El juez Manuel García-Castellón propone juzgar a los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, investigados en distintas piezas del caso Tándem de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

El juez cierra la primera pieza de investigación (Iron) de más de una veintena del ya conocido como caso Villarejo y da el último paso antes de sentar en el banquillo a los dos ex altos cargos policiales, además de a otras 12 personas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, y el despacho de abogados Herrero & Asociados como persona jurídica.

En dicha pieza, que comenzó a investigarse hace dos años, se aborda el trabajo encargado por el despacho Herrero & Asociados a la empresa Cenyt de Villarejo para que hiciera un seguimiento a varios miembros de dicho despacho que se escindieron en uno nuevo, Balder IP Law, y se convirtieron en competencia.

Ofreció "entrada y registro en su sede"

En lugar de contratar a cualquier otra empresa de detectives, el juez considera que la mercantil contrató a Villarejo (como sostiene la Fiscalía Anticorrupción) porque sabía que era comisario (aún estaba en activo) de la Policía. Gracias a sus contactos en el Cuerpo, los servicios que ofreció desde su empresa privada Cenyt, según el auto del juez, incluían "acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de BALDER IP LAW S.L., así como a datos de carácter personal y patrimonial de sus fundadores".

Villarejo también habría dicho a sus nuevos clientes que con la información obtenida presentaría una denuncia contra los fundadores de Balder ante el departamento técnológico de la Policía Judicial, que presumió de controlar, con la finalidad de que fueran detenidos, imputados y la Policía registrara su sede para "destruir su reputación".

"Posteriormente, dicha información sería utilizada para presentar una denuncia por presunta sustracción de datos informáticos en nombre de Herrero & Asociados S.L. contra (...) ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, sobre cuyos máximos responsables José Manuel Villarejo Pérez tendría capacidad de influencia para que actuaran conforme a sus intereses, con la finalidad de que los denunciados fueran detenidos y formalmente imputados en un procedimiento penal posteriormente, se solicitaran por la unidad policial investigadora graves medidas judiciales en contra del despacho Balder IP Law S.L. como la entrada y registro de su sede, y se diera repercusión mediática a dicha actuación policial y al procedimiento judicial subsiguiente para destruir su reputación como despacho y como abogados competidores", se recoge en el auto judicial que habría ofrecido el comisario a sus clientes.

Esta primera pieza de investigación que concluye saca a relucir la presunta operativa de la organización "parapolicial" que Villarejo habría liderado y de la que se habría servido repetidamente en sus trabajos privados investigados en la Audiencia Nacional, algunas de ellos por encargo de compañías presentes en el Ibex 35 como BBVA, Iberdrola o Repsol.

Dádivas a funcionarios

Según el auto del juez, para la obtención de dichos datos se "habrían dado dádivas a funcionarios que ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado entre Herrero & Asociados SL y CENYT".

El juez detalla que el precio del encargo se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 en concepto de prima de éxito. De esa cantidad fijada Herrero & Asociados habría abonado 302.500 euros de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular legalidad de dichos pagos, según el auto.

El instructor sitúa al ex comisario Enrique García Castaño entre los funcionarios que presuntamente habría recibido dádivas de Villarejo: "Para su obtención se habrían abonado dádivas a funcionarios públicos, que ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado entre HERRERO&ASOCIADOS S.L. y CENYT dado su eminente carácter ilícito, entre ellos al Comisario Principal Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño, que es objeto de investigación en la Pieza Principal de la presente causa como miembro integrante de la organización, al Inspector Jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO Constancio Riaño, al Subinspector de la UCAO Javier Fernandez, al funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Antonio Chaparro, y otros colaboradores de CENYT en la Tesorería General de la Seguridad Social y en entidades financieras no suficientemente identificados".

García Castaño niega los hechos

Fuentes próximas al ex jefe de la UCAO investigado niegan los hechos que se le imputan. Consideran que, dos días después de que los fiscales Anticorrupción solicitaran el cierre de la instrucción de esta pieza Iron, el instructor hace suyo el informe de Anticorrupción sin estar justificados los pagos que presuntamente se le hicieron. Las citadas fuentes también trasladan que la instrucción se ha cerrado sin practicar todas las diligencias solicitadas por la defensa de García Castaño.