El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha reconocido esta semana que va a dedicar 15,5 millones de euros de los fondos Covid a compensar la pérdida de ingreso de la CCMA, la corporación que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio. La corporación de medios públicos catalanas es ya la autonómica más cara de España, con un contrato programa de 300 millones de euros anuales.

TV3 y la red de Exteriores son la punta de lanza de lo que Cs ha bautizado desde hace años como los «chiringuitos» de la Generalitat. Un entramado que cuesta a las arcas catalanas entorno a 900 millones anuales según el partido naranja, y que el Govern se resiste a podar por su papel fundamental como sostén de la proyección del procés a nivel interno y externo.

Aragonés justificaba la incorporación de esa partida de 15,5 millones en la ampliación de 1.230 millones sobre el presupuesto aprobado para 2020, la primera a cuenta del fondo de 16.000 millones anunciado por el Gobierno. Y lo hacía en base a la pérdida de ingresos en publicidad que han afrontado todos los medios de comunicación. Aunque ningún otro recibirá ayudas tan generosas.

De nada ha servido, de momento, la denuncia de los socialistas catalanes y el anuncio de su portavoz económica, Alicia Romero, de que exigirán a la Sindicatura de Cuentas la fiscalización de todo le gasto extraordinario atribuido a la lucha contra la pandemia por parte del Govern. La Corporación es uno de los pilares del discurso independentista y el Govern de Quim Torra encuentra aquí un consenso absoluto entre JxCat y ERC a la hora de destinar recursos a TV3 y Catalunya Ràdio.

Uno de los ejemplos más señalados por Cs como «chiringuitos del procés«, para los que el partido naranja estima un coste anual de 900 millones de euros, que ahora reclaman eliminar ya no solo por su sesgo político, sino sobre todo porque ese dinero es necesario para la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias económicas.

Presupuestos catalanes

«Necesitamos para 2021 unas cuentas moderadas, pragmáticas, útiles para sacar a los ciudadanos de la crisis» apuntaba el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, durante el pleno de la reconstrucción. «Nos vamos a sentar para conseguir unos presupuestos que sean buenos para los catalanes», añadía Carrizosa, «pero no confiamos en ustedes, tienen que hacer el esfuerzo y cerrar el grifo a muchos chiringuitos que lastran la economía catalana, tienen que bajar sueldazos a muchos amiguetes».

La primera medida propuesta por Cs para «cerrar el grifo» es, tal como defendieron durante el debate de presupuestos, eliminar el Diplocat, las delegaciones del Govern, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, las oficinas de los expresidentes catalanes, el Centro de Estudios Contemporáneos, el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Ciberseguridad y el Consell Nacional de la Juventud.

Los dos primeros, Diplocat y «embajadas» son la columna vertebral de la proyección internacional, que la Generalitat suele equipara con las oficinas comerciales que casi todas las comunidades autónomas han creado para promocionar e internacionalizar su economía. Pero ese trabajo no se hace desde las delegación de la Generalitat, sino desde la red Accio10, dependiente de la Conselleria de Empresa. Una red con 40 oficinas que da cobertura y asesoría legal y financiera a las empresas catalanas en más de un centenar de paises.

El coste de Exteriores

En paralelo se ha creado la red de «embajadas» renombradas en tiempos de Raül Romeva como «delegaciones» de la Generalitat en el exterior -una nomenclatura que jerga comunitaria equiparaba las oficinas de la Generalitat a las delegaciones estatales-. Tanto esta red como el Diplocat fueron suspendidos durante la aplicación del artículo 155, pero la primera decisión del Govern Torra fue recuperarlos.

La Generalitat cuenta ahora con 16 embajadas, a las que los presupuestos de 2020 destinan 6,5 millones de euros. Una partida en la que no están recogidos todos los gastos de estas oficinas, advierten desde la oposición señalando la opacidad del Govern en esta materia. El coste real podría ascender a más de 8 millones, según algunas fuentes.

El Diplocat cuyo patronato está integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- tiene, por su parte, un coste de 2 millones de euros a cargo de la Generalitat, según su memoria económica para 2020.

Están en cuestión también dos organismos creados por los gobiernos independentistas con un claro objeto ideológico, la Oficina de Derechos Civiles y el Comisionado del Autogobierno. La primera, creada por Quim Torra tras el 155, se ha centrado en investigar y denunciar presuntos abusos policiales cometidos por el Estado en Cataluña durante y después del otoño de 2017. Presidido por un ex dirigente de la CUP, Adam Majó, cuenta con un presupuesto de medio millón de euros para este ejercicio.

El comisionado es también obra de Torra, que puso al frente a un alto funcionario con larga trayectoria en la Generalitat, Pau Villória, para revertir los efectos del 155. En cuanto al Centro de Estudios Contemporáneos, dependiente de la Conselleria de Exteriors, su objetivo es el «análisis, el debate y la reflexión sobre temas de actualidad» según la web oficial.

Recortes en el CTTI

Mención a parte merece la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, apodada como el CNI catalán, que en los presupuestos para este año cuenta con una partida de 14 millones de euros. Creada en 2019 a partir de la absorción del criticado Cesicat -al que se le atribuyeron seguimientos a dirigentes políticos y sociales catalanes y la compra del programa de espionaje informático Pegasus– está bajo mando del conseller de Políticas Digitales y aspirante a suceder a Torra, Jordi Puigneró.

En este contexto, Ciudadanos propone además reducir a la mitad los recursos que hasta el momento se destinaban al CTTI. Esto supondría un ahorro de 250 millones de euros en políticas digitales de la Generalitat, la nueva vía apuntada por Carles Puigdemont para la independencia. Proponen además una reducción en un 25% los recursos de la CCMA, con un ahorro de 67.5 millones, y otra reducción en un 75% deblos recursos del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC), que supondría un ahorro de 4.5 millones.

Junto a estos recortes, proponen eliminar de la mayoría de los departamentos gastos como viajes, protocolo, publicidad institucional o reducción de los nombramientos de cargos de confianza, «gastos superfluos» que Cs considera que se pueden destinar a afrontar la pandemia. En total, 1.200 enmiendas a las cuentas catalanas que suman 900 millones de ahorro, apuntan desde Cs.

«Aragonés tiene que recortar el presupuesto a Bernat Soler, conseller de Exteriores, no nos dicen cuanto se gastan en embajadas» concluía Carrizosa, que reclama además al Govern que «no repartan tanto dinero a Presidencia para alimentar el aparato de propaganda que es TV3 y Catalunya Ràdio«.