Política

Juan Carlos I no quiere irse de España mientras dure el proceso en el Supremo

El Rey Juan Carlos, en la capilla ardiente de Rubalcaba Jesús Hellín - Europa Press

Contra los rumores que apuntan a que el Rey Emérito podría acabar residiendo fuera de España para crear un nuevo cortafuegos en torno a su sucesor Felipe VI, de modo que no se vea salpicado por la decisión de la Fiscalía del Supremo de investigarle, éste no parece tener ninguna intención de abandonar el país, según ha comentado en sus círculos más estrechos y ha podido saber El Independiente de fuentes solventes. A fin de cuentas, la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación por delito fiscal y otro de blanqueo, en torno al cobro de supuestas comisiones de la construcción del Ave a La Meca ya se daba por descontado cuando la Casa Real comunicó el pasado 15 de marzo que Don Felipe renunciaba para sí y para la infanta Leonor de cualquier herencia vinculada a esos fondos.

De hecho, las mismas fuentes apuntan a que esa decisión se tomó no solo con conocimiento sino concurso del Rey Emérito, que también se vio despojado de la asignación anual de 200.000 euros que recibía de la Casa del Rey. Las dos medidas se tomaron por la vía de urgencia el domingo 15 de marzo, en el primer día de confinamiento por la pandemia del Covid-19 coincidiendo con informaciones de prensa internacional haciéndose eco de una investigación de la justicia helvética que también implicarían a Corinna Larsen.

El jueves de la semana que viene se cumplen seis años de Don Felipe en trono

Ahora falta por ver si ese «cortafuegos» es lo suficientemente eficaz como para que no ponga el solfa otra vez la institución monárquica, motivo por el cual en 2014 se procedió a al abdicación de Juan Carlos I en su hijo de la que el jueves de la semana que viene se cumplirán seis años en el trono. Por ello una de las especies que había comenzado a difundirse pasaba por la posibilidad de que se le buscara acomodo y residencia en el extranjero independientemente de que las actuaciones de la Fiscalía del Supremo siguieran adelante, una vez que además se había retirado de la vida pública.

De hecho, ya hay un antecedente en el entorno del Rey, el de su cuñado, esposo de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, que residió fuera de España, concretamente en Suiza, a pesar de la imputación que psoteriormente le llevaría al banquillo de los acusados y a ser condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso «Noos», pena que cumple en la actualidad.

Sin embargo, Don Juan Carlos no parece estar por la labor de irse de España a pesar de sus frecuentes viajes al extranjero. Ni siquiera a partir del 1 de julio, cuando se abrirán las fronteras con la Unión una vez superado el estado de alarma y todas las fases de la llamada «desescalada».

No ha dejado de ser muy significativo el silencio de la Casa de Su Majestad el Rey desde que se conoció la decisión de la Fiscalía, no por esperada, menos delicada para Felipe VI. Cuando arreciaron las informaciones incriminatorias, el Rey «hizo lo que tenía que hacer», según fuentes de Zarzuela. Sin embargo, aquellos acontecimientos ensombrecieron en muy buena medida el mensaje a la nación que pronunció dos días después, el 17 de marzo, con motivo de la pandemia que, por entonces, contaba los fallecidos diarios por cientos.

Unidas Podemos encabeza la ofensiva de una comisión de investigación

También mantiene silencio ante la ofensiva de la izquierda y del independentismo para promover la constitución de una comisión que investigue las actuaciones del Rey Emérito. Unidas Podemos se suma a esta ofensiva que, hasta ahora, ha terminado con el voto en contra del PSOE y del PP. Pero esta vez el partido de Pablo Iglesias espera que los socialistas se sumen una vez que la Fiscalía ha movido ficha y que la propia Casa Real actuó en marzo en previsión, precisamente, de que el caso llegara al Supremo.

A esos argumentos se aferró este martes el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, para justificar la petición, también en que la inviolabilidad que consagra el artículo 56.3 de la Carta Magna «es impropio de una Constitución moderna y democrática». «Hablamos de hechos graves que tendrían consecuencias sobre el presente. Un jefe de Estado no puede cobrar comisiones. En una democracia sana no cabe usar la institución más alta del Estado para enriquecimiento personal».

La intención de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez es sentar a Juan Carlos I en la comisión parlamentaria. A juicio de Pisarello «no es posible que no pueda comparecer alguien que ha sido jefe de Estado y ha adoptado decisiones que no contaban con el refrendo político del Gobierno. Cuando no cumple con sus atribuciones está sometido a la Constitución. Llamarlo a comparecer para que dé explicaciones es irrebatible en términos jurídicos». Eso sí, habría que «reinterpretar» dicho artículo constitucional.

Hasta ahora el PSOE ha apelado a su sentido de Estado y defendido que la Cámara no puede investigar a la Corona para rechazar las reiteradas peticiones que ha habido de distintos grupos de la cámara cuya intención innegable es hacer un juicio político al modelo de monarquía parlamentaria que consagra la Constitución.

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