Es una victoria amarga. El PNV logró ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez asumiera sus enmiendas a cambio de seis síes a la cuarta prórroga del Estado de Alarma. Por si acaso, los nacionalistas le advirtieron que fuera preparando el futuro inmediato, que quizá en sólo 15 días el apoyo no sea tan sencillo de lograr. En la batería de disposiciones adicionales que la formación de Ortuzar y Urkullu logró colar en el decreto no solo se incluía la cláusula para ‘cogobernar’ la desescalada sino también un compromiso del Ejecutivo para no ser un “obstáculo” para celebrar elecciones incluso en una situación de alarma. Comicios en los que la formación nacionalista y su candidato a la reelección no podrán enarbolar el que hasta hace apenas dos meses era su mayor logro: la menor tasa de desempleo del país, situada por debajo del 10%.

El Gobierno vasco apenas ha tenido tiempo de disfrutar de su logro. Tras siete años fijándolo como objetivo prioritario, apenas lo ha tocado con los dedos el coronavirus se ha encargado de destruirlo. Ha sido una victoria efímera, breve. De eso ya no queda nada y menos aún lo hará en los próximos meses, el Covid-19 ha engullido la baza con la que Urkullu aspiraba a enarbolar su perfil gestor. El propio lehendakari ha reconocido que en dos trimestres se había echado al traste el trabajo en materia de empleo de los últimos siete años, los que acumula al frente del Gobierno vasco.

Corresponderá a él volver a poner fecha para llamar a las urnas. En el País Vasco el Parlamento está disuelto desde el 10 de febrero. Su deseo es que en julio el electorado vasco sea citado a votar. Urkullu subraya que es lo que recomiendan sus expertos, ante la previsión de un menor riesgo de rebrote del coronavirus. Acortar los tiempos también reduce las posibilidades de que las elecciones se celebren en el peor momento de la crisis económica. El próximo jueves el lehendakari celebrará una segunda reunión con los partidos políticos para evaluar la situación de cara a una convocatoria electoral. La izquierda abertzale y Podemos son los que menos prisa tienen y apuntan hacia los meses de septiembre u octubre como la opción más favorable.  

Cuando en 2012 el PNV decidió que quien entonces era su presidente concurriera como candidato a lehendakari, el País Vasco, como el resto del país, se encontraba sumida en una crisis que se agravaba por momentos. En el programa electoral con el que Urkullu se presentaba, dos ejes centraban la acción de gobierno: la lucha contra el desempleo y la recuperación del pulso soberanista en forma de un nuevo estatuto vasco para dar encaje ‘de igual a igual’ a Euskadi con España. En aquellas elecciones del 21 de octubre de 2012 Urkullu se impuso con holgura. Desde entonces, sus dos ‘batallas’ programáticas han discurrido con desigual resultado. La referida a la generación de empleo lo ha hecho con un balance positivo. Cuando tomó el mando del Ejecutivo la tasa de paro se movía por encima del 15%. Año tras año logró reducirla al mismo ritmo que la economía se recomponía para cerrar el primer trimestre de este año –antes del que el Covid-19 lo estropeara todo- en un índice del 9,9% de desempleo. Cumplía así el objetivo marcado de situarlo por debajo del 10%.

El 'nuevo estatus', aparcado

En el frente político-soberanista, en estos años, -dos legislaturas-, la intención de dar forma a un nuevo estatuto vasco ha avanzado con resultados más bien discretos. Por ahora ni siquiera hay un texto articulado y sobre la mesa de la comisión parlamentaria constituida al efecto esperan a la próxima legislatura hasta tres propuestas de estatuto de difícil consenso.

En la que será la tercera disputa por la lehendakaritza, los ejes de Urkullu continúan siendo los mismos: el empleo y el nuevo estatus vasco. El primero parecía que no ocuparía un lugar central, que su encarrilamiento invitaba a ser optimista. Los quebraderos de cabeza programáticos los provocaba el futuro encaje territorial de esa Euskadi más allá del Estatuto de Gernika. En cuestión de semanas, todo ha saltado por los aires. La economía y el empleo vuelven a ser la prioridad absoluta y las aspiraciones territoriales deben frenarse ante la urgencia social que se anuncia.

