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Autogobierno en 'recesión': haciendas sin fondos, industria sin actividad y familias sin empleo

La singularidad fiscal y tributaria de Euskadi no logra frenar el impacto devastador del Covid-19 en la economía y empleo y aplaza el debate sobre el encaje territorial que estaba llamado a abordar su fase final en la legislatura que comienza tras el 12-J.

Íñigo Urkullu

Íñigo Urkullu

Todo debía ser un camino plácido, sin grandes socavones. La economía marchaba bien, el paro se reducía como nunca y las perspectivas permitían ser optimista. El contexto permitía incluso aspirar con un nuevo encaje territorial para Euskadi. Ahora las dos cosas tendrán que esperar: el autogobierno vasco ha entrado en ‘recesión’. El optimismo se ha congelado y la negociación identitaria volverá a un cajón hasta que el Covid y la economía lo permitan. Las elecciones que dentro de un mes elegirán a los 75 parlamentarios que deberán designar lehendakari ya no son las del 5 de abril sino las del 12 de julio y poco o nada se parecen entre sí. Tampoco el Gobierno que salga elegido será el encargado de gestionar la bonanza con la que se dibujaba el futuro cercano sino más bien la miseria inesperada –y esperemos que momentánea- ha comenzado a colmar las arcas públicas.

El autogobierno que sus defensores siempre han enarbolado como la medicina para un mayor bienestar, ni que decir quienes apelan a la independencia como solución de males, se ha demostrado en esta ocasión insuficiente. La singularidad vasca no bastará para frenar el tsunami económico que el propio Gobierno vasco ha tenido que reconocer que será mucho mayor de lo que imaginó. Su capacidad de autogestión fiscal, de recaudación, el Concierto Económico o su particular modelo económico basado en el motor industrial, se han quedado pequeños para contener el mayor revés económico que se recuerda en el País Vasco.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, reconocía ayer al hacer pública la revisión de sus previsiones económicas que era una de las peores comparecencias públicas desde que ocupa el cargo: “La situación es complicada”, aseguró. Y se ha complicado en apenas mes y medio. En abril Azpiazu aseguró que la economía vasca se contraería, pero ‘sólo’ un 3,6%. Ayer lo elevó a un 8,7%. Igual sucedió con el paro, del que las autoridades vascas se felicitaban hace apenas cinco meses por registrar junto a Navarra las tasas de desempleo más bajas de España, de en torno al 9,6%. El virus ha engullido sin piedad esa fotografía. La previsión de paro para el cierre de este año es de un 13,7% (En abril se fijó en el 12,2%).

A todo ello el Gobierno que en un mes salga de las urnas tendrá que gestionar y gobernar con muchos menos recursos Euskadi. En concreto con un 18% menos, según la estimación del propio Ejecutivo. Si cae la actividad económica se contrae la recaudación y con ella los fondos con los que gobernar diputaciones, ayuntamientos y el propio Ejecutivo autonómico. El autogobierno vasco ‘en recesión’ que se encontrará el Gobierno que salga tras las elecciones del 12-J tendrá que avanzar con unas haciendas forales con casi 2.700 millones menos en la caja.

Menos empleo, menos consumo

Haciendas sin recursos, familias sin trabajo y una industria con una actividad diezmada. El sector industrial es históricamente el motor económico en Euskadi. Su peso supera el 25% de la economía en el País Vasco y por ello cualquier incidencia que perjudique su actividad hace resentirse sobremanera a la actividad productiva. El año pasado la producción industrial creció un 1,9% y debía seguir haciéndolo este año. La pandemia y el confinamiento que ha obligado a invernar a la industria ha hundido parte de su actividad, ha hecho perder pedidos y ha sembrado de incertidumbre las previsiones. Por el momento, la industria vasca caerá un 7,8%, según la previsión del Gobierno. Pese a que para el próximo año se estima una recuperación del 6,4%, no se llegará a los niveles previos al Covid-19.

El lehendakari predijo que la recuperación no será plena hasta el año 2023, en particular la del empleo. Había sido su prioridad desde que se presentó por primera vez en las elecciones del 21 de octubre de 2012. No alcanzó su sueño de rebajar el desempleo por debajo del 10% hasta finales del año pasado. El logro apenas ha estado vigente un trimestre y todo apunta a que no lo volverá a estar en mucho tiempo. Antes de que termine el año, 68.000 vascos y vascas habrán perdido su empleo, según la previsión del Ejecutivo. Un incremento del paro que se traducirá en inseguridad sobre el futuro en quienes sí tienen empleo y con ello en una caída del consumo en cientos de miles de hogares en más del 10% en los próximos meses.

La capacidad de autogestión fiscal y recaudatoria del autogobierno vasco sí ha permitido, al menos, poder disponer de un remanente para paliar parcialmente el impacto. Sólo en abril se ha recurrido a 300 millones que formaban parte del remanente de tesorería acumulado y que han dotado al Gobierno de liquidez para abordar la urgencia del Covid. A partir de ahí, el endeudamiento, como el resto de administraciones españolas, se ha disparado: 900 millones de deuda emitidos y otros 900 millones en líneas de crédito. La caída de la recaudación se compensará también con parte de los fondos extraordinarios que por valor de 16.000 millones recibirá España y que transferirá a las Comunidades Autónomas. Conocer qué porcentaje irá a las arcas vascas y cuál será el límite de endeudamiento que se autorice, centrarán la Comisión Mixta del Concierto Económico que se debería celebrar antes de la finalización de este mes de junio.

Freno al debate territorial

En este escenario de recesión de la singularidad vasca, el gran proyecto territorial en el que el País Vasco estaba inmerso antes de que el virus lo cambiara todo. Por ahora, ninguna de las formaciones que concurren a las urnas el 12-J ha hecho referencia al nuevo estatuto vasco que el Parlamento Vasco dejó varado ante la disolución de las cámaras. El articulado que debería renovar el Estatuto de Gernika de 1979 es hoy por hoy un borrador a debatir con tres propuestas sobre la mesa: la conservadora del PP para únicamente actualizar el Estatuto, la consensuada parcialmente por PNV, PSE y Podemos para dibujar una Euskadi confederada de ‘igual a igual’ con España o la más ambiciosa de EH Bildu para situar al País Vasco como una suerte de Estado vasco.

Por el momento, incluso en periodos de ‘recesión’ de autogobierno, Euskadi ha logrado pequeños avances en forma de mayor soberanía. Lo ha hecho con el logro de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que supondrá la transferencia de parte de las competencias del régimen económico de la Seguridad Social. Esta materia, de modo integral, es una de las grandes competencias que el Gobierno vasco reivindica como parte del desarrollo íntegro del Estatuto vasco.

El próximo día 25 en Madrid tendrá lugar una reunión entre la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. En ella se culminará el traspaso de tres competencias: el seguro escolar, la legislación de productos farmacéuticos y las ayudas a la jubilación en casos de ERE. Será entonces cuando también se aborde la actualización del calendario de traspasos de competencias que quedó varado por la irrupción de la pandemia. El plan inicial era completar el Estatuto de Gernika en su totalidad, incluidas materias como la gestión de prisiones o la gestión económica de la seguridad Social, antes de la finalización de 2021.                 

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