La Asociación de Fiscales ha solicitado a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que fije "de manera precisa y a través de los instrumentos legales establecidos" la posición del Ministerio Fiscal sobre cómo quedan los plazos de instrucción de causas penales después del estado de alarma. Quieren saber si éstos contarán desde cero o se reanudarán.

Lo hacen, reclamándole una Circular o una Instrucción al respecto, después de que la Secretaría General Técnica del Ministerio Público (el equipo más próximo a la fiscal general) remitiera un informe a los miembros de la carrera fiscal interpretando que el decreto-ley con las medidas para la reactivación de la Justicia tras el Covid anula el cómputo de los plazos procesales. Es decir, que una vez se levante el estado de alarma, los tiempos para concluir las investigaciones no se reanudan en el punto que quedaron, sino que se "reinician". Cada causa volvería a tener por delante seis meses o 18 meses en caso de ser compleja, incluso las que estuvieran a punto de concluir antes de que se declarara el estado de alarma. Una posición que beneficiaría a los investigadores en la mayoría de los casos.

La interpretación que se hizo en dicho informe, cuyo contenido adelantó El Español, no es baladí. Hace tiempo que la mayoría de fiscales reclaman la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece los plazos de instrucción y la paralización del cómputo cuando la investigación es secreta. De hecho, la Fiscalía propuso incluir dicha derogación en el decreto-ley del estado de alarma y Justicia se negó al ser un asunto que está pendiente de abordarse en el Parlamento.

"Los atajos conducen a lugares indeseados"

Esta manera de tratar de introducir el cambio de tapadillo, con "nula fuerza vinculante", no ha convencido a la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, que este miércoles envió una carta a Delgado reclamándole una "instrucción precisa que dispense un criterio único imprescindible en nuestra actuación y seguridad profesional a todos los fiscales llamados a desarrollar su labor conforme a ese criterio".

La asociación de fiscales recuerda que reclama la derogación del artículo 324 de la Lecrim desde 2015. Sin embargo, pide a Delgado que transmita su criterio oficialmente. "Por la importancia del derecho que resulta afectado por el contenido del artículo 324 LECrim, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de relevancia constitucional, esa derogación deberá ser expresa y por tanto alejada de interpretaciones, más o menos alambicadas, que a la postre puedan determinar que el proceso y el ejercicio de la acción penal se vean frustrados. Y es que en Derecho los atajos conducen siempre a resultados indeseados", afirman en su carta.