El Gobierno vasco quiere que las elecciones se celebren cuanto antes. Los domingos 12 o 19 de julio parecen ser la opción con más posibilidades. Disponer de un Ejecutivo conformado y un Parlamento Constituido para el inicio del próximo y difícil curso político urge. Así lo recuerda una y otra vez el PNV y Urkullu. El Ejecutivo vasco tiene incluso elaborada una propuesta de medidas para llevar a cabo la jornada electoral con las medidas de seguridad para evitar contagios: voto con ‘cita previa’, protección EPI para la mesa de votación, reordenación de colegios electorales, etc.

Su consejero de Economía, Pedro Azpiazu ha dibujado una primera proyección económica para el País Vasco y que plantea una caída de la economía este año del 3,6% del PIB y una recuperación el próximo ejercicio del 2,6%. Incluso llegó a poner cifras a la pérdida de empleos este año: 17.400.

Urkullu reconoce que en dos trimestres se perderá todo lo logrado en siete años en materia de empleo

Pero esas cifras ya no valen. Ni siquiera Azpiazu se las cree y reconoce abiertamente que habrá que revisarlas y lo hará para arrojar cifras aún más preocupantes. El lehendakari reconoció ayer que la economía vasca se acerca a los niveles del peor registro de la crisis anterior. Apuntó que cuando llegó el desempleo en Euskadi rondaba los 179.000 parados (Marzo de 2013) y que el pasado mes de abril ya había aumentado hasta los 138.000. Y la vacuna, y con ella la estabilidad económica y social, parece aún a varios meses de distancia…

Regreso a la casilla de salida

Urkullu ya no podrá enarbolar una Euskadi con menos problemas de desempleo que nadie. Se ha visto obligado a recuperar el objetivo que ya se fijó cuando aspiró al cargo por primera vez en octubre de 2012: situar el desempleo por debajo del 10%, “hay que reiniciar el camino y revertir la situación”. Han sido siete años de esfuerzos que quedarán disueltos en apenas dos trimestres. El lehendakari afirma, sin embargo, que volver a librar ahora esa batalla será más sencillo. La crisis de 2008 forzó a reformular las políticas públicas, a actualizar e innovar el tejido empresarial y obligó a sanear las cuentas públicas. La Administración vasca, al igual que la estatal, también recurrirá al endeudamiento pero lo hará en menor medida gracias a los remanentes que ha podido engordar en los últimos años.

El escenario que espera a los gestores que salgan de las urnas que próximamente convocará Urkullu ha dado un vuelco de 180º en sólo dos meses. Las haciendas forales que financian el tejido institucional vasco acumulaban en los últimos años récords de recaudación. Un año superaba al anterior. Ahora los gestores de Hacienda advierten ya de que los recursos que entrarán caerán de modo estrepitoso, incluso por encima del 20%. También que los presupuestos se tendrán que repensar y reubicar muchas de sus partidas. Con menos ingresos, también habrá que hacer frente al pago del 6,24% de las competencias del Estado en el País Vasco recogidas en el Cupo.

Urkullu anuncia ya que la recuperación de la economía será relativamente rápida, un año. La del empleo requerirá al menos dos años más, advierte. El resultado de una tasa de paro por debajo del 10% que hasta ahora esgrimía no se volverá a repetir hasta al menos 2023. Tampoco los empresarios vascos ocultan la gravedad de la situación. El último informe de la patronal vasca, Confebask, aseguraba que actualmente casi la mitad de las empresas en Euskadi, el 45%, ha aplicado un ERTE y que uno de cada tres trabajadores está afectado. En términos absolutos, 22.000 empresas y 124.000 trabajadores.

El virus se ha llevado la mejor baza de gestión del PNV para las elecciones y la aspiración de que, tras siete años remontando la caída de la crisis anterior, era hora de las aspiraciones identitarias.