado tiempo a que todos se hayan homologado», justifican. Con todo, aseguran que el producto ya está acreditado por la norma ISO 13485, la que verifica la gestión de calidad exigible a los dispositivos sanitarios. 

El marcado CE es un requisito obligatorio que han de cumplir los productos fabricados en cualquier punto del mundo para poder comercializarse en los países que integran la Unión Europea. Este sello es la garantía de que el artículo cumple los parámetros de seguridad, sanidad y protección medioambiental que imponen las autoridades comunitarias.

Explicaciones del ministro Illa

El encargo al Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo se rubricó justo un día después de que el ministro Salvador Illa acudiera al Congreso de los Diputados y tuviera que dar explicaciones en la Comisión de Sanidad por la compra de un lote de 659.000 test de diagnóstico que su departamento hubo de devolver al comprobarse que no ofrecían la sensibilidad mínima exigida por la UE. En esa adjudicación intermedió la empresa española Inter Pharma, correspondiendo la producción a la compañía china Shenzhen Bioeasy Technology.

«La primera partida que llega fue comprada a un distribuidor nacional y nos dio todas las garantías y toda la información del producto. Es un producto marca CE. ¿Ya no sirve la marca CE para un producto sanitario?», se preguntó retóricamente Illa en aquella sesión antes de responderle a los diputados de la oposición: «No compramos producto que no cumpla con las especificaciones que exige nuestra Agencia Española de Medicamentos. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Quizá algunos hubieran encontrado la ocasión de decir que el ministerio deja perder una partida. Se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca CE, no había ninguna alerta».

El intermediario asegura que el test es «líder en el mercado» y admite que siguen a la espera de que se conceda el marcado CE al producto chino

El contrato firmado por el Ministerio del Interior y el Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo no detalla la identidad del fabricante y se limita a situar en Qingdao (Shandong, China) el origen del producto, que llegaría a España por avión desde el aeropuerto internacional de Shenzhen-Bao’an. Como fecha de envío se fijó el 1 de abril, pactándose que el 70 % se pagaría «por adelantado» y la cantidad restante «contra documento de embarque».

La empresa ha precisado a este diario que el fabricante es la compañía china VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd -perteneciente al grupo estadounidense VivaChek Laboratories Inc.- y que la mercancía se encuentra en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas desde este lunes, achacando a «problemas» en el flete derivados de la situación que vive el sector del transporte aéreo por la pandemia el hecho de que el pedido haya llegado con un mes de retraso. Será ahora Interior quien establezca el procedimiento de distribución.

Cuando compareció en la comisión de Interior del Congreso el pasado 23 de abril, el ministro Fernando Grande-Marlaska cifró en 5.000 el número de pruebas diagnósticas que se habían realizado hasta ese momento entre los 170.000 funcionarios que suman la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. Ese mismo día anunció que, «en los próximos días», se ampliarían a 30.000. Esta cifra coincide con las unidades adquiridas a la citada empresa madrileña, pendientes aún de utilizarse.

Test, mascarillas, guantes…

Un portavoz del Ministerio del Interior ha asegurado que están a la espera de que el Instituto de Salud Carlos III valide el producto, descartando que se haya rescindido el contrato pese a la tardanza. Esta posibilidad se prevé en la cláusula final del contrato para el caso de que la demora en la llegada del pedido respecto a la fecha prevista exceda los diez días.

La fuente ha informado de que no se ha abonado nada todavía y que ha sido el intermediario el que ha tenido que adelantar la mitad del importe del encargo. Interior pagará cuando el Instituto Carlos III otorgue la homologación a este tipo de test, han insistido.

La compra de los test al Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo es uno de los tres contratos adjudicados por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial -dependiente de la Subsecretaría del Interior- en relación con la crisis sanitaria que se han publicado hasta ahora en la Plataforma de Contratación del Sector Público, exactamente 34 días después de que se hubiera firmado.

En concreto, la rúbrica tuvo lugar cuatro días antes de que Rafael Pérez declarara de emergencia la contratación de diversos suministros de protección individual por un importe de cuatro millones de euros -uno más de lo inicialmente previsto- a fin de dotar al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad y a los funcionarios de los órganos que dependen funcionalmente de ella.

Policías y guardias civiles contagiados

Con ese importe, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial ha sacado a licitación la adquisición de la citada remesa de test de diagnóstico, dos millones de mascarillas por 2.999.000 euros y un pedido formado por 17.363 cajas de guantes, 10.405 gafas protectoras estancas, 6.725 buzos desechables y 6.406 botes de medio litro de gel hidroalcohólico (487.000 euros en total). 

Junto con la exigencia de medios individuales de protección para que los agentes puedan desempeñar su trabajo con seguridad, la realización de test para identificar contagios de manera temprana es una de las reivindicaciones que vienen planteando los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil desde que se inició la crisis sanitaria al objeto de aislar los casos antes de que los funcionarios se conviertan involuntariamente en vectores de transmisión del virus.

La Guardia Civil ha realizado ya al menos 13.381 pruebas diagnósticas (más de la mitad de tipo PCR) a casi 9.900 agentes, sin que haya trascendido hasta el momento el número de test practicados a los policías. En el Instituto Armado se contabilizan 897 contagiados y 748 en situación de aislamiento, mientras que en el Cuerpo Nacional hay 590 infectados y 767 están en cuarentena.

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