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El BBVA contrató a Villarejo porque tenía "acceso a recursos" inalcanzables para otras empresas

El área de Seguridad del banco defendió la contratación del grupo empresarial del policía porque ofrecía un plus en la prestación del servicio: "Tiene acceso a recursos difícilmente accesibles para el resto de empresas"

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El BBVA contrató a Villarejo porque tenía "acceso a recursos" inalcanzables para otras empresas

Resumen:

El BBVA contrató a la empresa controlada por José Manuel Villarejo cuando éste se encontraba aún en activo en el Cuerpo Nacional de Policía porque sabía que podía llegar a «recursos difícilmente accesibles para el resto» de firmas del sector, con lo que les podía ofrecer un servicio «muy superior».

La prueba de que el banco conocía que Grupo Cenyt podía llegar a donde no llegaba ninguna otra compañía es un correo electrónico que Nazario Campo Campuzano -jefe de grupo en el equipo de seguridad del BBVA e imputado en la Audiencia Nacional en la pieza separada del caso Tándem en la que se investigan los encargos de la entidad financiera al entramado empresarial de Villarejo- envió a un directivo del departamento de Compras (Francisco Javier Montero Valiente) en la mañana del 18 de mayo de 2016. Este e-mail lo ha manejado la consultora PriceWaterHouseCoopers (PwC) para la elaboración del informe interno de tipo forensic en el que va recopilando información de las contrataciones del banco con el comisario jubilado y entregándosela al juez Manuel García-Castellón.

En el correo, al que ha tenido acceso este diario, Campo Campuzano trasladaba a su interlocutor que Julio Corrochano -director de seguridad corporativa de la entidad- les había requerido la contratación de un servicio de inteligencia, vigilancia y desarrollos operativos «ante las vicisitudes en las que estamos inmersos», explica sin entrar en detalles.

Contrato inicial de 50.000 euros

El remitente explicaba que ya tenían encima de la mesa un presupuesto de Grupo Cenyt, para la que trabajaba un «conjunto de profesionales con procedencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado» y a la que ya habían contratado con anterioridad. «Ahora nos ofertan un servicio mensual que amplía exponencialmente el que tenemos con Prosegur. Se trataría de un contrato a un año con un coste mensual de 50.000 euros», indicó.

Tras destacar que Cenyt contaba con personal con la titulación y acreditación necesarias para emitir dictámenes y poder comparecer ante los tribunales, Nazario Campo hacía ver al empleado de Compras la necesidad de que se adjudicara directamente a la empresa del policía sin convocar concurso, dado que la norma de aprovisionamiento del BBVA exige que se favorezca la concurrencia a la hora de la contratación de bienes y servicios.

Correo enviado por Nazario Campo a un empleado del departamento de Compras del BBVA en mayo de 2016.

Esa exigencia que plantea el código de contratación del banco, que establece la necesidad de pedir presupuestos a tres proveedores y limita a «casos excepcionales» la adjudicación directa, se esquivó con el siguiente argumento: «Tenemos experiencia y satisfacción con su trabajo. Tienen acceso a recursos difícilmente accesibles para el resto de empresas, por lo que el servicio prestado es muy superior», escribió Campo.

Tiene acceso a recursos difícilmente accesibles para el resto de empresas», expuso en un correo un empleado del área de Seguridad

La investigación que llevan a cabo el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ha revelado cómo las empresas privadas de Villarejo contaban con topos en diferentes administraciones que le proporcionaban información procedente de bases de datos restringidas, como la del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado o la del Documento Nacional de Identidad (DNI). El policía utilizaba esos datos en la elaboración de los informes de inteligencia que facturaba a sus clientes privados, por eso está investigado por presunto descubrimiento y revelación de secretos en ésta y otras piezas de la causa.

Cuando el área de Seguridad del BBVA informó al departamento de Compras de la necesidad de contratar dicho servicio hacía ya 12 años que Cenyt trabajaba para la entidad. Entre 2004 y 2017, el grupo empresarial controlado por José Manuel Villarejo emitió facturas al banco por importe de 10.284.689,30 euros, de los que 9,13 millones se abonaron cuando aquél se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional. Éste el motivo por el que se imputa la comisión de un delito de cohecho tanto al ex presidente de la entidad Francisco González como a otros antiguos altos directivos del banco.

El servicio por el que Nazario Campo había escrito a Francisco Javier Montero Valiente el 16 de mayo de 2016 se contrató el 1 de junio. Durante dos años, Cenyt facturaría al BBVA 50.000 euros mensuales por informes de análisis y vigilancia en materia de seguridad, análisis de los países en los que operaba el banco (EEUU, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela, México, Turquía y España) y asesoramiento, vigilancia y asistencia ante situaciones de crisis.

Cuando se formalizó ese encargo, José Manuel Villarejo seguía ejerciendo como agente encubierto adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. En concreto, le quedaban 21 días para pasar a la situación administrativa de jubilación voluntaria, poniendo fin a una etapa en el Cuerpo Nacional que se había iniciado a principios de los años 70.

FG, entonces presidente

En aquellas fechas, al frente del segundo banco del país continuaba todavía Francisco González (FG), también imputado en esta pieza separada del caso Tándem por cohecho y revelación de secretos. El banquero gallego cedió el testigo el 31 de diciembre de 2018, manteniendo la presidencia de honor de la entidad financiera y de la Fundación BBVA hasta que el avance de la investigación le obligó a renunciar dos meses y medio después a estos cargos no remunerados.

El correo enviado por Nazario Campo a Francisco Javier Montero Valiente se reproduce en el escrito que la defensa de Inés Díaz Ochagavia, la directora de Seguridad Corporativa del BBVA desde que salió Julio Corrochano, ha presentado ante el juez García-Castellón para poner de manifiesto los «errores de bulto» en los que incurre el informe forensic elaborado por PwC y que su representada cumplió con «todos los deberes y obligaciones» de su cargo.

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