El número de policías nacionales y guardias civiles que el Ministerio del Interior destina a labores de escolta personal ha aumentado un 22 % desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno tras prosperar la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy. En los dos últimos años, los agentes que prestan estas funciones han pasado de 518 a 632.

Así se detalla en la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha ofrecido al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, que el pasado 13 de mayo registró una iniciativa con la que trataba de conocer cuántos funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado asignados en los últimos cinco años a labores de protección de personalidades y autoridades públicas.

En la actualidad, prestan servicio de escolta 599 policías nacionales y 33 guardias civiles, un contingente ligeramente superior al que se registraba el pasado año (591 y 31). El incremento coincide con el aumento del número de ministerios creados por Pedro Sánchez tras alcanzar a finales del pasado un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos para formar gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. La formación que lidera Pablo Iglesias ocupa cuatro carteras en el gabinete.

Guardias civiles y policías nacionales asignados a labores de escolta en los últimos cinco años.

El gran repunte se constató en 2019 en relación con el ejercicio anterior, al incrementarse la dotación del Cuerpo Nacional de Policías para estas tareas de seguridad en 105 agentes: de 486 a 591. El número de guardias civiles, sin embargo, disminuyó en un agente.

Criterios «técnico-policiales»

En 2018 se había reducido la cifra en 35 funcionarios respecto a 2017 (cuando se contabilizaron 553 en total), año en que el despliegue había sido superior en cinco policías nacionales y siete guardias civiles en comparación con 2016.

A preguntas de El Independiente, fuentes del Ministerio del Interior se han limitado a decir que los servicios de escolta «se diseñan en función de valoraciones técnico-policiales en los que no entran criterios políticos» y que se van «actualizando permanentemente» atendiendo a las necesidades de cada momento.

La respuesta ofrecida a Iñarritu está fechada el pasado 17 de junio, semanas después de que Interior hubiera aumentado la seguridad a los miembros del Gobierno con el refuerzo de los servicios de escolta estática en sus residencias para evitar posibles escraches en protesta por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, como ha venido ocurriendo en las inmediaciones del chalé que tienen Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid).

632 agentes prestan hoy labores de protección a personalidades y autoridades públicas, 114 más que en 2018

Para reforzar la seguridad de los miembros del Ejecutivo, el departamento que dirige Grande-Marlaska recurrió a funcionarios tanto de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o ‘antidisturbios’ como de la Brigada Central de Protecciones Especiales (Comisaría General de Seguridad Ciudadana). Ésta se dedicada principalmente a escoltar a personalidades extranjeras cuando vienen a España pero, a la vista de que no hay presencia de mandatarios internacionales, fue reclutada para este servicio. También fue movilizado el Grupo Operativo de Avanzadas y Contravigilancias, perteneciente a la misma brigada.

El listado de autoridades públicas con escolta policial no incluye sólo a políticos. También algunos jueces y fiscales siguen necesitando protección personal ante la amenaza real de sufrir algún tipo de agresión, entre ellos algunos magistrados que han instruido o enjuiciado procesos relacionados con el desafío soberanista en Cataluña. En junio de 2018, la Secretaría de Estado de Seguridad cuantificó el número de profesionales jurídicos que mantenían protección en 24, cifra que se fue reduciendo de forma importante a raíz de que ETA anunciara de forma definitiva que dejaba de matar.

Fin de ETA: de 3.000 a 600 agentes

Esa nueva situación llevó a la Secretaría de Estado de Seguridad en marzo de 2012 a dictar una instrucción que establecía un nuevo marco regulador para la prestación de servicios de protección de personas ante el nuevo escenario que se abría con el cese de la actividad armada por parte de la banda terrorista, actualizando la orden que el mismo departamento ministerial había publicado el 28 de enero de 1997.

La intención de esa orden, dictada en la etapa de Ignacio Ulloa como número dos de Interior, era liberar agentes que hasta ese momento prestaban funciones de escolta para desempeñar labores fundamentalmente de seguridad ciudadana al haberse reducido de forma notable el riesgo por la disminución de la capacidad operativa de ETA.

Pese al repunte constatado en los dos últimos años, el número de policías nacionales y guardias civiles dedicados hoy a labores de escolta representa una quinta parte del que se registraba a principios de 2012, cuando unos 3.000 agentes de ambos Cuerpos realizaban esas funciones. Casi el 75 % se encontraban destinados en el País Vasco.